La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha presentado este martes, 15 de febrero, los primeros avances del marco territorial para la recuperación de la normalidad tras el proceso eruptivo a las administraciones y entidades implicadas, en un encuentro de trabajo celebrado en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma, informa en el citado departamento regional en una nota de prensa.
Por parte del Ministerio, asistió de manera telemática al encuentro la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y, de manera presencial, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, David Lucas Parrón. Por su parte, el Gobierno canario estuvo representado por el propio consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena; y su homónimo del Área de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, este último a través de videoconferencia.
Durante el encuentro también participaron el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata; el vicepresidente insular, Borja Perdomo; y los máximos representantes de los municipios afectados por la erupción, entre otros representantes técnicos y políticos.
Tras la reunión, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, David Lucas Parrón, avanzó que uno de los acuerdos que surgió de esta reunión fue que se crearán dos nuevos grupos de trabajo que se dedicarán en exclusiva a las nuevas necesidades que puedan surgir en materia de vivienda y carreteras y que se acompasarán con la planificación estratégica que está desarrollando el Gobierno autonómico.
Por su parte, José Antonio Valbuena recalcó que el objetivo de este proceso de reconstrucción es “mejorar lo que existía antes en la zona de la erupción volcánica” y explicó que su departamento ya avanzó una parte importante del trabajo mientras seguía el volcán activo, diseñando la metodología de trabajo, recopilando los primeros datos urbanísticos y planificando las primeras acciones que se desarrollarían tras el fin de este proceso.
“Una vez concluida esta fase, las empresas públicas de esta Consejería (Grafcan, Gesplan y Gestur), las universidades canarias y otras entidades científicas han desplegado diferentes labores de cartografía y apoyo tecnológico, identificación de necesidades y riesgos posteruptivos, entre otros, que ya están dando sus frutos”, añadió Valbuena, quien además resaltó que el papel de la ciudadanía en todo este proceso de reconstrucción será fundamental.
También intervino Borja Perdomo, quien expuso que se han registrado un total de mil solicitudes de vivienda y subrayó que es vital dar solución a las comunicaciones de la Isla porque La Palma ha quedado dividida en dos por el proceso eruptivo. En esta línea, el vicepresidente insular señaló que la carretera de la costa es necesaria y que hay que darle un impulso entre todas las administraciones para que sea una realidad lo antes posible.
Por último, Sebastián Franquis subrayó que es fundamental que todas las actuaciones que se decidan en los diferentes grupos de trabajo deben de contar con todas las garantías jurídicas. “Todos tenemos claro la urgencia de intervenir en la carretera de la costa o en la creación de nuevas viviendas, pero todas las decisiones que tomemos ahora deben de contar siempre con el amparo jurídico necesario para que todas estas actuaciones sean un éxito”, señaló Franquis. “La futura carretera de la costa, que se está proyectando ahora, puede superar los 40 millones de euros de inversión, mientras que en vivienda también se invertirá mucho dinero, lo cual nos da a entender que es fundamental la creación de los dos grupos que se ha decidido hoy ya que debemos actuar en la reconstrucción con absoluta solvencia tanto técnica, como jurídica”.
La metodología que se está llevando a cabo en el futuro marco territorial para la ordenación del Valle de Aridane se basa en la Evaluación de Necesidades Post Desastres (PDNA) y el Marco de Recuperación de Desastres (DRF), ambos documentos elaborados por las Naciones Unidas.