El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos Rull, ha adelantado que solicitarán que se vuelva a abrir un nuevo procedimiento de información pública de la tramitación medioambiental sobre las prospecciones petrolíferas que se pretenden llevar a cabo en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura tras comprobar que el expediente “estaba incompleto”.
“Hemos tenido acceso al expediente y hemos constatado lo que alegamos en su momento, que es que el expediente estaba incompleto, adolecía de falta de documentación, el Ministerio de Medio Ambiente (Magrama) la ha solicitado, que hay cientos de documentos nuevos a consecuencia de esa solicitud de información y para poder evaluar, entre todos, el impacto que van a tener las prospecciones en Canarias deben abrir un nuevo procedimiento de información pública”, resaltó en relación al acceso que Gobierno canario y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han tenido este jueves al expediente que se tramita.
En este sentido, Ríos Rull señaló que, en su momento, criticaron que “esas omisiones y esas deficiencias hacían imposible” poder estudiar el impacto de las prospecciones en Canarias. Añadió que en el expediente faltaban cuestiones como la posibilidad de “movimientos sísmicos, las repercusiones en la potabilización de agua...”.
Esto, dijo, “es lo que se ha pedido y a cuentagotas, desde diciembre 2013”, se ha aportado. Para el comisionado este hecho “supone una constatación de la chapuza que era el expediente y de las prisas que tenían de sacar adelante este proyecto”.
Al respecto, indicó que esta es la conclusión una vez que han tenido acceso al expediente aunque puntualizó que deberán analizar más detenidamente toda la información porque lo que se ha ido solicitando “no son aclaraciones, pedían hasta 17 cuestiones distintas” tanto a la empresa que realizará las prospecciones como a distintos ministerios.
“La tramitación de un expediente sin foliar es irregular”
Por su parte, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han denunciado este jueves, tras tener acceso al expediente administrativo de las prospecciones petrolíferas que pretende hacer Repsol cerca de ambas islas, que este es una “chapuza” con tales irregularidades, que reclamarán su nulidad.
Las dos instituciones insulares, gobernadas ambas por CC y PSOE, aseguran que, después de 15 años de tramitación (los primeros permisos se concedieron con los gobiernos de Aznar, aunque luego fueron revocados por el Tribunal Supremo), el expediente de las prospecciones petrolíferas ni siquiera está foliado, es decir, ordenado y con sus páginas numeradas para garantizar su integridad.
“La tramitación de un expediente sin foliar es cuanto menos irregular, por cuando existe la posibilidad de incorporar o extraer documentos a voluntad”, dice el Cabildo de Lanzarote, en un comunicado en el que tilda la tramitación de “chapuza documental”.
En similares términos se expresa en otra nota de prensa el Cabildo de Fuerteventura, que califica este expediente de “batiburrillo de documentos sin foliar ni encuadernar” y subraya cómo, a partir del pasado 21 de febrero, casi siete meses después de cerrarse su período de exposición pública, el Ministerio de Medio Ambiente comienza a exigir a Repsol nuevos datos y aclaraciones.
El Cabildo majorero opina que Medio Ambiente no pide aclaraciones menores, sino una serie de información complementaria que, a su juicio, equivale “a plantear casi una reelaboración del estudio de evaluación de impacto ambiental”.
Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que asesora jurídicamente al Cabildo de Lanzarote, sostiene que el expediente que hoy han podido consultar sus clientes en el Ministerio de Industria “está incompleto, falta información y justifica la invalidación de todo el proceso”.
Las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol por el Consejo de Ministros en 2012 están pendientes de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente complete la tramitación de su declaración de impacto ambiental, determine si esa actividad es compatible con la preservación de los recursos naturales existentes en esa zona del Atlántico y, si es así, bajo qué cautelas.
No obstante, las autorizaciones han sido impugnadas ante el Tribunal Supremo por el Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y varias organizaciones ecologistas.
El Supremo tenía previsto fallar esos recursos el 1 de abril, pero pospuso sin fecha su decisión para requerir al Ministerio de Medio Ambiente información adicional sobre el estado de los trámites para proteger la zona marítima situada al este de Lanzarote y Fuerteventura con la condición de Lugar de Interés Comunitario.