Una jueza ha dictado un auto que obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a buscar de nuevo otra ubicación para los chiringuitos y conciertos que habitualmente se celebran durante el carnaval en el entorno del parque de Santa Catalina, por afectar al descanso de los vecinos.
La batalla judicial entre el Consistorio y varias comunidades de vecinos del parque Santa Catalina por el ruido que genera el carnaval se remonta a hace casi 20 años y culminó con una sentencia ya firme que prohibió que se celebren en esa zona los llamados mogollones (aglomeraciones lúdicas nocturnas).
Ese fallo judicial llevó a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria firmara un acuerdo con los vecinos en 2012 en el que se comprometía a buscar otro emplazamiento para los conciertos y la zona de chiringuitos, para poder mantener en el parque los actos más importantes del carnaval: las galas y concursos oficiales.
El acuerdo quedó avalado en 2013 por un auto del Tribunal Supremo en el que se dictaminaba que las galas no estaban afectadas por la sentencia del ruido del carnaval, sino solo los mogollones.
La comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar, 5 ha llevado de nuevo el asunto a los tribunales para pedir medidas cautelares porque entiende que el Consistorio ha incumplido sus compromisos, al volver a programar en el parque los conciertos y chiringuitos (algo que solo dejó de hacer en 2013, cuando trasladó ese tipo de actividades a la plaza de La Música, en Las Canteras).
En un auto dictado el pasado jueves, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria estima su petición y ordena al Ayuntamiento que “los actos lúdicos nocturnos conocidos como noche del carnaval, mogollones, conciertos o cualquier otra denominación, así como los chiringuitos se ubiquen fuera del parque Santa Catalina, la rambla Juan Rodríguez Doreste, la plaza Comandante Ramón Franco y la plaza de las Islas Canarias”.
El Consistorio alegó en su defensa que la sentencia que dilucidó qué actos podían celebrarse en la zona no incluía el parque de las Islas Canarias (el intercambiador) ni la plaza Ramón Franco, y que el compromiso de 2012 de buscar otra ubicación era “una declaración de intenciones”, no un acuerdo con consecuencias formales.
Sin embargo, la juez entiende que el Ayuntamiento sí “asumió una obligación por iniciativa propia” respecto a esos lugares, que no puede “dejar sin efecto sin más y sin seguir ningún trámite”, porque afecta a los intereses de terceros, los vecinos de la zona.
Por ello, considera que la petición de los vecinos tiene apariencia de buen derecho y le concede la medida cautelar, cuando solo faltan una semana para que comiencen los actos del carnaval.
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero (PP), ha informado este viernes de que el Consistorio va a recurrir el auto judicial que da la razón a los vecinos e impide la celebración de las fiestas nocturnas del carnaval capitalino en el entorno del parque Santa Catalina.
Barbero ha manifestado que la institución local “tiene la confianza de resolver esto favorablemente”, es decir, que se puedan celebrar este año los mogollones en el entorno del parque Santa Catalina.