MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El rey de Jordania, Abdalá II, ha dictado este viernes un decreto mediante el cual aprueba las enmiendas constitucionales que había prometido llevar a cabo para avanzar hacia la democracia y hacer frente al creciente descontento social.
El decreto real, confirmado por la agencia oficial Petra, llega el mismo día en que el monarca se ha reunido con los principales representantes de las dos cámaras del Parlamento, ante quienes ha destacado el trabajo de los legisladores para sacar adelante las reformas, consideradas por Abdalá II un “paso importante” en la historia del país.
El rey ha enmarcado estos cambios, cuyo contenido final no recoge Petra, dentro de un “proceso de reformas nacionales” y ha advertido de que se trata de un “trabajo continuo”, puesto que esta aprobación “no es el fin del camino”.
“La reforma política avanzará de la forma en que queremos”, ha dicho Abdalá II, que ha subrayado el papel jugado en este proceso por el Parlamento. “La hoja de ruta es clara, y es que hay un paquete de leyes que necesitan ser revisadas y aprobadas, especialmente sobre elecciones, partidos, comisión electoral, Tribunal Constitucional y otras cuestiones”, ha añadido.
Dentro de este proceso, las autoridades jordanas también contemplan la celebración de elecciones locales en diciembre y preparativos para que, durante la segunda mitad de 2012, tengan lugar comicios parlamentarios.
MÚLTIPLES CAMBIOS
El rey hachemita había prometido en agosto que el proceso de reformas iniciado en el país a petición suya estaría culminado antes de que finalizase este año, después de recibir las propuestas de enmienda constitucional presentadas por el Comité Real de Revisión de la Carta Magna.
Estas propuestas planteaban, entre otras cosas, privar al monarca de algunos de sus poderes, la creación de un Tribunal Constitucional que determine la constitucionalidad de las leyes o de una Comisión Electoral Independiente que vele por la celebración de los comicios.
Entre las reformas, recogidas en su momento por Reuters, también figura que el primer ministro será elegido por una mayoría parlamentaria, y no por el rey, como hasta ahora. Asimismo, el monarca perderá su potestad de posponer indefinidamente la celebración de elecciones y se establece un plazo de cuatro meses para los comicios a partir de la disolución del Parlamento, una competencia que sí conserva el rey.
En cuanto a las libertades civiles, establece que el gobierno deberá someter a aprobación del Parlamento aquellas normas aprobadas por decreto que afecten a los derechos de la ciudadanía y determina que los delitos de opinión y prensa serán procesados en tribunales civiles, no militares. Estos “tribunales de seguridad” limitarían sus funciones a casos de terrorismo o espionaje. Además, por primera vez los miembros del gobierno deberán ser juzgados en tribunales civiles.
En el plano político, se rebaja a 25 años la edad mínima para ser candidato al Parlamento y se aboga por “institucionalizar el activismo ciudadano” mediante partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones y asociaciones y apuesta por “la rotación de poder mediante gobiernos parlamentarios y un proceso moderno de elección en el que los partidos políticos compitan sobre una base de plataformas nacionales”.