La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aceptado la petición realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica de anular cautelarmente la licencia de obras concedida por el Gobierno de Canarias al Hotel Oliva Beach, situado en las dunas de Corralejo, en el norte de Fuerteventura.
En concreto, el TSJC accede a la petición hecha por el abogado del Estado, en representación del Ministerio, para que se suspendiera cautelarmente la orden del Gobierno de Canarias que el pasado 26 de mayo autorizó obras en el hotel y apartamentos Oliva Beach, ambos en el dominio público marítimo terrestre en Fuerteventura.
El TSJC recuerda que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación a las partes.
Además, subraya que se trata de unas obras que aún no han sido iniciadas, y que “ni tan siquiera consta que hayan sido legitimadas por el Ayuntamiento mediante la concesión de licencia municipal de obras”, por lo que la suspensión del acto impugnado “no supone una modificación de la situación actualmente existente”. Y añade que la no realización de las obras no impide a la compañía que lo regente seguir realizando su actividad.
El abogado del Estado había señalado en su petición que la suspensión de la autorización que “de acometerse las obras de transformación de las edificaciones existentes (...) sería prácticamente imposible reponer las mismas a su estado anterior en caso de dictarse una eventual sentencia estimatoria”. El TSJC ha aceptado este argumento para dictar su auto.
Además, resalta que, como puede advertirse en el acto ahora impugnado, las obras autorizadas, en concreto las que afectan a la zona de apartamentos, “no se limitan a una mera reforma interior o mejora de instalaciones, sino que contemplan la demolición de varios apartamentos” (14 apartamentos en la planta primera, cuatro en la planta segunda y seis plantas primeras de apartamentos dúplex de la planta inferior), lo que, de acometerse, “supondría una modificación sustancial de la construcción actualmente existente que haría prácticamente irreversibles las obras, quedando con ello comprometida la efectividad de la Sentencia”.
También aduce que la resolución que se recurre es “nula de pleno derecho” porque la comunidad autónoma asume competencias que son de la Administración General del Estado en base a la Ley de Costas y, yendo más allá, del acuerdo por el que se traspasaban algunas competencias en la materia a Canarias.
Las obras, según el abogado del Estado, suponen una “consolidación de actuaciones ilegales”, y que si se desarrollan en un entorno natural protegido pueden acarrear “un impacto directo sobre la costa por el acceso de maquinaria pesada, la generación de escombros, los ruidos y vibraciones que pueden perjudicar a la fauna”.
El Gobierno canario, a favor de las obras
A este recurso se opuso el Gobierno de Canarias aduciendo que no se prueba “qué daños y perjuicios de imposible reparación provoca directamente la autorización, máxime cuando la misma no es ejecutiva de manera inmediata, y que las obras autorizadas implican obras de reforma y modernización de edificaciones preexistentes”.
El Gobierno autonómico defiende que está acreditado que estos trabajos “no suponen un aumento de volumen, superficie, ni altura de las edificaciones por lo que se ajustan a la Orden Ministerial, a lo que hay sumar que no se encuentran dentro de ningún espacio natural protegido”.
También ha insistido en que, de paralizarse este proyecto de reforma, sí se “afectaría al interés general que representa la administración autonómica en materia de ordenación del litoral, así como de la Administración Local en materia de ordenación urbanística”. Sin embargo, el TSJC dio la razón al abogado del Estado.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León (PP), ha expresado este martes que el Ejecutivo reclamará las que consideran son competencias de la comunidad autónoma.
“Lamento la decisión del TSJC de autorizar las cautelares para la reforma del Hotel Oliva Beach: lo respeto, pero son nuestras competencias y las reclamaremos”, ha asegurado la consejera regional en X (antes Twitter).
Un hotel con orden de demolición
Contra este hotel pesa una orden de demolición dictada después de que se constara que había realizado una ampliación de su volumen y obras sin autorización, por lo que Costas inició un expediente de caducidad de la autorización que tenía para realizar su actividad sobre suelo público. Pese a esas infracciones, el Gobierno de CC-PP le concedió el pasado agosto el premio Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional. Para justificar este reconocimiento, el Ejecutivo regional sostuvo que la infraestructura, inaugurada en 1977, ha sido “pionera en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el Archipiélago”. El Gobierno de Canarias también defiende que el hotel ha contribuido al “desarrollo en el empleo local y la riqueza de la Isla”, pese a que ha incumplido la ley y tiene orden de demolición por ello.