La asociación Yadey horizontes sin barreras ha presentado denuncia esta semana al Diputado del Común por “incumplimientos y discriminaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hacia las personas con diversidad funcional” en las obras de la plaza Manuel Becerra.
En el documento registrado el pasado jueves, el colectivo afirma que las obras de la mencionada zona pública de La Isleta vulneran los derechos recogidos en la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, firmado y ratificado por el Estado español desde 2008, así como su protocolo facultativo. Del mismo modo, subraya Yadey, se incumple la orden de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
La asociación detalla que las paradas de guaguas y marquesinas carecen de apoyos isquiáticos, útiles para personas con dificultad para sentarse e incorporarse; las escaleras carecen de contrastes y los pasamanos no son continuos; los bancos carecen de apoyabrazos; el pavimento del itinerario peatonal no es antideslizante en seco y en mojado; las áreas de aparcamiento de vehículos para personas con diversidad funcional no tienen las zonas de aproximación reglamentarias, presentando además cuñas de asfalto que podrían provocar el vuelco de sillas de ruedas; tampoco son conformes a la normativa vigente, aseguran desde Yadey, las rampas ni los pasos de peatones del entorno de Manuel Becerra, que carece además de panel de orientación para personas invidentes.
Por otra parte, hay guías táctiles del pavimento con todas las canaletas en la misma dirección que llevan hasta una farola, así como papeleras en zonas no accesibles e incumplimiento en píxeles en la iluminación, según el dosier presentado al Diputado del Común.
La asociación Yadey, que ha trasladado en repetidas ocasiones sus reclamaciones a la Corporación capitalina, además de mantener reuniones con el concejal del distrito, Sergio Millares, y el responsable de Urbanismo, Javier Doreste, no descarta recurrir a la vía judicial.