ADDIS ABEBA, 2 (Reuters/EP)
Los Estados miembros de la Unión Africana (UA) han anunciado este martes su intención de reforzar los poderes de este organismo para luchar contra los golpes de Estado y el fraude electoral en el continente. “Debemos decir 'nunca más' al conflicto y a la guerra en África”, subrayó el presidente de Malaui, Bingu wa Mutharika, el nuevo presidente de la UA, el último día de la cumbre anual del organismo en Addis Abeba.
Los golpes de Estado que se dieron en Madagascar (el pasado marzo) y en Mauritania y Guinea (ambos en 2008) han hecho temer a algunos políticos africanos y a inversores internacionales una vuelta a la época en la que las revueltas eran algo habitual en el continente.
“Hemos acordado entre todos un nuevo conjunto de medidas para combatir los cambios de gobierno inconstitucionales”, declaró a la agencia Reuters el comisario de Paz y Seguridad de la UA, Ramtane Lamamara. “Mejorará nuestra capacidad para proteger la democracia”, añadió. Se espera que la UA revele las nuevas medidas la próxima semana.
Lamamra no precisó qué tipo de medidas serán, pero varios diplomáticos presentes en la cumbre dijeron a Reuters que incluirán la capacidad de sancionar a los dirigentes que se nieguen a celebrar comicios o que participen en actividades de fraude electoral.
La cumbre ha estado dominada por el tema de los golpes de Estado y por los conflictos de Sudán, Somalia y República Democrática del Congo, pese a que el asunto central de discusión iba a ser el desarrollo de la infraestructura de las tecnologías de la información en África.
“Debemos declarar la guerra a los cambios de gobierno inconstitucionales en territorio africano y decidirnos a tomar medidas firmes y necesarias contra todos los que dan golpes de Estado y los que les proporcionan los medios para suceder a los gobiernos elegidos”, manifestó el presidente de la UA.
La Unión Africana sustituyó en 2002 a la Organización para la Unidad Africana (OAU), que había sido criticada por acoger en su seno a dictadores y líderes golpistas. La UA ha intentado distanciarse del anterior organismo introduciendo sanciones contra los dirigentes déspotas.
OBSTÁCULOS
Pero en opinión de algunos analistas, la labor de la UA en este aspecto se ve obstaculizada por la burocracia, la falta de fondos y el hecho de que algunos países miembros están gobernados por presidentes que llegaron al poder a través de golpes de Estado.
El dirigente de Libia, Muamar Gadafi --que llegó al poder gracias a un golpe de Estado en 1969--, no consiguió ser reelegido este año como presidente de la UA. Durante su mandato, se enfrentó a menudo al presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, y se negó a criticar a los líderes golpistas.
La carta fundacional de la Unión Africana establece que puede imponer sanciones, como prohibiciones de viaje, en caso de golpes de Estado, pero las medidas que se quieren introducir serán más firmes. Según algunos analistas, éstas se han promovido a raíz de lo ocurrido en Níger, donde el presidente Mamadou Tandja se negó el año pasado a celebrar elecciones, prolongó tres años su mandato y aumentó sus poderes presidenciales en perjuicio del Parlamento.
Aun así, Níger sigue formando parte de la UA y Tandja no ha sido sancionado. “Hay algunos dirigentes cuestionables aceptados en la UA”, declaró a Reuters desde el anonimato un embajador occidental ante el organismo. “Pero son de hace tiempo, como (Robert) Mugabe, de Zimbabue. Ahora, realmente están haciendo el vacío a los nuevos líderes golpistas”, agregó.
De los países que han sufrido golpes de Estado en los últimos años, Madagascar y Guinea son los que siguen sin ser readmitidos en la UA. Mauritania sigue siendo miembro porque la UA opina que en este país “se ha restaurado el orden constitucional”.
Ping advirtió de que habrá consecuencias para quienes ignoren en Madagascar las propuestas de la Unión Africana para que las partes enfrentadas compartan el poder y resuelvan así la crisis política que atraviesa la isla. Las partes tienen un plazo de quince días para aceptarlas. En cuanto a Guinea, la UA ha pedido que se celebren elecciones en un plazo de seis meses.