La Fiscalía ha reprochado este jueves a los responsables del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) en los años noventa el haberse “burlado” del interés social que tenía el dinero público gastado en esa materia, concediendo subvenciones con escaso o nulo control de su utilidad.
El fiscal anticorrupción Luis del Río ha expuesto este jueves su informe final en la causa que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra el exconsejero de Empleo de la comunidad autónoma Víctor Manuel Díaz Domínguez y los exdirectores del Icfem Diego León y Francisco Almeida por un presunto delito de prevaricación continuada en la concesión de ayudas para cursos de formación ocupacional.
Del Río ha comenzado su intervención reconociendo que la instrucción de esta causa penal, en el que se investigan hechos de hace casi 20 años, se ha retrasado mucho más de lo que sería razonable atendiendo a la complejidad de los asuntos que en ella se examinan, por lo que ha recomendado que se conceda a los tres imputados una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Por ello, ha rebajado de diez a seis años y medio y seis años, respectivamente, el periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos que exige para Díaz Domínguez y Almeida; y de nueve a cuatro años y medio la inhabilitación que propone para León.
La Fiscalía ha presentado este caso en el contexto de los distintos supuestos de corrupción que se han descubierto en España en el uso de fondos públicos para la formación y, si bien ha admitido que no ha encontrado pruebas de que los acusados cometieran malversación o recibieran sobornos (cohecho), sí considera que dictaron sistemáticamente resoluciones arbitrarias que beneficiaron económicamente a una serie de entidades particulares.
Del Río sostiene que no hay que ver cada irregularidad por separado, sino como parte de una sucesión de decisiones que permitieron que las ayudas que concedía el Icfem en aquellos años se saltaran los procedimientos previstos en la ley, que se subvencionaran cursos sin comprobar su utilidad, el colectivo al que iban destinados o la homologación de sus profesores, o que ni siquiera se controlara que se cumplía su finalidad principal: incentivar la inserción laboral de trabajadores en paro.
De ese modo, ha denunciado Del Río, esos objetivos de las subvenciones del Icfem, muchas de ellas financiadas por fondos europeos que incluso hubo que devolver a Bruselas, “se convirtieron en una cruel burla del interés general y del interés social”.
El Ministerio Público ha aportado un dato que, a su juicio, ilustra hasta qué punto era deficiente el control de las ayudas que daba el Icfem en aquellos años: este instituto gestionó el 38 % de los fondos que se recibieron del programa operativo de Canarias, pero a él corresponden más del 90 % de los ajustes que hubo que realizar por detectarse irregularidades en su uso.
El fiscal cuestiona que se tolerara a los beneficiarios de las subvenciones -entre ellas, la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, Forecan, pero también patronales, empresas y sindicatos- que subcontrataran con academias externas los cursos a impartir, que se les concedieran ayudas para cursos ya realizados o que consintiera que no se justificaran diversos gastos.
Y también denuncia que, cuando se descubrían irregularidades, se dictaban toda una serie de resoluciones cuyo resultado era que el perceptor de la subvención quedaba libre de responsabilidad: “Usted, pobrecito, no es culpable de que el centro que ha buscado para impartir los cursos no cumpla”, ha resumido Luis del Río.
En la misma línea, la Fiscalía subraya que uno de los criterios definitivos para decidir quién recibía una subvención y quién no era los compromisos que asumía sobre inserción laboral. Sin embargo, añade, una vez concedidas las ayudas, se dictaron resoluciones que relajaron esa exigencia y la dejaron “en papel mojado”.
“Todo esto tuvo consecuencias”, ha recalcado el fiscal, antes de recordar que Bruselas obligó a Canarias a devolver parte de los fondos que había recibido de los fondos europeos para formación.
A lo largo del juicio, los antiguos responsables del Icfem han rechazado que, durante su responsabilidad en ese organismo, tomaran decisiones arbitrarias como las que les atribuye el fiscal.
De hecho, Francisco Almeida y Diego León han alegado que fue precisamente durante sus mandatos cuando el Icfem reforzó el control de la gestión de los fondos para cursos de formación.
Esos controles, han añadido, llevaron a que se solicitara en varios casos la devolución de las ayudas y, en otros, a que se presentaran denuncias ante el propio fiscal, que fueron archivadas.