Canarias necesita más y La Gomera también

Los presupuestos estatales tomaron forma esta semana en medio de un notable revuelo político e informativo, al coincidir con el mes de agosto, época normalmente escasa de noticias. Pero también por venir a frustrar muchas de las expectativas que en las cuentas de la recuperación económica estaban puestas. En esta ocasión los presupuestos tienen dos novedades: son los primeros con los que tendrá que trabajar el nuevo ejecutivo canario. Y además suponen el termómetro que marcará el grado de entendimiento al que, supuestamente, han llegado las administraciones autonómica y estatal tras años de enfrentamientos.

De una primera y segunda lectura no se desprende que el acercamiento Canarias-Estado sea una realidad. Al menos en lo que respecta al capítulo de inversiones se recurre a datos engañosos. Efectivamente se incrementan ligeramente las partidas pero seguimos a la cola de toda España.

Parecía lógico que tras años de recortes salvajes tendríamos la posibilidad de recuperar en 2016 lo perdido en materia de carreteras, costas, desaladoras, infraestructuras educativas, políticas de empleo... Pero mucho tendrá que cambiar el panorama en el trámite parlamentario para solucionar lo que tiene toda la apariencia de ser un desaguisado. La presentación de enmiendas a la totalidad y parciales resultan inevitables, máxime cuando no se atisba una especial predisposición del PP a la negociación.

Ante este desolador panorama los políticos canarios debemos hacer una vez más un esfuerzo para que el Estado visualice las singularidades del Archipiélago. En 2016, al igual que en 2015, en 1974 ó en 1492, se dará la circunstancia invariable de que Canarias es una tierra condicionada por la lejanía y la insularidad, a las que sólo se puede hacer frente con el apoyo decidido del Estado. Las respuestas a esta demanda podrían ser muy variadas, pero bajo ningún concepto es aceptable la ausencia de esfuerzo económico.

Con estos presupuestos en la mano, cada canario está 127 euros por debajo de la media nacional de inversión por habitante. Una brecha que en vez de disminuir se incrementa año tras año, por mucho que se maquillen y retuerzan las cifras. Preocupante y contradictoria es la eliminación por tercer año consecutivo del Plan Integral de Empleo, pese a los alarmantes datos sobre el paro que soportan las Islas, una lacra que afecta a 244.000 canarios. Triste es que este recorte se justifique con el peregrino argumento de que no sabemos administrar los recursos.

Para nuestras carreteras en realidad tan sólo se consignan alrededor de cuarenta millones de euros, de los doscientos comprometidos en el convenio firmado en su día. Estos fondos en su práctica totalidad se dirigen al acceso a La Aldea en Gran Canaria y al cierre del Anillo Insular de Tenerife. Que las islas capitalinas se repartan el grueso de las partidas no evita que tengamos que asistir a la habitual pelea mediática para dilucidar cuál de las dos resulta más favorecida.

En el caso de La Gomera sólo podremos acceder a los presupuestos por medio de dos vías: o a través de partidas genéricas o de convenios ya suscritos. El puerto y aeropuerto son las únicas infraestructuras a las que se hace referencia directa. Aparece una partida de 3,1 millones para sostener las obligaciones de servicio público aéreo, cuando en realidad más útil sería desarrollar una gestión adecuada que permita aumentar las conexiones y frecuencias. En el puerto, como no podía ser menos, se contempla la culminación del acceso del Roque de La Hila.

Cada vez que nos enfrentamos a estas batallas políticas, resulta más clara la necesidad de contar con un Régimen Económico y Fiscal (REF) que no se desgaje en partes y que esté anclado en la Constitución. Con compromisos claros y cumplimientos verificables. Porque la impresión que se extrae tras una lectura detenida de las cuentas es que a una demanda seria y justificada de apoyo firme por parte del Estado, se nos responde con medias tintas y juegos de sombras.