MÉXICO DF, 13 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Felipe Calderón ha ordenado el envío de 2.000 policías más a Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (norte), cerca de la frontera con Estados Unidos, en un intento por frenar la violencia promovida por el crímen organizado, informó este miércoles el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
“La dinámica que se plantea es que la policía federal entre a la zona urbana con más capacidad de despliegue, subiendo unidades de inteligencia”, dijo el funcionario en declaraciones a la emisora local W Radio.
García Luna ha reiterado que Ciudad Juárez “es el punto más violento” de México, motivo por el cual han decidido “sumar capacidades nuevas” de Inteligencia, de análisis táctico, de investigación de campo y unidades técnicas de operación “para que, en la medida que tengamos mayor capacidad institucional, se atienda el fenómeno de manera integral”.
Estos 2.000 efectivos se sumarán al contingente de 10.000 militares y policías que fueron desplegados en marzo de 2009 en esta peligrosa ciudad, reconocida en el mundo por los crímenes perpetrados por los cárteles del narcotráfico y por los más de 500 femicidios que han ocurrido desde 1993.
El pasado fin de semana se registraron 26 homicidios en Ciudad Juárez, localidad en la que en 2009 fueron asesinadas unas 2.635 personas, según cifras divulgadas por los medios mexicanos, debido a que el Gobierno no contabiliza datos oficiales de estos decesos.
No obstante, un portavoz de seguridad del Gobierno informó a Reuters de que desde el pasado mes septiembre existe un acuerdo que se ha venido posponiendo para que los oficiales del Ejército abandonen Ciudad Juárez.
Las autoridades locales han reconocido que la presencia militar en Ciudad Juárez no ha logrado detener las masacres y los enfrentamientos que a diario protagonizan los grupos de narcotraficantes que luchan por controlar la ruta de la droga que es vendida a Estados Unidos.
La presencia del Ejército fue duramente cuestionada por algunos sectores de la oposición, debido a que varios militares han sido implicados en delitos contra los Derechos Humanos. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en la presencia de soldados alegando que en las policías locales existen altos niveles de corrupción.