España no se opondrá a las prospecciones de ENI en Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Marruecos ha actuado en el ámbito de su soberanía al autorizar prospecciones petrolíferas a la empresa italiana ENI en la costa entre Sidi Ifni y Tan-Tan: “Tiene derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la forma que considere oportuno y no cabe objeción posible”.

Es más, ha afirmado que “el desarrollo y la prosperidad de Marruecos son objetivos legítimos que España debe respetar y alentar” en beneficio de los ciudadanos y de la región.

Dastis se ha expresado así en el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación de la diputada canaria de Podemos Meri Pita, que le ha emplazado a expresar un “enérgico rechazo” y a utilizar la vía diplomática para “evitar que una multinacional golpee” el valioso patrimonio natural de una zona que es un santuario de cetáceos.

La diputada también ha señalado que la zona afectada, que llega hasta la ciudad de Tan-Tan, forma parte de la “zona usurpada” al pueblo saharaui -Tan-Tan está justo al norte del Sáhara Occidental- y que la decisión marroquí viola el acuerdo provisional de 2005 delimitación de aguas entre España y Marruecos. Las alusiones al Sáhara han provocado una y otra vez aplausos de los diputados del grupo morado.

El ministro no ha respondido a la acusación relacionada con el Sáhara -ni para confirmar ni para desmentir la tesis de la diputada- y ha negado la otra. Según ha dicho, España y Marruecos no han delimitado sus aguas pero actúan conforme al criterio de la equidistancia y ha precisado que “aplicando ese criterio es indudable que esas aguas están dentro de la jurisdicción marroquí”.

Con todo, ha reconocido que las actuaciones de los Estados deben respetar el Derecho Internacional, que obliga a respetar el medioambiente y prevé “garantías y responsabilidades si hay consecuencias negativas para terceros Estados”. En ese punto, ha asegurado que el Gobierno español “estará siempre vigilante en la protección de su medio ambiente”.

De hecho, ha desvelado que ha hablado de este asunto con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en dos ocasiones, el 21 de enero en Argel, donde ambos coincidieron en una reunión del foro 5+5, y posteriormente por teléfono el 29 de enero. Su interlocutor le trasladó que Marruecos quiere “seguir dialogando sobre esto con espíritu de respeto y confianza mutua”.

De la misma forma, ha señalado que la Embajada española en Marruecos está haciendo un “estrecho seguimiento” del asunto, en contacto con las autoridades locales, y que el Gobierno está dispuesto a informar con transparencia a las autoridades canarias, tal como hizo recientemente en una reunión con el presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC).

Por otro lado, ha puntualizado que la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos de Marruecos es un acuerdo que es condición previa para que la petrolera obtenga permiso de exploración, para lo que hace falta un real decreto de los Ministerios de Energía y de Finanzas.

Así, cree que se trata de “la primera fase de un largo proceso” que no tiene por qué finalizar con perforaciones petrolíferas, porque las prospecciones pueden hacerse con técnicas no “agresivas” -magentométricas, gravimétricas o estratográficas, ha dicho-.

También porque hacer prospecciones no quiere decir necesariamente que al final se vaya a explotar, cosa que dependerá de factores técnicos y también económicos, como sucedió en el pasado, en alusión a lo sucedido en 2015, cuando Repsol renunció a extraer petróleo o gas de aguas canarias por la escasa calidad y cantidad del yacimiento.

Sin embargo, Pita ha descrito aquel episodio como un desistimiento de “saquear” los recursos canarios ante la “determinación” de la ciudadanía y ha advertido al ministro de que “no hay prospecciones seguras” porque no se puede “perforar el lecho marino sin dañarlo”. La diputada ha tildado de “presidente mediocre” y “villano del clima”, en palabras de Greenpeace, al presidente canario.

Además, ha aprovechado para reivindicar que Canarias tenga control de sus aguas archipielágicas y ha acusado al Gobierno central de tratar a la comunidad como “subalterna” y como “territorio de ultramar” más bien olvidado.