El Gobierno canario propone recortar el LIC marino para despejar el camino de varias infraestructuras
Ben Magec – Ecologistas en Acción, ha denunciado que el Gobierno de Canarias ha propuesto al Ministerio de Medio Ambiente recortar el nuevo Lugar de Interés Comunitario (LIC) Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura en al menos tres millas náuticas desde la franja costera de ambas islas.
Los ecologistas manifiestan que la Administración canaria propone esta disminución del área en sus alegaciones a la acotación elaborada por el Ministerio - para que se puedan llevar a cabo las prospecciones petrolíferas frente a la costa de ambas islas - y así evitar problemas a los proyectos de infraestructuras previstos en las islas.
En ese sentido advierten que “el Gobierno canario recorta el área a proteger en aguas de Lanzarote y Fuerteventura para favorecer sus infraestructuras, mientras protesta por el recorte del Ministerio para favorecer las prospecciones”.
El argumento esgrimido por el Ejecutivo regional, señala Ben Bagec en un comunicado, fue que están “estudiando el futuro de infraestructuras litorales en Canarias”. Esta solicitud se recoge en la tercera petición dirigida por el Gobierno canario en las alegaciones presentadas, en las que la Administración expresaba su disconformidad con el recorte propuesto por el Ministerio para impedir que el área protegida afectara a la zona en la que están autorizadas las prospecciones petrolíferas.
La franja que el Gobierno de Canarias propone excluir contiene, entre otros valores de gran interés ecológico, las poblaciones de sebadal de Lanzarote y Fuerteventura que por añadidura están en situación de desaparición, regresión o grave amenaza debido principalmente a los proyectos propuestos por el propio Gobierno de Canarias.
Entre los proyectos que amenazan sebadales, los ecologistas recuerdan la ampliación del Puerto de Playa Blanca, en Lanzarote, o la construcción de un puerto deportivo en El Jablito y las obras de ampliación del puerto de Puerto del Rosario, ambas en Fuerteventura, además de proyectos de regeneración de playas, vertidos de salmuera desde núcleos turísticos y tránsito de embarcaciones de recreo en puertos deportivos.
Informes contrarios
La Federación ecologista denuncia que el Gobierno de Canarias, con Domingo Berriel al frente de la Consejería Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, “ha vuelto a ignorar informes propios y externos que imponen limitaciones a sus planes de desarrollo, que siguen anclados en la potenciación construcción inmobiliaria”. Entre ellos están un informe elaborado por la Dirección General de Protección de la Naturaleza en el año 2014 y un informe técnico elaborado por la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC), a solicitud de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura en el año 2012.
Este último recoge propuestas para la protección de una zona que resultaría fundamental para la conservación de muchas de las veintisiete especies de cetáceos que transitan por estas aguas, afirman los ecologistas. Estas propuestas se justifican, entre otros argumentos científicos, en los puntos en los que se produjeron avistamientos, muchos de los cuales se encuentran muy cerca de la costa de ambas islas.
Por este motivo, recuerdan al Gobierno de Canarias que La Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad define como Área crítica para una especie a “aquellos sectores incluidos en el área de distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la especie o que, por su situación estratégica para la misma, requieran su adecuado mantenimiento”, y que en los informes técnicos de los que dispone el Gobierno de Canarias esta franja ha sido propuesta, con razón, como Área de Protección o incluso como Área de Máxima Protección.
Para Ben Magec – Ecologistas en Acción “resulta absolutamente reprobable la doble moral del Gobierno de Canarias, que por un lado y con argumentos conservacionistas se opone al recorte del LIC propuesto por el Ministerio, mientras propone al mismo tiempo otro recorte justificado por un modelo de desarrollo depredador, totalmente contrario a los principios que supuestamente preconizan”. “Un modelo de desarrollo compatible con la naturaleza y el turismo no pasa por seguir realizando infraestructuras costeras altamente impactantes sobre el litoral”, concluye.
