El Cabildo de Lanzarote paga 2,5 millones al influyente empresario Juan Francisco Rosa por un edificio histórico de Arrecife

El Cabildo de Lanzarote pagará 2,5 millones de euros al empresario Juan Francisco Rosa por la compra de El Mercadillo. Esta edificación histórica de Arrecife fue construida en 1806 y está enclavada en la calle comercial más importante de la capital. El gobierno insular, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, acordó la adquisición en una junta extraordinaria el pasado 19 de noviembre. Según el acta, a la que ha tenido acceso este periódico, se trata de una estrategia para impulsar el turismo enogastronómico y el sector primario y agroindustrial de la isla. 

El Consejo de Gobierno aprobó por unanimidad la compra del inmueble, localizado en la calle León y Castillo número 14. La adquisición, tal y como propuso el área de Patrimonio, se hizo mediante el “procedimiento negociado sin publicidad”, al tratarse de una edificación con “valores patrimoniales sobresalientes”. El Mercadillo es propiedad de la empresa BTL Lanzarote S.L., administrada por Juan Francisco Rosa y dedicada a la promoción inmobiliaria y la explotación de instalaciones y negocios de hostelería y turismo. 

Tal y como consta en el acta, el Cabildo insular pagará 2.543.044,81 euros más la cantidad estimada de 178.011,14 euros en concepto de IGIC. El pago se hará a través de dos transferencias bancarias a dos cuentas corrientes diferentes aportadas por el vendedor. Una de 2 millones de euros y otra de los más de 500.000 euros restantes. 

Tanto la sociedad limitada como su propietario fueron investigados en el caso Stratvs, en el que se juzgaba la construcción de una bodega en el Espacio Natural Protegido de La Geria. En una sentencia de 2020, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió a Rosa de los siete delitos que se le imputaban. BTL Lanzarote, encargada de tomar todas las decisiones relacionadas con el complejo Stratvs, también fue absuelta de otros cuatro delitos. 

Rosa es también el propietario de dos de los hoteles ilegales que siguen funcionando en Lanzarote: el Princesa Yaiza y el Son Bou. La concesión masiva de licencias ilegales en los municipios de Yaiza y Teguise dio lugar a la conocida trama Yate, que concluyó con la anulación de 37 licencias correspondientes a 22 establecimientos hoteleros, entre ellos los de Rosa.

El Ayuntamiento de Yaiza concluyó en 2016 que el Princesa Yaiza “no es legalizable”. La corporación municipal emitió un informe desfavorable al proyecto de legalización presentado por la propiedad del hotel y resolvió que la legalización de la edificación era “imposible”. Aun así, sigue funcionando con normalidad.

Entre las razones por las que el hotel es ilegalizable, según explicó entonces el Ayuntamiento, es por haber construido 5.000 metros más de la superficie máxima permitida. Un nuevo comunicado emitido por la corporación en 2021 evidenció que su criterio seguía siendo el mismo: la legalización del Princesa Yaiza seguía siendo imposible si no se derrumba parte del complejo. A pesar de todo, en diciembre de 2023, el Cabildo insular otorgó una autorización turística provisional al complejo turístico, un paso que le permite estar más cerca de ser considerado de gran lujo.

Valor patrimonial y turístico

El acta de la junta de gobierno justifica la compra de El Mercadillo apelando no solo a sus valores patrimoniales, sino también a su valor turístico. Según el documento, el inmueble de la conocida Calle Real “presenta una buena ubicación en relación a todo el turismo de cruceros que recibe la capital, así como también por encontrarse en uno de los centros comerciales más antiguos de la isla”. 

Según la corporación insular, el fomento de la industria agrícola de la isla en ese enclave no solamente sería compatible con los valores patrimoniales del inmueble, sino que “podría repercutir de forma favorable en el mantenimiento y conservación de los valores patrimoniales de la edificación”. 

El 31 de marzo de 2022, tal y como se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el Cabildo de Lanzarote, gobernado entonces por el PSOE, inició los trámites para declarar este edificio Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento. El inmueble fue construido por una familia de agricultores en el siglo XIX. Con el paso de los años se convirtió en un lugar de intercambio cultural, erigiéndose como el primer sitio en el que se visionó el cine en la capital. También allí se organizaron conferencias, conciertos y recitales. 

Con el propósito de conservar este edificio tradicional se abrió el expediente, que justifica además que se trata de “la única muestra de estas características presentes en Lanzarote”. Esta decisión abrió entonces una batalla política entre el Cabildo insular, gobernado en ese momento por la socialista Dolores Corujo, y el Ayuntamiento de Arrecife, liderado entonces por Astrid Pérez (Partido Popular). 

Pérez valoró que declarar BIC a varios inmuebles de la calle Real “tendrá como efecto el deterioro paulatino e irreversible del poco patrimonio que aún queda en pie en la ciudad de Arrecife”. La entonces alcaldesa aseguraba que recurrir “de forma sistemática” a la máxima figura de protección haría inviable que los propietarios pudieran hacer frente a la rehabilitación de los inmuebles.

En esta línea, la exconsejera de Patrimonio Histórico del Cabildo, Ariagona González, explicó que la declaración de BIC no paralizaría la ejecución de las obras: “Tan solo las somete a una autorización previa por parte de la Comisión de Patrimonio Histórico”.