Manuel Fernández, diputado del PP y vicepresidente segundo del Parlamento canario, considera que el Gobierno español incurriría en un delito de prevaricación si autoriza el referéndum sobre las prospecciones petrolíferas planteado por el Gobierno de Canarias y, en base a él, se paralizan los sondeos proyectados por Repsol y, por lo tanto, “la explotación de una riqueza que afecta a todos los españoles”.
“Quien vive en Aragón, Andalucía o Galicia se quedaría sin esa riqueza que es de todos los españoles, se le estaría privando de ella”, ha manifestado el diputado popular en un coloquio celebrado este lunes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para debatir acerca de la consulta popular promovida por el Gobierno regional y las dudas jurídicas que ésta genera.
Fernández ha incidido en los argumentos esgrimidos por el PP desde que se anunciara esta iniciativa: “Las prospecciones están fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, son aguas exteriores, de toda España y, además, la materia, la explotación de hidrocarburos, es competencia exclusiva del Estado, no puede ser delegada”.
El diputado del PP comparó el referéndum con un sistema asambleario, a pesar de que el primero se basa en un censo con las mismas garantías que unas elecciones. “Suena muy bonito que todo el mundo opine, una consulta o una asamblea, pero para algo nos hemos regido por un sistema representativo, no un asambleario que está sujeto a manipulación y en el que nadie se hace responsable”, ha señalado Fernández, quien ha añadido que el referéndum es “excepcional en los países desarrollados” y que “no es más representativo o democrático” que unos comicios cada cuatro años.
“Es obvio que el Gobierno de España va a decir que no, pero aún no ha tomado una decisión”, ha concluido el diputado popular.
Para Fernando Ríos, Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, la consulta es “totalmente legal, constitucional y democrática”. El alto cargo del Ejecutivo regional remarcó que el de las prospecciones frente a las costas de Canarias es un asunto de especial trascendencia que afecta no solo a la explotación de hidrocarburos, sino también a competencias exclusivas o compartidas de la comunidad autónoma, como el turismo, el medio ambiente o la pesca.
Con respecto a la autorización del referéndum, reconoció, en consonancia con lo expuesto con anterioridad por Víctor Cuesta, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y moderador del debate, que la propuesta se enfrenta a un “vacío legal”. Por un lado, porque en Canarias no existe una norma específica sobre consultas como la que hay, por ejemplo, en Cataluña. Y, por el otro, porque la ley orgánica de 1980 sobre las distintas modalidades de referéndum “no regula las consultas autonómicas”.
Ríos sugiere que, “por analogía”, el órgano competente para autorizar el referéndum sobre las prospecciones podría ser el Congreso de los Diputados y no la Jefatura del Gobierno, como sostiene el PP. El Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Relaciones Institucionales admitió que existe un debate entre los constitucionalistas acerca de si las consultas son o no vinculantes, aunque incidió en que desde el punto de vista democrático la respuesta es obvia. “¿Cómo se va a tomar una decisión en contra de la voluntad de los ciudadanos? ”, preguntó.
Eugenio Reyes, miembro de la organización ecologista Ben Magec, también subrayó durante el coloquio que la autorización para la consulta es competencia del Estado, pero que la legislación en ningún caso “especifica que deba ser el Gobierno” quien lo haga. “Se supone que en función de cada caso habrá distintos órganos que tendrán la responsabilidad”, expuso.
“Hay competencias que se pueden cruzar, el hecho jurídico emana de competencias que entran en conflicto y, en el caso de Canarias, por ejemplo, las competencias de ordenación de recursos naturales son de la comunidad autónoma”, afirmó Reyes, quien, al igual que Fernando Ríos y Víctor Cuesta, defendió que la celebración del referéndum sobre las prospecciones se reduce a una cuestión de “voluntad política”.