La Consejería de Servicios Públicos, Industria, Residuos y Aguas del Cabildo de La Palma “dará cobertura a tres empresas y emprendedores con proyectos que se enmarcan en la estrategia de desarrollo industrial de Canarias, mediante su instalación de otras tantas naves industriales, en el polígono del Callejón de La Gata de Los Llanos de Aridane”, informa la primera Corporación en un comunicado. La concesión de estas naves se ha realizado mediante convocatoria pública.
La presidenta insular y el consejero del área, Guadalupe González Taño y Luis Viña, respectivamente, señalan que “tras la realización de un proceso de selección, podrán acceder a estas ayudas una empresa dedicada a la gestión de aceites vegetales usados, otra de fomento de las energías renovables, y una tercera para el embotellado y refermentación de cerveza artesanal”. La adjudicación se realizará por dos años, prorrogable a otros dos, no suponiendo ningún gasto para los emprendedores que accedan a ellas, tan sólo los gastos corrientes.
Estas ayudas se enmarcan en el convenio por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa por razones de interés público al Cabildo de La Palma para la ejecución de la estrategia de desarrollo industrial de Canarias, celebrado entre la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Institución palmera.
En ese sentido, se consideran estratégicas “las empresas y servicios asociados de base tecnológica, agroindustria, energías renovables, logística directa e inversa, sectores de alta y media-alta tecnología, acuicultura y transformados pesqueros, o biotecnologías, entre otras”. Los beneficiarios del programa “acceden a ocupar una nave que cuenta con 219,63 metros cuadrados de superficie construida cada uno·.
Las empresas o emprendedores deberán cumplir con todos los requisitos exigibles a una actividad industrial. Entre otros, tendrán que proceder a legalizar las instalaciones inherentes a la actividad concreta a desarrollar en la nave que le resulte adjudicada, ante la Dirección General de Industria y otras administraciones afectadas en función de su competencia, comprometiéndose a iniciar la actividad en los plazos previstos.