Según la resolución, existen presunciones fundadas de que los procesados tuvieron participación en el desvío, hacia cuentas personales de Pinochet, de fondos reservados que eran manejados por la Casa Militar, un comité asesor castrense que el dictador mantuvo en La Moneda en los últimos años de su régimen. El propio Pinochet, al momento de fallecer, estaba enjuiciado por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en este proceso, por lo que se le había retirado la inmunidad, paso previo a su procesamiento.
La investigación sobre la fortuna de Pinochet se abrió en 2005, tras descubrirse que mantenía cuentas secretas en el Riggs Bank de EEUU y otras entidades, en las que había acumulado desde los años 80 y en las que figuraba con al menos una decena de nombres falsos, una fortuna superior a 26 millones de dólares. De esa suma, según la resolución de este jueves, sólo ha podido acreditar la legalidad de unos seis millones de dólares.
“El origen de 20.199.753,03 dólares no encuentra justificación razonable y todo hace presumir que se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”, puntualiza la resolución. Entre 1973 y 2003, según el dictamen, los ingresos legítimos de Pinochet sumaron 2.146.473.111 pesos (unos 4,20 millones de dólares al cambio actual).
Eso incluye su sueldo del Ejército, dieta como senador, pensión como ex presidente de Chile, honorarios, intereses de capitales mobiliarios, dividendos, préstamos a él y cónyuge, ventas de bienes raíces, ventas de vehículos, devolución de impuestos y viáticos.
Arrestados tres generales
En ese contexto, entre los procesados figuran los generales retirados Guillermo Garín, Jorge Ballerino y Guillermo Letelier, todos ex jefes de la Casa Militar.
También están dos abogados defensores de Pinochet, Gustavo Collao y Ambrosio Rodríguez, quien durante su régimen (1973-1990), fue procurador general de la República, cargo que fue suprimido tras restablecerse la democracia. Tres de los procesados son funcionarios en activo en el Ejército: los coroneles Juan McLean Vergara, ex agregado militar de Chile en Estados Unidos, y Mortimer Jofré, otrora jefe de relaciones públicas de la rama castrense y secretario de Pinochet, además de Mónica Ananías, que fue secretaria privada del dictador.
El juez Carlos Cerda retomó el caso hace una semana, tras un alejamiento de más de un año a causa de recusaciones de la defensa de Pinochet, que lo acusaba de animadversión y parcialidad. En un diálogo con los periodistas, el magistrado afirmó que estando acreditada “con copiosos antecedentes” la existencia del delito, “hay presunciones fundadas, también justificadas en la resolución, en el sentido de que esas personas han tenido participación en ese delito”.
“Nos interesa, como jueces, que la justicia genere paz sobre la base de la verdad”, añadió, y se manifestó esperanzado de que la sociedad “tenga esta posibilidad de acceder a la veracidad de los hechos ocurridos”.
“Nadie está sobre la Justicia”
Según informaron las autoridades, las mujeres procesadas serán recluidas en el Centro de Orientación Femenino y los civiles hombres en dos penales de la capital, mientras que los uniformados cumplirán su detención en un batallón de la Policía Militar. La excepción será Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet, que tras difundirse la información fue ingresada en el Hospital Militar, y según fuentes del tribunal, se le permitirá cumplir ahí su arresto.
“Las policías han hecho su tarea”, afirmó la presidenta Michelle Bachelet al ser preguntada por la resolución judicial. “Esta es una resolución judicial, las policías han cumplido la orden del juez y las personas se encontrarán con el juez”, precisó Bachelet a los periodistas en Valparaíso, donde asistió a la inauguración del II Foro Iberoamericano sobre gobiernos locales.
La mandataria llamó al mismo tiempo a “no especular” y subrayó que “este es un país donde nadie está sobre la Justicia”.