Los acusados del caso Stratvs niegan que la bodega del empresario Juan Francisco Rosa haya sido construida en suelo protegido. En la primera sesión del juicio del “mayor atentado medioambiental” que, según el Ministerio Público, ha sufrido Lanzarote, tanto el abogado de Rosa, José Antonio Choclán, como la letrada de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y representante del exdirector general de Urbanismo y de dos técnicos, Ana María Quintana, han sostenido que la declaración de Parque Natural otorgada en 1987 es “inoperante”. El motivo: no haber sido recogida a posteriori en un Plan de Ordenación de Recursos Naturales en el plazo de un año. Quintana ha señalado además que las referencias que hace a La Geria el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote son “insustanciales” y “deficitarias”, pues “no le dedica ni un solo precepto específico”.
Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular han recurrido a la ley 12/1994 de declaración de los espacios naturales de Canarias para contradecir este argumento y han recordado que La Geria está protegida por la Comunidad Económica Europea. Por tanto, “debe prevalecer el Derecho Comunitario”. “El cambio de uso del suelo solo se permite por motivos de salud humana, de seguridad pública o por interés público, pero no es en absoluto el caso de la bodega Stratvs”, ha señalado la letrada de Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, que ejerce de acusación particular.
Prescripción del caso
En la sesión de este martes, dedicada al planteamiento de las cuestiones previas tanto de las defensas como de la acusación, la letrada de los servicios jurídicos del Ejecutivo canario ha pedido la desvinculación del procedimiento del exdirector general de Urbanismo Juan César Muñoz Sosa, acusado por Transparencia Urbanística. Quintana además ha pedido al tribunal que cuestione la legitimidad del colectivo como acusación, que finalmente ha sido admitida por la Sala.
Por otra parte, los representantes de los acusados han solicitado la prescripción de los delitos que se imputan. El letrado de Juan Francisco Rosa, principal inculpado y para quien la Fiscalía pide hasta 15 años de prisión, ha insistido en que el escrito de acusación contiene “una indeterminación total” en cuanto a la datación de los hechos.
“El Ministerio Fiscal asegura que las excavaciones comenzaron en 2003, pero no dice cuándo concluyen. Todo se mete en el mismo saco”, apuntó. En este contexto, Choclán ha planteado la figura de la prescripción al haber pasado más de cinco años desde la inauguración de la bodega, que según Rosa tuvo lugar el 20 de mayo de 2008, hasta que se presentó la acusación formal contra el empresario. “La Fiscalía también afirma que el parking no concluyó hasta 2011, cuando en las fotografías aportadas de la apertura de Stratvs aparece el aparcamiento terminado”, indicó.
A la intervención de Choclán, la Fiscalía ha respondido que “una de las fincas anexas a Stratvs se compró en 2011 para continuar con la ampliación del complejo” que, según el escrito de acusación, en un principio se planteó como la rehabilitación de una vivienda de 900 metros cuadrados y terminó por abarcar 12.000. Asimismo, ha apuntado que se ha solicitado un informe a la Agencia de Protección del Medio Canario Rural para saber exactamente cuándo fue construido el complejo Stratvs. “Evidentemente no se hizo en una noche, fueron años de construcción”, defiende la Fiscalía.
En cuanto al otro de los principales acusados del caso Stratvs, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, la defensa alega la prescripción de los delitos dada su “desvinculación respecto a los hechos que tuvieron lugar después de enero de 2006”. La Fiscalía pide para Armas diez años de prisión por delito de falsedad en documento público, usurpación, delito contra el patrimonio histórico, el medio ambiente, estafa en grado de tentativa y contra la ordenación del territorio. Así como una multa de 50 meses con cuota diaria de 40 euros e inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo durante una década.
Aumenta la pena exigida para Blas Noda
La única modificación en las penas exigidas es la solicitada para Blas Noda, funcionario del catastro de Yaiza en el momento en el que tuvieron lugar los hechos que se juzgan. El Ministerio Fiscal ha planteado el aumento de la pena de dos a cuatro años de prisión y el incremento de la multa de diez meses a doce, con cuota diaria de doce euros por falsedad en documento público cometida por un funcionario. Asimismo, la Fiscalía pide ahora la inhabilitación durante tres años.
A esta solicitud, la defensa de Noda ha alegado que su representado no era funcionario público, sino controlador del paraje de los Ajaches a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. “En el momento en el que sucedieron los hechos, apenas llevaba un año en el puesto”, apuntó la letrada.
El tribunal, presidido por Emilio Moya, ha aceptado toda la documental aportada tanto por la acusación como por las defensas, “con independencia de cuál sea la posterior valoración de la misma”, la inclusión de tres peritos más (dos planteados por la acusación particular y uno por la defensa de Rosa) y ha aseverado que la posible prescripción de los delitos se conocerá en la sentencia. La sesión, que se ha desarrollado durante cuatro horas, se reanudará este miércoles a las 9.15 horas en el palacio de Justicia de Arrecife con la declaración de los acusados.