Las fuerzas políticas de Canarias han mostrado un amplio respaldo a lo largo de este sábado con que la solución para la situación que vive desde hace casi 50 años el Sáhara Occidental pase por el respeto al Derecho Internacional y, por tanto, acate las resoluciones de la ONU. Se trata de una postura que también han defendido de forma argumentada los juristas y miembros de observatorios internacionales que se encuentran reunidos desde el viernes en Santander. Ese día se hizo pública por parte de las autoridades marroquíes la carta con la postura del presidente de España, Pedro Sánchez, donde asegura que la propuesta de un régimen de autonomía para el Sáhara que Marruecos hizo en 2007 es la “más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto.
El objetivo es que se restablezcan las relaciones diplomáticas con el reino alauita, tensionadas desde que un hospital de España atendiera al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali. La “normalización” de las relaciones entre países ha sido calificado como “positivo” por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por la proximidad del país con esta comunidad autónoma y su cuestionado papel en el “control” de personas que migran al Archipiélago. No obstante, este sábado ha recordado que ya el Parlamento regional se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el Sáhara y que la postura es la misma: “claramente” a favor de una solución al conflicto “que sea duradera, justa y aceptada por las dos partes”, con lo que cualquier propuesta “que se ponga sobre la mesa” tiene que ser aceptada por el Frente Polisario y por el Reino de Marruecos. Unas declaraciones que realiza en un día en el que ha acordado estrechar más los lazos con Mauritania ante la incertidumbre vivida por el encarecimiento de la energía y otros productos.
Los socios de Gobierno en Canarias: Sí Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias han sido críticos con la carta de Pedro Sánchez. Para el diputado Manuel Marrero se trata de una “indecencia histórica” y cree que el presidente del Gobierno de España se ha puesto “de rodilla” y ha cedido “al chantaje” del Gobierno de Marruecos. El líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, afirmó a la agencia Efe que no comparte la decisión de promover “un cambio radical de última hora”, mientras que en Nueva Canarias, gran defensora de la causa saharaui también se han pronunciado distintos dirigentes. Luis Campos se desmarcó del apoyo ofrecido por el Gobierno de España a Marruecos en su propuesta de autonomía para el Sáhara, y calificó esta postura como “propia de un Estado sin principios”.
El vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez también anunció este sábado en un comunicado que el diputado Pedro Quevedo se suma al grupo de fuerzas políticas que han solicitado la comparecencia de Sánchez para explicar esta decisión. Además, ha alertado de que a esta posición se le añade “un factor de inestabilidad en la crisis energética consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin”, y advirtió del “conflicto latente por la decisión unilateral e ilegal del reino alauita de ampliar su frontera marítima ocupando las aguas territoriales del Archipiélago y del Sáhara”. La postura de Nueva Canarias es que se celebre un referéndum de autodeterminación, como siempre ha asegurado la miembro del partido y abogada por los derechos del pueblo saharaui Inés Miranda, que denunció hace unos meses haber sido expulsada de Marruecos junto a otras activistas.
No han sido las únicas reacciones en Canarias. Desde el Partido Nacionalista Canario, Juan Manuel García-Ramos, ha tachado de “puñalada” por la espalda al pueblo saharaui esa carta y Coalición Canaria también ha solicitado explicaciones al presidente del Gobierno a la vez que exige “una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable, en el marco de Naciones Unidas”. En la cadena de reacciones tampoco ha faltado el PP de Canarias, que lamenta que el cambio de rumbo obedece a “una decisión sin consenso, tomada de manera unilateral sin haber contado con el principal partido de la oposición”. En su escrito también menciona el mandato de la ONU.
¿Qué ha dicho la ONU?
Juristas pertenecientes a la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS, por sus siglas en inglés) y a los distintos Observatorios de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental han recordado precisamente que cualquier solución para este territorio debe hacerse respetando el Derecho Internacional. Al presidente de España, le recuerdan que la propuesta citada en su carta del viernes (la de Marruecos sobre el Sáhara) nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Estas juristas recuerdan que en noviembre de 1975 España abandonó sus responsabilidades en el Sahara Occidental, lo que dio lugar a la ocupación del dicho territorio por Marruecos y Mauritania, y al inicio de hostilidades entre ambas potencias y el Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario). A partir de 1979, con la retirada de Mauritania, Marruecos pasó a ser la única potencia ocupante. Sin embargo, “El Sahara Occidental es considerado lo que en la terminología del Derecho Internacional Público se denomina Territorio No Autónomo, es decir, pendiente de culminar su descolonización, desde 1963.
La Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental recuerda que el ejercicio del derecho de libre determinación se encuentra entre los propósitos fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 1.2). De hecho, de acuerdo con el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de 1966 (del que España y Marruecos son parte) “comporta el derecho al establecimiento de su condición política libremente”. De este modo lo entendieron las partes en conflicto (Marruecos y el Frente Polisario) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con motivo de la aprobación del Plan de Arreglo (Resolución 690 del Consejo de Seguridad, de 29 de abril de 1991).
Dicho plan incluía la celebración del referéndum y con este propósito se estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que no ha realizado su fin. Es decir, “el plan de arreglo, tal como fue aprobado por el Consejo de Seguridad, establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos”.
Juristas y miembros de los observatorios internacionales lamentan este sábado en un comunicado el fracaso de ese plan, pues no solo no se ha llevado a cabo el referéndum sino que con el paso de los años Marruecos ha consolidado su ocupación sobre el territorio “incentivando el desplazamiento de población marroquí al Sahara Occidental”. Así mismo, hacen referencia al contexto de enquistamiento del conflicto que ha dado lugar a una reanudación de hostilidades entre el Frente Polisario y las fuerzas armadas marroquíes desde noviembre de 2020. La reacción del delegado de este frente en Canarias ha sido la de solicitar el posicionamiento del Gobierno regional y recordar que el Archipiélago se encuentra tan solo a cien kilómetros del Sahara y debe tener “un papel importante” por la paz y el entendimiento en la región.
¿Cuál es la responsabilidad de España?
Los juristas por los derechos del Sáhara Occidental son contundentes al afirmar que “la posición jurídico-política de Marruecos en el Sáhara Occidental es de potencia ocupante, situación vinculada al derecho de guerra, por violación del principio de prohibición del uso de la fuerza armada y en aplicación de los Convenios de Ginebra”. Por este motivo, remarcan que Naciones Unidas considera que España “sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y Marruecos el país ocupante”. Por tanto, mientras no se lleve a cabo el referéndum que culmine el proceso de descolonización, España no puede ignorar ese territorio ni desvincularse de su responsabilidad histórica.
Además, apuntan que España debe adoptar las medidas necesarias para lograr la independencia del Sáhara Occidental de la dominación colonial y para ello cita las obligaciones recogidas en el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. “Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo”. Y como potencia colonizadora que fue debe “asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso” y “promover la paz”, entre otras obligaciones.
Otro hecho relevante a destacar en este conflicto es la postura de Argelia, siempre en apoyo a los intereses del pueblo saharaui, por lo que este mismo sábado también ha comunicado su Gobierno que ha llamado al embajador en Madrid para que inicie una ronda de llamadas. El Ministerio de Exteriores argelino se ha visto “muy sorprendido” por el apoyo de España al proyecto de autonomía de Marruecos para el Sáhara.