El Grupo Parlamentario Socialista ha subrayado este sábado que mantiene de forma “inequívoca” su posición de evaluar la Ley turística canaria antes de que concluya la legislatura y de modificarla con las adaptaciones normativas precisas para lograr una renovación más eficaz.
En un comunicado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Fajardo, insiste en que su posición “es independiente y firme, al margen de las aspiraciones que puedan tener otros partidos o los candidatos de los mismos con los que no comulga”.
Fajardo subraya que el PSOE mantiene la posición expresada en la Cámara autonómica en la votación de la proposición no de ley 272 sobre la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, debatida en la sesión plenaria de los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2013.
A través de esa iniciativa, el Parlamento instó al Gobierno de Canarias a seguir apostando por un modelo turístico basado en la renovación e incentivación, acorde con lo recogido en esa norma, como forma de preservar la fragilidad del territorio y haciendo de Gran Canaria un destino turístico sostenible y competitivo, indica la nota.
Añade que se instaba a que la promulgación reglamentaria prevista por la ley se concluya lo antes posible, con el objetivo de que ya para el próximo ejercicio pueda contarse con el desarrollo normativo “lo más consensuado posible, tanto con los sectores implicados como con las administraciones competentes en las islas”.
En el último punto de la propuesta, se pedía que la evaluación se realice de forma continua y permanente y antes de finalizar la legislatura, con el fin de llevar a cabo las adaptaciones normativas precisas para la más eficaz renovación y potenciación de la actividad turística.
Fajardo Palarea insiste en la voluntad “inequívoca” del Grupo Parlamentario Socialista de cumplir con el mandato parlamentario emanado de esa proposición no de ley y se reafirma en su apuesta por la renovación y potenciación de la actividad turística en todas las islas, incluida Gran Canaria.
Añade que ello no debe suponer una merma del modelo de desarrollo sostenible ni la puesta en cuestión de la pervivencia de los órganos regionales encargados de supervisar la legalidad de los acuerdos adoptados por las administraciones locales de Canarias, subraya el portavoz.