Durante los primeros días de agosto del año pasado, se comunicaba a la opinión pública un hecho que parecía inminente: la creación de un centro de investigación vulcanológica de ámbito nacional con sede en Canarias. Entre las razones que justificaban dicha decisión destaca la circunstancia de que nuestro archipiélago es el único territorio volcánicamente activo de España, así como la necesidad de propagar al conjunto del Estado el papel vertebrador que la Constitución asigna a las instituciones públicas, pues todavía hoy tres de cada cuatro empleos públicos creados por el Gobierno se concentran en Madrid.
Pero lo que parecía un hecho inminente se nos presentaba también como un hecho consumado en lo referente a la ubicación del nuevo organismo, pues tanto la prensa chicharrera como el propio presidente del Cabildo de Tenerife daban ya por hecha su instalación en la isla. Es más, el mandatario tinerfeño no dudaba en felicitarse públicamente involucrando, incluso, al entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al revelar que ambos habían mantenido conversaciones desde hacía “algunos meses” para que el futuro Centro Nacional de Vulcanología (CNV) estuviera en Tenerife.
Sin embargo, por razones que no se nos alcanzan, el acuerdo del Consejo de Ministros que debe iniciar el proceso que describe el Real Decreto 209/2022 para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional aún no se ha tomado, a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 contemplan la creación del centro y consignan, incluso, una partida de cinco millones de euros para su puesta en marcha. No obstante, sí que se inició y culminó dicho procedimiento para los casos de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y la Agencia Espacial Española (AEE), que habían sido anunciadas con anterioridad y cuyas sedes recayeron en las ciudades de La Coruña y Sevilla, respectivamente. En ambos casos, un estudio pormenorizado de los informes de la comisión consultiva –que especifican los criterios que se tuvieron en cuenta para determinar la ubicación de los mencionados organismos–, así como de los dictámenes descartando al resto de aspirantes –que la ley obliga a publicar en el BOE– y los recursos judiciales puestos en marcha por las candidaturas de Granada y Teruel, al entenderse perjudicadas por el resultado, serían de enorme utilidad a la hora de elaborar una propuesta solvente para que La Palma albergue el CNV.
Estos precedentes son de suma importancia, habida cuenta de que, como poníamos de relieve el año pasado, las autoridades palmeras estaban en la inopia cuando se anunció la creación del nuevo centro y solo reaccionaron ante la aparición de cierta portada amarillista que daba por tomada la decisión de emplazarlo en Tenerife. Ese mismo día, 9 de agosto de 2022, las terminales insulares de CC, PP y PSOE emitieron a toda prisa comunicados de prensa en defensa de la capacidad de La Palma para acoger la futura entidad, postura que poco después quedó plasmada en una solitaria declaración institucional del Cabildo. Decimos solitaria porque más de un año después de su aprobación, nadie se ha adherido a ella: ni el Parlamento de Canarias ni el Senado –a quienes se les envió–, ni ninguno de los catorce consistorios de la isla, cuyo apoyo no fue recabado a pesar de que sus impulsores contaban con representación en todos ellos. Tanto es así, que el Ayuntamiento de Tazacorte sacó adelante su propia declaración a raíz de una moción de NC, la cual ni siquiera contó con el voto unánime de todos los concejales, pues fue suscrita por los representantes de NC, CC e IUC, pero no por los del PSOE, quienes de forma inexplicable se remitían a la del Cabido sin plantear siquiera su adopción al resto de la corporación, como si el expediente de esfuerzos para convertir a la isla en sede del Centro Nacional de Vulcanología ya estuviera suficientemente cubierto.
Por su parte, y también en agosto de 2022, los senadores palmeros Asier Antona y Borja Pérez registraron una intrascendente pregunta al Gobierno que este despachó, como era de esperar, remitiéndose una vez más al Real Decreto 209/2022. Más interesante, en cambio, resulta la moción presentada de forma casi simultánea por el Grupo Parlamentario Popular ante la Comisión de Ciencia, Innovación e Universidades de la Cámara Alta para instar la instalación del CNV en La Palma. Tal iniciativa, de nuevo promovida por los mencionados senadores junto a uno de los portavoces del PP en ese órgano, supone un cambio sustancial en la medida en que es algo que va más allá de la acción individual de uno o dos parlamentarios. A nadie se le escapa que la moción de un grupo implica necesariamente una posición de partido que, en principio, todos sus miembros deberían secundar, incluyendo al senador popular por Tenerife Antonio Alarcó, quien era miembro de la antedicha comisión. En todo caso, y de nuevo por motivos desconocidos, la moción no llegó a debatirse en ninguna de las sesiones que tuvieron lugar tras su presentación y terminó decayendo tras la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio, lo que también nos privó de conocer el sentido del voto de los senadores socialistas en caso de que su tramitación hubiera llegado a término.
Por desgracia, la explosión de indignación inicial de los principales actores políticos palmeros que hemos narrado en los párrafos precedentes era a todas luces impostada, pues a ella no siguió ninguna acción relevante en pos del objetivo pretendido. Más al contrario, a partir de ese mismo mes de agosto de 2022, caímos en el acostumbrado sopor de la política palmera que condena a cualquier proyecto, sea grande o pequeño, a languidecer no ya por años sino por décadas hasta su realización parcial o abandono total. Se impuso, además, un inquietante silencio en torno a este tema, tan solo roto siete meses después por la llamativa publicación de un estudio previo (no suele ser habitual que el Cabildo divulgue este tipo de documentos) donde se analizaba muy someramente cuatro posibles ubicaciones para el CNV. Ese inquietante silencio, que no sabemos a qué obedece, se conviritó en atronador cuando constatamos con estupor que el objetivo de que la isla acoga la nueva entidad quedaba fuera de las campañas electorales de los tres principales partidos, tanto en el caso de las elecciones locales y autonómicas de mayo como en el de las generales de julio. Solo Nueva Canarias y MAE, que no obtuvieron representación ni en el Cabildo ni en el Parlamento, recogían de manera explícita en sus programas electorales la apuesta por la candidatura de La Palma.
Con todo, los resultados de las últimas elecciones generales, con su consecuente dificultad para formar gobierno, nos han regalado un tiempo extra que no hemos buscado, ni probablemente merecido después de haber desperdiciado más de un año sin dar pasos tangibles para lograr la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología. Aunque tarde, todavía estamos a tiempo de ponernos manos a la obra, teniendo en cuenta los precedentes de otras agencias y los movimientos que han ido haciendo públicos los promotores de la propuesta rival, quienes a diferencia de nosotros han comprendido la importancia de contar con este organismo y lejos de perder el tiempo se han afanado en que el ministerio les confeccione un traje a la medida de sus aspiraciones. Las de La Palma, por el contrario, parecen haberse quedado petrificadas en aquel mes de agosto de 2022 en el que la hoy consejera de Presidencia del ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, señalaba que “no puede volver a pasar lo que ya pasó con la sede del Instituto de Astrofísica de Canarias”, que es exactamente lo que me temo que va a pasar. Así las cosas, no nos extrañemos de que pronto volvamos a escuchar la excusa de la sombra del Teide.
Sergio Armas Pérez