Izquierda Unida Canaria (IUC) lamenta en un comunicado que “el grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no haya dado hasta la fecha ninguna explicación convincente de por qué se pagaron menús a los afectados (por la erupción) hasta un 667% más caros, dependiendo del establecimiento en que se adquirían”.
En el último Pleno ordinario, y a preguntas del portavoz de IUC, Felipe Ramos, la concejala de Comercio “intentó justificar las diferencias de hasta 19 euros entre menús en el hecho de que 'cada día servía un restaurante y cada día había un menú y un precio.”
Para IUC resulta “increíble que el grupo de Gobierno piense que la administración de los recursos públicos, una buena parte procedente de las tasas e impuestos municipales, se pueda gestionar como un particular o como una empresa privada, en el que cada uno decide dónde comprar. Esta visión surge del desprecio del grupo de Gobierno por los procedimientos de contratación que garantizan los principios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia”.
“Como sucedió en el caso de la retirada de limpieza de cenizas, el grupo de Gobierno adjudicó 'a dedo', sin ningún tipo de procedimiento de contratación, la alimentación de las personas afectadas entre varias empresas, existiendo importantes diferencias entre los 3 euros por menú de establecimientos especializados en comida al por mayor y los 20 o 22 de un restaurante”, subraya.
Por otra parte, IUC, lamenta “la actitud de la alcaldesa, doña Noelia García Leal, en este último Pleno, al aprovechar de forma sistemática su condición de presidenta para intervenir e impedir, cuando se le solicitó por alusiones, que los portavoces de los grupos que habían pedido explicaciones sobre los precios de los menús, pudieran replicar lo expuesto”.
“Todos estos motivos llevan a IUC a plantearse solicitar la comparecencia en el próximo Pleno ordinario de los responsables de estas contrataciones, con el fin de que, en un punto del orden del día, con los turnos de intervención tasados y con condiciones de igualdad, los concejales y concejalas de los grupos de oposición puedan ejercer su labor de control y fiscalización del gobierno municipal”, concluye.