El Gobierno canario ha expresado su “indignación” por lo que considera “un trato colonial” del Estado al archipiélago, tras comprobar que las prospecciones planteadas en aguas próximas a la costa de Málaga se han rechazado, al contrario que lo que ha ocurrido en las islas.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha denunciado hoy que existen “dos varas de medir” diferentes, una para Canarias y otra para Andalucía, cuando las razones que justifican la declaración de impacto ambiental negativa para las costas andaluzas son similares a las del Archipiélago.
A su juicio, existen suficientes razones para que los ciudadanos de Canarias se manifiesten una vez más en contra de las prospecciones en las concentraciones convocadas mañana en diferentes lugares del archipiélago.
Marrero ha informado asimismo de que el Consejo de Gobierno ha acordado la interposición de un recurso de amparo constitucional contra el auto del Tribunal Supremo que desestima su petición de que se declare nula la sentencia que avaló la reactivación de los permisos concedidos a Repsol a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.
El Gobierno canario entiende que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones ponen de manifiesto una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
El Ejecutivo canario sostiene que el Supremo, antes de dictar su sentencia favorable a las prospecciones, debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (artículo 267 del Tratado de la UE), a fin de verificar que si esos permisos vulneraban o no directivas europeas sobre medio ambiente.
Asimismo, estima que la sentencia peca de incongruencia y falta de motivación por no responder a las alegaciones formuladas respecto a la ausencia de informes técnicos sobre la suficiencia de las medidas de protección medioambiental presentadas por Repsol en el año 2004.
Se considera también que se infringen los artículos 205 y 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que la sentencia fue redactada por el magistrado ponente, a pesar de haber formulado éste voto particular.
Para Rivero es un “trato humillante”
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha calificado de “trato humillante” el que considera da el Gobierno central al archipiélago tras suspender las prospecciones petrolíferas en Málaga y mantener las que se prevén llevar a cabo en aguas cercanas al archipiélago.
Rivero, que se encuentra este jueves en Praga, apuntó que la respuesta de los canarios “ante este trato colonial, este trato humillante, vejatorio, abusivo del Gobierno de España con el archipiélago, poniendo en riesgo la principal fuente de riqueza, tiene que ser contundente”.
Añadió que estas decisiones se adoptan “por razones de tipo político, con declaración de impacto negativo para resolver el problema de Málaga, donde gobierna el PP en la Diputación, o como están cocinando en estos momentos, la declaración de impacto negativo para no llevar a cabo prospecciones en Baleares por razones ambientales”, sin embargo Canarias con condiciones “mucho más importantes que las que puedan tener estos dos destinos”, el sentimiento ante este pronunciamiento “es de absoluta indignación, de maltrato, de desconsideración y de falta de respeto; confirman el trato absolutamente colonial por parte del Gobierno del Partido Popular”.
“La voz de los canarios será escuchada, tiene que ser escuchada, para mostrar nuestro rechazo a estas decisiones caciquiles que se están tomando en contra, exclusivamente, de los intereses de Canarias”, apuntilló en un comunicado.
Además, ha insistido en que está ocurriendo “lo que había advertido: declaración de impacto negativo para resolver el problema que tenían con Málaga y declaración de impacto negativo que están cocinando para resolver el problema político que tienen en Baleares”.
Añadió que “tramposamente” conceden autorizaciones para dos puntos que “no tienen nada que ver con el turismo, nada que ver con el medio ambiente, como son Cantabria y Tarragona, y siguen para adelante con las prospecciones en Canarias”, por lo que consideró que el PP debe “explicar a los canarios por qué defiende en las islas lo que rechaza en Andalucía, Valencia o Baleares”.
Finalmente, advirtió que el Gobierno canario continúa trabajando “en todas las líneas que están abiertas”, afirmando que va a continuar “intensificando la lucha a través de las herramientas que da el estado de derecho” para “seguir profundizando y trabajando en el expediente que está abierto en la Unión Europea y seguir exigiendo un compromiso de las máximas instituciones del Estado, un compromiso con Canarias”.