El Grupo Parlamentario Podemos va a presentar este jueves ante la Fiscalía una denuncia para que se investigue el sobrecoste de un 67,4% en el proyecto de acondicionamiento de la carretera del norte de La Palma que conecta Los Sauces y Cruz del Castillo.
La formación morada denuncia al exconsejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en el periodo 2011 y 2015, Domingo Berriel, y a los técnicos de la Comunidad Autónoma por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Así lo han expuesto a los periodistas la portavoz parlamentaria, Noemí Santana, y el diputado Manuel Marrero, quienes han insistido en la “mala praxis” en la ejecución de este proyecto y en que el actual consejero regional, Pablo Rodríguez, ha preferido “mirar hacia otro lado”.
Según recoge la denuncia, el contrato fue adjudicado el 7 de mayo de 2007 a la UTE Acciona Infraestructuras-Horpa-Lopesan asfaltos y construcciones por 32,4 millones y un plazo de ejecución de 40 meses, con inicio de las obras en agosto.
Posteriormente, el 22 de marzo de 2010, el órgano de contratación autorizó un primer modificado que elevaba el presupuesto hasta los 38,8 millones (un 19,8% más), y el 23 de noviembre de 2011 se adjudican a la misma UTE obras complementarias por el sistema de negociado sin publicidad por importe de 15,4 millones.
Según la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, este no era el procedimiento adecuado y sería nulo de pleno derecho, ya que había una modificación clara del contrato inicial.
De hecho, el 31 de mayo de 2012, se autoriza la redacción de un segundo proyecto modificado -aprobado finalmente el 16 de junio de 2014- que reduce el ámbito de la obra un 33,2%, de los 23,5 kilómetros iniciales a 15,7 kilómetros, si bien el presupuesto se mantiene igual y el plazo límite de finalización de obras en el 31 de diciembre de 2014.
Así, según un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, la suma de los dos proyectos modificados más las obras complementarias suma un sobrecoste del 67,4%, se han fijado precios incorrectos y “no es posible” analizar la relación entre las obras y su abono.
“De todo ello se extrae la conclusión de que las distintas modificaciones no debieron ser aprobadas y que lo correcto hubiese sido la resolución del contrato y la realización de otro concurso acorde a un nuevo proyecto de obra”, reza el informe.
Marrero ha comentado que esta obra está siendo un “sumidero por donde se va el dinero público”, pues hay más de 20 millones de euros “sin justificar”, y su grupo no quiere ser “cómplice” de que los recursos “se pierdan de forma perversa”.
Solicitan documentación de los últimos 10 años en Canarias
Ha señalado que, paradójicamente, empezaron a investigar cuando el actual consejero abrió un expediente al llegar al cargo por “graves irregularidades” en el proyecto, si bien después hizo “dejación” al dejarlo caducar.
En esa línea, ha comentado que CC “no ha hecho nada” ni tampoco el PSOE, ya sea “por acción u omisión”, pues gestionó la Consejería en la primera parte de esta Legislatura, mientras que al PP solo le ha preocupado que se ampliara la rotonda de Barlovento.
Marrero ha dicho también que el hecho de que la Consejería “aún no sepa el coste final de la obra” es “una más” del Gobierno, de ahí que su formación haya solicitado toda la documentación relativa a los contratos de obra pública en Canarias en los últimos diez años, incluyendo los contratos iniciales y sus sobrecostes correspondientes.
Santana ha señalado que si finalmente se pone en marcha la Oficina Antifraude tal y como se ha comprometido el presidente canario, Fernando Clavijo, se “podrán detectar” proyectos como el de la carretera del norte de La Palma, pues se activa un sistema de alertas tempranas que puede empezar a investigar posibles delitos.