La Guardia Civil considera, tras sus investigaciones, que los terrenos de Costa Roja (Playa Blanca, Yaiza), por los que se investiga un intento de soborno al consejero del Partido Socialista (PSOE), Carlos Espino, tenían en realidad dos promotores: los empresarios Rosa y Lleó, que consensuaban todas las decisiones.
Los terrenos iban a quedar en manos del primero, según se desprende las conversaciones grabadas, e iban a servir para que los hoteleros afectados por licencias ilegales comprasen parcelas para cederlas después al Cabido como compensación por legalizar los establecimientos.
Estos terrenos, donde se proyectaba Lanzarote H2 tendrían aún un tercer propietario. Se trata del arquitecto Ángel García Puertas, que además se encargaría, presumiblemente, de elaborar los proyectos arquitectónicos para las viviendas proyectadas en esa parcela de más de un millón de metros cuadrados y que confeccionó una tabla con las compensaciones, es decir, con las cantidades a pagar por cada uno de los hoteleros afectados, que sumaban veinte millones. Lleó también le insta a que sondee a esos empresarios para ver qué les parece la propuesta.
Lleó parte de la base de que la finca es suelo urbano consolidado y quiere meter en el nuevo Plan General de Yaiza la finca entera y construir entre 500 y 600 viviendas y un centro comercial. En enero de 2009 es cuando se va a proponer incluir todos los terrenos en dicho Plan.
Reuniones con los promotores de suelo de Playa Blanca
El Ayuntamiento de Yaiza inicia una ronda de reuniones con los promotores de suelo de Playa Blanca, con la presencia del equipo redactor, dirigido por Jorge Coderch. Lleó es convocado a una y Rosa a otra, aunque previamente Lleó ya ha tenido una reunión con Leonardo Rodríguez en febrero y cuenta por teléfono a un tercero su intención de incluir “la pieza entera” de la parcela de Costa Roja.
Un día antes de las reuniones, el 3 de marzo de 2009, Lleó y Rosa también tienen una conversación telefónica en la que quedan para reunirse y consensuar lo que van a decir que quieren que se haga en los terrenos de Costa Roja a los redactores del Plan. Así pues, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Lleó y Rosa son los verdaderos promotores de la operación, no sólo Lleó, y que todo lo hacen de forma consensuada.
Rosa acude a la reunión con Coderch el 4 de marzo y gracias a una conversación posterior con Lleó se sabe que le preguntó a Leonardo Rodríguez sobre esa parcela pero no pudo hablar más porque se acercó Coderch, evidenciando según los investigadores la cautela con que quieren hacer el negocio para que no se sepa que los terrenos son de los dos.
Participación en los terrenos de Costa Roja
En esa conversación, el dueño del Hotel Princesa Yaiza reconoce que Leonardo Rodríguez le preguntó si tenía algo que ver con esa parcela (la de Costa Roja) y le dijo que no “porque tampoco quise decirle que yo tenía que ver, ¿me entiendes?”, le dice Rosa a Lleó, reconociendo su participación en los terrenos de Costa Roja. Después comenta: “yo creo que tú debes escucharlo y luego como hayas visto tú el tema me dices a mí algo para ya yo por detrás sé lo que tengo que hacer”
Por su parte, Leonardo Rodríguez oculta la reunión que ha convocado con los promotores a su socia de gobierno, la entonces alcaldesa Gladys Acuña (PIL). Dimas Martín se entera del encuentro porque se lo dice Juan Francisco Rosa, que también le dice a que se tiene que imponer a su hijo Fabián, socio de gobierno del PSOE, con lo de los hoteles y decirle: “Fabián, se acabó esto ya ¿me entiendes?, no puede ser esto, ¿me entiendes?”.
La reunión que tiene Lleó con Coderch al día siguiente sale mal para los intereses del empresario: el suelo no es urbano consolidado sino urbanizable con uso recreativo, con lo cual la ejecución del proyecto se complica y el terreno pierde valor.
Plan General
En abril, finalmente, se convoca una reunión en la oficina de Inalsa de Costa Teguise para tratar sobre el PGOU de Yaiza. Previamente se había convocado otra en casa de Gladys Acuña, con la presencia de Dimas Martín y Fabián Martín. A esta segunda reunión acuden Dimas Martín, Fabián Martín, el concejal Juan Lorenzo Tavío, la alcaldesa Gladys Acuña y el redactor del PGOU Jorge Coderch.
Esta reunión la interpreta la Guardia Civil como el intento del PIL de influir en el redactor del Plan General y como consecuencia de las presiones de Juan Francisco Rosa sobre Dimas Martín. La UCO refleja que no hay que olvidar que Martín está contratado por una empresa de Rosa para que el político lanzaroteño pudiera acceder al tercer grado penitenciario.
Por otra parte, el 20 de mayo se celebra una reunión, la última, entre Espino, Becerra y Lleó, en la que éste último muestra la tabla de compensaciones y el proyecto Lanzarote H2 y dice a Espino que con el Ayuntamiento de Yaiza se va a solucionar el asunto a través de un convenio con el Cabido, Gobierno y los empresarios. También dice que Rosa no es su socio pero que sí es dueño de una parte de los terrenos.
Influencia sobre cargos públicos
Por lo tanto, según la Guardia Civil, Rosa, Lleó y García Puertas habrían estado influyendo sobre los cargos públicos del Ayuntamiento de Yaiza, directamente o a través de otras personas, para lograr que sus terrenos se reflejen en el nuevo Plan General con “con la clasificación urbanística más beneficiosa para sus intereses económicos”.
En el atestado de la UCO se considera que tanto estos tres empresarios como Dimas Martín, su hijo Fabián, Leonardo Rodríguez y Gladys Acuña pueden ser autores de un delito de tráfico de influencias.