Sobre la elección de los miembros de la Comisión Evaluación

La experiencia en estos dos años y medio en las instituciones me ha mostrado una de sus grandes contradicciones: si por un lado, como ya se venía denunciando desde hace años por parte de los movimientos críticos y de izquierda, buena parte de las decisiones políticas han pasado a estar en manos de supuestos expertos o técnicos, especialmente economistas (lo que algunos han denominado “tecnocracia”), lo cual supone una merma en la democracia, por el otro lado, en ocasiones, somos los representantes públicos quienes vemos que tenemos en nuestras manos la toma de decisiones sobre asuntos que sí serían de carácter más técnico. Así tenemos a técnicos haciendo el trabajo de políticos y a políticos haciendo el trabajo de técnicos.

Hay asuntos como la planificación donde, aunque contengan muchos aspectos de carácter técnico, el aspecto político resulta esencial. Detrás de una determinada planificación hay un determinado modelo de relación del ser humano con el territorio, como también hay un determinado modelo económico; aunque no es algo puramente ideológico, en estos asuntos no se puede ser neutral. El propio hecho de que se plantee una iniciativa en materia de infraestructuras o de urbanismo, implica muchas cosas más, y se haya inserta dentro de unas lógicas que van mucho más allá del esquematismo quasi matemático de si cumple o no determinados parámetros. Ahora bien, más allá del posicionamiento político, fundamentado o no, ante cada proyecto o propuesta, también se requiere un análisis técnico o científico que estudie tanto si resulta o no adecuado y cómo debería hacerse y llevarse a la práctica. Poniendo un ejemplo práctico: un representante político puede tener una buena idea acerca de la necesidad de construir un hospital, pero no puede ponerse a diseñarlo sin los conocimientos en arquitectura o sin contar con el propio sector sanitario que conocerá de primera mano sus necesidades.

En la función pública, la elección de las personas que desempeñen las distintas actividades debe hacerse atendiendo a criterios objetivos, donde se garantice su total independencia, lo cual no significa que esas personas que vayan a desempeñar las actividades no tengan sus propias opiniones y convicciones, como cualquier ciudadano y ciudadana (ninguna persona es neutral, no actuamos de manera robótica).

Los cargos públicos, en cambio, debemos ser elegidos democráticamente por la ciudadanía, y aún existen más ámbitos donde las personas interesadas deberían poder elegir directamente a sus representantes, y no sólo eso, sino tener también la posibilidad de participar directamente en los debates y deliberaciones o en la toma de decisiones.

Todo esto viene a colación del Pleno Extraordinario del Cabildo Insular de La Palma celebrado el pasado jueves 28 de diciembre, donde se eligieron a los miembros de la Comisión de Evaluación Medioambiental que se encargaría de evaluar el impacto y adecuación de los distintos proyectos urbanísticos o de infraestructuras que se van a realizar en la isla, algunos de ellos promovidos o defendidos por la parte política del propio Cabildo Insular.

Si los miembros de la Comisión de Evaluación Medioambiental se eligen a partir de criterios técnicos y profesionales ¿cómo es que se eligen prácticamente a dedo por los representantes políticos en el pleno? No estoy dudando de la profesionalidad de las personas finalmente elegidas, es que simplemente desconozco su perfil técnico y profesional. Por parte del grupo de Gobierno se propusieron los nombres de una serie de personas de las cuales, en la mayoría de los casos, sé su nombre y poco más. ¿Puedo yo o cualquier miembro del pleno sin formación en biología saber qué biólogo o bióloga, qué arquitecto o arquitecta es la más idónea para desempeñar esa labor?.

Se me dijo que yo también podía hacer propuestas de miembros, pero lo que cuestiono es el procedimiento, y la propia idea de que, en una Comisión de Evaluación Medioambiental, sea el Cabildo quien elija a sus propios evaluadores. ¿Ante un examen elegimos nosotros mismos a quienes nos van a evaluar?

Por otro lado, la situación se complica cuando, ante la falta de personal propio en el Cabildo, reflejo de que estamos asumiendo competencias sin tener los medios para ello, se termina recurriendo a personal externo, lo cual obligaría a extremar aún más las precauciones.

Preocupa también determinadas manifestaciones públicas de que la Comisión de Evaluación Ambiental “agilizará” los proyectos estancados en La Palma. Pues miren, si funciona como debiera, los agilizaría o no dependiendo de las características de cada proyecto, se supone que la comisión debe evaluar la adecuación de cada uno de ellos, dando un resultado favorable o desfavorable según el caso concreto, no es un simple trámite para dar el visto bueno a cada uno de los proyectos y que estos sigan su curso. ¿O no?

No estoy diciendo que ante estos asuntos sólo deba tenerse en cuenta la decisión de los técnicos, aún en el caso de que hubiesen sido elegidos de manera completamente independiente a la parte política, los representantes democráticamente elegidos tenemos también nuestros propios posicionamientos y criterios, y en cualquier caso deben crearse espacios abiertos a la participación de la ciudadanía y de los colectivos y personas interesadas, lo otro sería seguir cerrando cada vez más el espacio democrático con la excusa de que los técnicos ya decidieron, y tenemos tristes ejemplos recientes en materia económica tanto en la Unión Europea como en el Estado español. Y también es cierto que existen personas expertas, formadas en las distintas materias y con criterio que, aunque no formen parte de determinados organismos públicos, su opinión debería ser también, al menos, escuchada. Pero cuando hablamos de un organismo público de carácter técnico, formado por profesionales, y que debe evaluar propuestas en las que la parte política puede ser interesada, debe guardarse la más estricta independencia tanto de la parte política de la institución como de cualquier interés privado.

Repito, no estoy cuestionando ni la independencia ni la profesionalidad de las personas propuestas por el grupo de Gobierno, es que simplemente ese es un aspecto que desconozco, pero sí cuestiono completamente el método de selección, donde ni siquiera están claros los criterios, no es esa una tarea que deba ser nuestra, de los representantes políticos.

La experiencia en estos dos años y medio en las instituciones me ha mostrado una de sus grandes contradicciones: si por un lado, como ya se venía denunciando desde hace años por parte de los movimientos críticos y de izquierda, buena parte de las decisiones políticas han pasado a estar en manos de supuestos expertos o técnicos, especialmente economistas (lo que algunos han denominado “tecnocracia”), lo cual supone una merma en la democracia, por el otro lado, en ocasiones, somos los representantes públicos quienes vemos que tenemos en nuestras manos la toma de decisiones sobre asuntos que sí serían de carácter más técnico. Así tenemos a técnicos haciendo el trabajo de políticos y a políticos haciendo el trabajo de técnicos.

Hay asuntos como la planificación donde, aunque contengan muchos aspectos de carácter técnico, el aspecto político resulta esencial. Detrás de una determinada planificación hay un determinado modelo de relación del ser humano con el territorio, como también hay un determinado modelo económico; aunque no es algo puramente ideológico, en estos asuntos no se puede ser neutral. El propio hecho de que se plantee una iniciativa en materia de infraestructuras o de urbanismo, implica muchas cosas más, y se haya inserta dentro de unas lógicas que van mucho más allá del esquematismo quasi matemático de si cumple o no determinados parámetros. Ahora bien, más allá del posicionamiento político, fundamentado o no, ante cada proyecto o propuesta, también se requiere un análisis técnico o científico que estudie tanto si resulta o no adecuado y cómo debería hacerse y llevarse a la práctica. Poniendo un ejemplo práctico: un representante político puede tener una buena idea acerca de la necesidad de construir un hospital, pero no puede ponerse a diseñarlo sin los conocimientos en arquitectura o sin contar con el propio sector sanitario que conocerá de primera mano sus necesidades.