Juristas y Observatorios de Derechos Humanos: “La solución al Sáhara sólo puede pasar por el respeto al Derecho Internacional”

“La solución al Sáhara sólo puede pasar por el respeto al Derecho Internacional”. Así lo aseguran juristas pertenecientes a la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS, por sus siglas en inglés) y a los distintos Observatorios de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, presentes en diferentes Comunidades Autónomas de España y que desde el viernes se encuentran reunidos en la ciudad de Santander. Entre otras destaca la presencia de la abogada y consejera del Cabildo de Gran Canaria Inés Miranda.

Este viernes Marruecos hizo pública una carta del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez en la que aceptaba su propuesta de autonomía para el Sáhara a cambio de resolver un conflicto diplomático. Los juristas reunidos en el encuentro han examinado las informaciones públicas relativas a la carta  y reprochan la “evidente falta de transparencia que debe ser inmediatamente subsanada” además de que la misiva “comporta la denegación del derecho de libre determinación del pueblo saharaui, cerrando el paso a cualquier posible referéndum en el que éste se pronuncie por las posibles alternativas (incluyendo, entre ellas, la independencia del Sahara Occidental). La propuesta citada nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

“No hay respeto posible al derecho de libre determinación sin que el pueblo que es titular de dicho derecho, en el marco del proceso de descolonización, pueda ejercitarlo expresando de manera pacífica y clara cuál es su voluntad, ya sea ésta, para el caso del Sahara Occidental, la independencia o la integración en el Reino de Marruecos”, insiste el comunicado de los juristas.

En el comunicado se insiste en que acoger y auspiciar una solución como la planteada, unilateralmente por el Reino de Marruecos (un régimen de autonomía sin definir) y que prescinde del ejercicio de la libre determinación por el pueblo saharaui, “se aparta del Derecho Internacional y pretende imponer, de este modo, un desenlace contrario a la legalidad”. Además, consideran que este hecho comporta “un intento de legitimar el statu quo actual, que no es otro que la ocupación, resultado del ejercicio de la fuerza por Marruecos y la consiguiente colonización del territorio del Sahara Occidental”.

Así mismo, recuerdan que nos encontramos en un momento en el que la comunidad internacional contempla “con enorme inquietud cómo nuevamente, y esta vez en Europa, se abre paso el uso de la fuerza, la agresión y la ocupación militar”, lo cual hace esta postura aún más preocupante.

“Es precisamente preocupante que, ante el conflicto del Sahara Occidental, en el que han reanudado las hostilidades desde noviembre de 2020, se pretenda legitimar el producto de una ocupación militar, la desplegada por Marruecos desde 1975 y la consecuencia de ésta, como es la colonización y pretendida anexión de un territorio por parte de la potencia ocupante”, remarcan.

Por ello, los juristas y miembros de los observatorios hacen un llamamiento para que el Gobierno de España, “de acuerdo con la responsabilidad jurídica de nuestro país en el origen del conflicto, promueva activamente una solución pacífica de éste que pase por el pleno respeto a la legalidad internacional y al ejercicio efectivo por el pueblo saharaui del derecho de libre determinación del que es titular”.  

“Cualquier actuación de España debe respetar el Derecho Internacional y su contravención puede generar responsabilidad jurídica de España como potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, condición que ostenta mientras no se produzca la culminación del inconcluso proceso de descolonización), reconocida por Naciones Unidas y la propia justicia española y europea”, concluyen.