La teoría del error “material e involuntario” esgrimida por la presidenta del Partido Popular (PP) de Fuerteventura y diputada regional, Águeda Montelongo, durante la instrucción y el juicio del caso Patronato para explicar el pago con dinero público del Cabildo majorero de estancias de hotel de altos cargos de su formación política “se cae por su propio peso”.
Así al menos lo entiende el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, quien en su informe final ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desmontado los argumentos que han sustentado la defensa de la dirigente popular. Para el representante del Ministerio Público, la “abundante prueba documental” (reservas, facturas, correos..), corroborada con el relato de varios testigos y en especial de uno de los procesados, el auxiliar administrativo Santiago Santana, permite concluir que Montelongo abonó esas facturas con cargo a los fondos públicos y que además intentó dar “apariencia de legalidad” a su actuación camuflando las identidades de los políticos bajo nombres falsos.
“Difícilmente puede haber un error si se está intentando hacer pasar unas personas por otras”, ha aseverado Luis del Río, que mantiene su petición de cinco años y ocho meses de prisión para Montelongo y el exgerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad de documento público. El fiscal sostiene que Santiago Santana fue cooperador necesario de esta malversación, por lo que pide una pena de un año y nueve meses o un año y seis meses de cárcel (en función del código penal que se aplique, el vigente en 2010 o el actual de 2015), pero le exime del cargo de falsedad.
En su exposición, ha defendido que el funcionario se limitaba a cumplir órdenes y que, aun poniendo en duda la verosimilitud de su relato por las contradicciones entre lo manifestado durante la instrucción y el juicio, “hay que tener en cuenta que lo declarado en el plenario es lo que coincide con los correos”, esto es, que efectuó las operaciones de acuerdo a las instrucciones dadas por la presidenta del PP de Fuerteventura.
El fiscal puso de manifiesto que los tres supuestos errores fueron “exactamente iguales”, que en todos ellos se abonaron gastos a personas de la misma formación política que Montelongo (el senador Tomás Burgos Beteta, los diputados nacionales Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego y el parlamentario regional Manuel Fernández) y que en los tres casos “se inserta en medio una persona inexistente”.
Para Del Río, “no es razonable” que Santiago Santana se inventara los correos porque “pudiera pensar que iba a acabar en un procedimiento penal” ni tampoco que lo hubiera planificado para dañar a Montelongo, pues entonces “lo lógico hubiera sido que desde el primer día que declaró fuera contundente y no pusiera paños calientes, que es lo que ha hecho hasta llegar al plenario, verse acusado y reconocer los hechos”. “¿Qué podía ganar él con invitar a estos cargos?”, se preguntó el fiscal, que recordó que los propios dirigentes del PP reconocieron que habían sido convidados por Montelongo.
La Justicia como “arma arrojadiza”
El abogado defensor de Montelongo, el ex fiscal general del Estado e histórico socialista Eligio Hernández, ha disparado en todas las direcciones en su extenso alegato final. En primer lugar, contra el denunciante, Guillermo Concepción, que en el momento de los hechos era vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura. Para Hernández, Concepción “ha utilizado la Justicia como arma arrojadiza” contra su representada. El letrado cuestionó que el político acudiera directamente a la Fiscalía cuando tuvo conocimiento de esas facturas y no a la Intervención, al propio Consejo Rector del Patronato o a la vía contencioso-administrativa.
“Para el político no existe presunción de inocencia, sino de culpabilidad. Son ellos los que están desprestigiando la política”, ha manifestado Hernández, quien además ha reprochado a Concepción que exigiera la documentación “después de iniciarse el juicio mediático y de que se reintegraran las cantidades”. Por ello, sostiene que el motivo de la denuncia es “estrictamente de enemistad política”. “Quería hundirla”, sentenció.
El abogado de Montelongo también ha arremetido contra los medios de comunicación y sus “juicios paralelos” y ha recordado, sin nombrarlo expresamente, el caso Icfem, cuya instrucción duró 17 años y los acusados fueron absueltos.
Las críticas también se han dirigido a la instrucción penal, a la que calificó de “heterodoxa y errática”, y al fiscal, a quien acusó de confundir la actuación de Montelongo como vicepresidenta del Patronato con la de presidenta del PP en Fuerteventura.
Hernández redujo el caso Patronato a un mero “error material” que quedó subsanado con la devolución del dinero. “Cuando hay un pago indebido, hay que restituir, nada más”, dijo el letrado. “No hay un sólo documento del que se haga responsable mi representada en el que haya una orden directa”, ha añadido Hernández, que ha censurado “los prejuicios de la instrucción penal”, que, en su opinión, obvió el núcleo del delito, esto es, “acreditar si fue la aforada quien ordenó hacer la reserva”.
El ex fiscal general del Estado terminó lamentando el “atroz sufrimiento” de Montelongo. “Aunque salga absuelta, nadie le puede quitar el estigma del deshonor”, concluyó.
Prescripción de la malversación
Por su parte, los abogados de Cabrera Bonny y de Santana, Alvaro Campanario y José de León, respectivamente, coincidieron en su apreciación de que el delito de malversación estaría prescrito al haber transcurrido más de tres años desde que se producen los hechos (2009-2010) hasta que tiene lugar la primera declaración como imputados (2014).
En su exposición final, el letrado del exgerente del Patronato trató de desvincular a su cliente del PP (“no es afiliado ni ha asistido a ningún acto del partido”) y defendió que Cabrera Bonny “nunca pudo conocer lo que se estaba tramitando como reserva fuera del expediente administrativo”. Además consideró “desproporcionada” la petición de penas de la Fiscalía para facturas de baja cuantía y argumentó que su representado no obtuvo ningún beneficio de estas actuaciones.
La defensa de Santiago Santana expuso que el procesado no era más que un auxiliar administrativo sin capacidad de decisión para invitar a los altos cargos del PP, que se limitaba a ejecutar órdenes y que sólo Montelongo pudo dar esas instrucciones.
Tras la sesión de este viernes, el juicio ha quedado visto para sentencia.
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