El empresario Luis Lleó, principal acusado del caso Unión de corrupción en la isla de Lanzarote, ha decidido confesar los hechos. Después de interponer decenas de recursos desde la apertura de la investigación, en el año 2009, de cuestionar la instrucción y de intentar tumbar la causa a través de la anulación de la grabación que da origen al procedimiento, el promotor inmobiliario ha reconocido que trató de sobornar a un político, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino, a través de un intermediario, Fernando Becerra, para desbloquear el proyecto urbanístico en el sur de la isla cuya licencia, concedida por el Ayuntamiento de Yaiza, había sido impugnada por la corporación insular.
Según informa La Voz de Lanzarote, Lleó registró el pasado martes un escrito ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que solicita la anulación de la vista oral y un acuerdo de conformidad por su arrepentimiento a cambio de una rebaja en la condena. “De forma expresa se reconocen los hechos objeto de acusación, admitiendo los mismos”, escribe el empresario, que desiste de las cuestiones previas planteadas y de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales.
Lleó había logrado, a través de un auto firmado por Salvador Alba, anular la grabación original, la que captó ese intento de soborno. El magistrado, condenado recientemente por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, expuso en su resolución que esa grabación había sido “preordenada” por la Guardia Civil para obtener pruebas de un delito “que se sabía se podía cometer”. Fue el propio Espino quien registró la conversación, a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) y con un dispositivo facilitado por el cuerpo armado, después de poner en su conocimiento el contenido de la primera conversación con Becerra en la cafetería Unión de Arrecife.
Ese auto de Alba fue finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que avaló la grabación. El fiscal Javier Ródenas señaló que el magistrado lo había emitido pensando en su propia defensa, ya que, por aquel entonces, también estaba siendo investigado a raíz de una grabación subrepticia, la que registró el empresario Miguel Ángel Ramírez en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas.
En la vista de cuestiones previas, Lleó presentó un escrito de 550 folios con 120 peticiones de nulidad. Llegó a impugnar hasta el escudo de los folios en que se imprimieron algunos autos.
Con anterioridad, había presentado incluso una querella -que no fue admitida a trámite- contra el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, al que acusaba de haber manipulado diversas resoluciones en el procedimiento. Entre medias irrumpió en el proceso la asociación de juristas Jiménez de Asúa, que, a pesar de erigirse en acción popular, se alió con la defensa de Lleó para tratar de desacreditar la instrucción y, de hecho, también se querelló contra Pamparacuatro.
Gastada la última bala con la anulación del auto de Alba y después de ver cómo sus reiterados recursos alegando una vulneración de derechos fundamentales han sido sistemáticamente rechazados por los tribunales, el empresario ha decidido dar ahora un giro a su estrategia de defensa y confesar.
Lleó ha pedido a la Audiencia de Las Palmas que convoque a las partes a una vista, “sin necesidad de continuar con la tramitación del proceso y el señalamiento y la formación del jurado”. El acusado se compromete a pagar la cantidad que se le reclame como parte de la condena.
El también abogado se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, una multa de un millón de euros y diez años de inhabilitación por un delito de cohecho continuado. El otro encausado en esta pieza del caso Unión, el también empresario Fernando Becerra, reconoció los hechos en 2014.