El portavoz del grupo parlamentario Socialista, Manuel Fajardo, ha afirmado este martes que la decisión del TSJC de no suspender los sondeos de Repsol “supone un revés” que puede tener repercusiones en otras acciones anunciadas por el Gobierno de Canarias, como las referidas al ámbito penal.
Manuel Fajardo ha señalado a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional que aunque ha leído “muy apresuradamente” el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el voto particular emitido por uno de los magistrados es “contundente” y recomienda su lectura.
Fajardo indicó al respecto que en el voto particular se comenta que no debió otorgarse el permiso de sondeos porque no había garantías de objetividad en la concesión ni en la evaluación de impacto ambiental, y se añade que tampoco es bueno utilizar “de forma exacerbada determinados conceptos ni seguir las prisas de Repsol”.
Sin embargo, admitió el parlamentario socialista, en su auto el TSJC viene a decir que no existen en principio dudas razonables sobre la tramitación del procedimiento y de la declaración de impacto ambiental.
Esto puede tener repercusiones en las acciones anunciadas por el Gobierno canario aunque el TSJC no haya entrado en el fondo del asunto, que es objetivo del pleito principal en la vía jurídica contra los sondeos, dijo Fajardo.
El portavoz socialista, que afirmó que cree “totalmente” en la independencia del poder judicial y de los magistrados, sí detalló que previamente al auto ha habido manifestaciones por parte de Repsol de que abandonaría los sondeos si el TSJC decidía aceptar las medidas cautelares propuestas por el Gobierno canario.
También hubo declaraciones en las que varios dirigentes del PP recordaron que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre este asunto en favor del procedimiento iniciado por el Gobierno central, agregó Fajardo.
Si se considera que desde el punto de vista administrativo no ha habido ningún tipo de anomalía en la concesión de la autorización a Repsol y la declaración de impacto ambiental se atuvo a la legalidad, esto puede tener incidencia sobre la acción penal que quiere emprender el Ejecutivo autonómico, advirtió el portavoz del grupo Socialista en el Parlamento regional.