En marzo de 2020, el Gobierno de Marruecos hacía oficial la polémica ampliación de sus aguas territoriales. El Ejecutivo canario manifestó en reiteradas ocasiones su rechazo a la decisión unilateral de Rabat, porque estimaba que se atribuía espacio marítimo del Archipiélago. En noviembre de este año, han vuelto a saltar las alarmas en la autonomía después de que la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM) firmara en octubre un acuerdo con una empresa israelí para buscar petróleo y gas al sur del Archipiélago, en una zona que abarca 109.000 kilómetros cuadrados desde Dajla a la frontera con Mauritania, es decir, en aguas del Sáhara Occidental.
En concreto, una filial de Ratio Petroleum tendrá derecho exclusivo para estudiar e investigar hasta profundidades de 3.000 metros y durante dos años el denominado bloque Dakhla Atlantique, tal y como recoge en su página web la empresa israelí. A pesar de los 400 kilómetros de distancia entre el sur de Gran Canaria y el puerto de Dajla, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, aseguró que habría una “reacción inmediata” si estas acciones afectasen a las islas y trasladó su preocupación al Ministerio de Asuntos Exteriores.
En una sesión plenaria posterior, Torres explicó que José Manuel Albares, titular de la cartera, le aseguró que la búsqueda de petróleo y gas inicialmente no invade el espacio marítimo de las Islas. Sin embargo, Coalición Canaria ha persistido en pedir más garantías al tiempo que solicita que en todas las instituciones isleñas exista un posicionamiento unánime en contra de las actuaciones.
No es la primera vez que Marruecos busca petróleo en aguas del Sáhara Occidental. De diciembre de 2014 a febrero de 2015, la empresa estadounidense Kosmos Energy realizó prospecciones en el bloque de Boujdour Offshore, a unos 200 kilómetros del sur de Canarias. Estas actuaciones coincidieron con las de Repsol en aguas isleñas -al este de Fuerteventura y Lanzarote- y el resultado fue similar: los recursos hallados eran insuficientes para ejecutar la explotación comercial.
Además, las acciones de la compañía española generaron un amplio rechazo en el Archipiélago y un enfrentamiento entre el Gobierno regional y el Ministerio de Industria que lideraba por entonces José Manuel Soria. Los sondeos realizados bajo licencia marroquí también contaron con la oposición del Frente Polisario, que criticó las prospecciones en aguas del Sáhara Occidental, un territorio “no autónomo”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es decir, pendiente de descolonización y ocupado por Marruecos. En 1991 se creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) para buscar una salida al conflicto sin éxito.
En un informe de octubre de 2014, previo a las exploraciones de Kosmos, la organización Western Sahara Resource Watch (WSRW), que opera desde Bruselas, recordaba que “cuando el Gobierno español adjudicó a Repsol la concesión para perforar en esas aguas, la indignación fue general. Pero, unos kilómetros más allá, la perforación que está prevista comenzar en diciembre será mucho más controvertida en algunos aspectos”, porque “no está claro quién sería legalmente responsable si la exploración perjudicara a la vida marina o a las existencias de pescado”. Además, WSRW aseguraba que suponía “una violación del derecho internacional (…) ya que abre la puerta a un afianzamiento de las infundadas pretensiones de Marruecos de soberanía sobre el territorio, y ningunea el deseo de la población nativa saharaui”.
En Canarias, estas acciones también suscitaron las protestas de Ecologistas en Acción, pero de una forma mucho más leve que los rechazos a Repsol. Anselmo Fariña, profesor y miembro de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, recuerda que “la plataforma (de Kosmos) tenía como base el puerto de La Luz y de Las Palmas” y considera que en operaciones futuras similares, “probablemente” se volverán a utilizar muelles isleños. Fariña considera que las exploraciones que ha acordado la Onhym con Ratio Petroleum son “ilegales” porque Marruecos “no tiene soberanía sobre esas aguas”, pues dice que pertenecen a la República Árabe Saharaui Democrática.
Sin embargo, Eloy Ruiloba, profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga, recuerda que “si es en la zona del Sáhara, ya en su momento un informe jurídico dijo que la explotación de los recursos naturales por parte de Marruecos, en principio, no era contraria al derecho internacional, siempre y cuando el beneficio repercutiese en el pueblo saharaui”, Aunque, en la práctica, “no es así”. En este sentido, Fernando Ríos Rull, profesor del departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna, remarca que el Tribunal de General de la Unión Europea anuló el acuerdo que Bruselas tenía con Marruecos sobre pesca, “porque internacionalmente no tiene competencias sobre esas aguas”.
El Tribunal tumbó el acuerdo de pesca y agrícola entre Rabat y la UE el pasado 29 de septiembre porque no se consultó de forma apropiada a la población saharaui. La UE ha recurrido y hasta que el tribunal resuelva, se mantienen vigentes los acuerdos agrícolas y pesqueros. Esto ha supuesto un varapalo a las pretensiones de Marruecos de lograr cada vez más apoyos a sus aspiraciones de soberanía sobre el Sáhara, como hizo en una de sus últimas decisiones como presidente de Estados Unidos Donald Trump a cambio de que Rabat reconociera al estado de Israel.
Además, la decisión del TJUE se da en un escenario de guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, que se alarga desde noviembre de 2020, cuando se produjo la ruptura del alto al fuego casi 30 años después de buscar la vía pacífica y diplomática como salida al histórico conflicto. Argelia, país que acoge los campamentos de refugiados saharauis, rompió sus relaciones con Rabat, que sumaba al cierre de fronteras terrestres, la prohibición de su espacio aéreo a aviones marroquíes y el cierre del gasoducto Magreb-Europa, que suponía más de la quinta parte del recurso que consume España.
Según Fariña, la decisión de Marruecos de explorar los fondos marinos de aguas saharauis no supone una respuesta inmediata al corte del gas argelino, “porque cualquier prospección que acabe dando resultados explotables no es de hoy para mañana”. A su juicio, Rabat “intenta forzar un reconocimiento en la línea del que hizo la administración de Trump y que la actual de Biden no ha modificado, reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental”.
Y esto, añade Fariñas, “es muy grave para Canarias” porque “tiene un vecino que ha optado por una política de chantaje y de fuerza”. El Cabildo de Gran Canaria, cuya administraciones ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo al pueblo saharaui, también defiende esta tesis: es “chantaje a España, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas”, señaló el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional de la Corporación Insular, Carmelo Ramírez, sobre las prospecciones en busca de potenciales bolsas de petróleo y gas en el bloque oceánico denominado Dakhla Atlantique.
Cerca de Fuerteventura
“Desde el punto de vista medioambiental, perjudica a Canarias”, añade Ríos Rull, quien a su vez recuerda otro acuerdo renovado de Marruecos con la compañía italiana Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) para realizar sondeos petrolífero en 23.900 kilómetros cuadrados del denominado bloque Tarfaya Offshore Shallow, entre la región de Agadir y el Sáhara Occidental, en profundidades de hasta mil metros.
Esta actuación, que comenzó en diciembre de 2017, suscitó el rechazo de la Federación de Ben Magec– Ecologistas en Acción o del Cabildo de Fuerteventura y de Lanzarote, pues se llevarían a cabo frente a las ciudades marroquíes de Sidi Ifni, Tan Tan y Tarfaya, con algunas catas cerca de la mediana entre Canarias y el reino alauí; una frontera marítima de hecho pero no de derecho ubicada a poco más de 50 kilómetros de distancia de Fuerteventura.
En marzo de 2019, la compañía italiana informaba de un acuerdo con Qatar Petroleum para la venta de una participación del 30% de su licencia en aguas marroquíes. Y el 21 de octubre de 2021, el Boletín Oficial del Reino de Marruecos publicaba la prórroga de estos acuerdos hasta 2023: un 45% para Eni, un 30% para Qatar Petroleum y un 25% para la Onhym.
“Es lo mismo que en su momento criticamos a Repsol, pero un poco más hacia el este”, explica el profesor Ríos Rull. “Y Canarias no estaría preparada para hacer frente a un vertido y menos de un país tercero”, añade. Ante este escenario, considera que para evitar una catástrofe, solo queda que “España presione política y económicamente” para que la Unión Europa exija que las prospecciones incluyan planes de contingencia. “Dudamos que Marruecos lo exija y es para estar muy preocupados”, remarca.