Lo que existe entre Canarias y Marruecos es una frontera marítima “de hecho, no de derecho”, afirma el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Rafael Esparza. Sin ningún acuerdo firmado entre Madrid y Rabat que establezca la delimitación de sus aguas, Canarias ha mantenido la separación del mar con el país vecino a través de la mediana, una línea equidistante entre Gran Tarajal y Juby, a unos 100 kilómetros de distancia, con la mitad para cada territorio. En 2014, España solicitó ampliar su frontera marítima en Canarias hasta el máximo permitido (350 millas de la plataforma continental); cinco años después, Marruecos aprobó dos leyes, incluyendo el mar del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización, para delimitar su frontera marítima En cualquier caso, sin un pacto entre ambos países, no existe un reconocimiento efectivo del territorio marino que le corresponde a cada parte.
“Cuando hay espacio suficiente, cada país puede adaptar unilateralmente su frontera marítima hasta las 200 millas (Zona Económica Exclusiva) o pedir su ampliación hasta las 350 millas (el máximo permitido). Pero si esto no se da y se solapa con otro Estado, entonces hay que llegar a algún acuerdo. Las partes deben reunirse y negociar”, explica Eloy Ruiloba, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga y autor de una la tesis Circunstancias especiales y equidad en la delimitación de los espacios marítimos.
Ruiloba sostiene que a la falta de delimitación de los espacios marítimos de España y Marruecos se suma Portugal, que tiene bajo Madeira a las Islas Salvajes, que están deshabitadas y son una reserva natural, lo que solo otorga derecho a tener mar territorial. Pero Lisboa alega que allí viven las personas que se encargan de la conservación del espacio y ha establecido una Zona Económica Especial para las Islas, que se solapa al norte con Canarias.
“Esto genera controversia y se debería delimitar, pero no se ha hecho”, opina el profesor de Derecho Internacional Público, quien considera que, si hubiera hallado en esa zona, por ejemplo, petróleo, “buscarían fórmulas para delimitar o una zona conjunta para explotarlo, repartirse los beneficios y compartir los gastos”.
El hallazgo de telurio en el monte submarino Tropic (a 250 millas al suroeste de El Hierro) volvió a reavivar la controversia sobre las aguas. Cada país puede ejercer su soberanía sobre las doce millas de mar (como se recogió en el último Estatuto de Autonomía de Canarias) a partir de la costa; de ahí, a las 200 millas, es lo que se conoce como zona económica exclusiva, en la que el país propietario puede conservar y administrar los recursos naturales del mar y el subsuelo y, como máximo, cada Estado puede ampliar su plataforma continental hasta las 350 millas para ejercer derechos sobre el subsuelo marino. Es en este último tramo donde pueden entrar en colisión las aspiraciones de España y Marruecos.
Canarias, actualmente, solo tiene delimitadas sus 12 millas, recogiendo en su Estatuto de Autonomía al agua como parte de su territorio. Sin embargo, Podemos votó en contra del documento, entre otras razones porque reclamó que se incluyera el Principio Archipielágico para que las Islas tuvieran competencias en su zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
El promotor de la iniciativa para elaborar una Ley de Aguas Archipelágicas, Ángel Cuenca, dice que Marruecos se está moviendo para cumplir los plazos de la presentación de su plataforma continental, que expira en 2022 ante la Comisión de Límites de Naciones Unidas.
Por otro lado, Esparza considera que la intención de Marruecos de trazar sus aguas, incluyendo las del Sáhara Occidental, (iniciativa que ya tomó en 2017) podría contribuir a establecer las aguas territoriales de Canarias y de Portugal en la zona, quienes ya las han reclamado, en 2014 y 2015, respectivamente. “Pero tendrían que llegar a un acuerdo, reunirse”, añade.
Acuerdo pesquero
Acuerdo pesqueroEn 2018 la Unión Europea firmó con Marruecos un acuerdo pesquero que permitió -a cambio de entrar 52 millones de euros anuales a Rabat- faenar a 90 embarcaciones de España, una treintena canarios, en el mar del Sáhara Occidental.
Ello a pesar de que un informe del Tribunal de Justicia de la UE estableció que no se podía tomar una decisión en este sentido sin contar con el consentimiento de la población saharaui, porque esa zona “no pertenece” al país alauí.
“Yo voté a favor de que el Tribunal de Justicia Europeo validara o dijera si el acuerdo entraba en colisión con su sentencia y en contra del acuerdo de pesca; creo que no se pueden utilizar los caladeros del Sáhara Occidental y expoliar al pueblo saharaui porque hay que concluir un proceso de descolonización que lleve a aplicar la misión de la Minurso, que fue validada para hacer un referéndum en 1991 y que 28 años después sigue sin aplicarse, sigue el territorio sin descolonizar y sigue Marruecos ocupándolo ilegalmente”, afirma el eurodiputado Miguel Urbán.
Cuando el Tribunal Europeo de Justicia Europeo emitió su fallo, el Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, mostró su preocupación ante la posibilidad de que se excluyeran las aguas del Sáhara Occidental. Tras la ratificación del acuerdo, que se ajustó a la sentencia que tumbó el anterior, se estableció que el impacto económico fruto del mismo se distribuiría entre la población saharaui, “algo que no ocurre en la práctica”, según Ruiloba. En el Archipiélago, solo el Cabildo de Gran Canaria criticó que se excluyera al Frente Polisario a la hora de tomar la decisión.
Pero cuando Marruecos anunció en diciembre pasado su intención de delimitar sus fronteras marítimas incluyendo al Sáhara Occidental, el Gobierno de Canarias alzó la voz para rechazar que el país vecino aspirara a ejercer su soberanía en aguas que el Ejecutivo regional considera suyas. El Gobierno de España mantuvo la prudencia, pidiendo que haya un acuerdo entre las partes mediante una negociación.
“Cuando tocan lo que consideramos nuestro, sí que hay problemas”, afirma Urbán, que considera que Marruecos “no tiene legitimidad para delimitar unas aguas territoriales que no le pertenecen. Esa es la principal cuestión”. Y concluye que el problema es que “el Gobierno de España no quiere pleitear en ese sentido, porque tendría que cuestionar la propia legitimidad de Marruecos para esas aguas territoriales, que son saharauis”.