El grupo local de Amnistía Internacional organiza en la Isla una nueva jornada de ‘Ciudades por la vida, contra la pena de muerte’, una iniciativa que se celebra a nivel mundial este lunes, 30 de noviembre. En La Palma, el acto tendrá lugar, a partir de las 19.30 horas, en Breña Alta, que iluminará la fachada del Ayuntamiento. Después de la lectura de un manifiesto, cerrará el acto el cuarteto dirigido por Luis Martín Mesa.
Amnistía Internacional y la Comunidad de Sant'Egidio organizan la 13ª edición de la iniciativa ‘Ciudades por la Vida en la que iluminan edificios representativos de todo el mundo para mostrar el rechazo a la pena capital.
Del 27 al 30 de noviembre más de 2.000 ciudades en todo el mundo, desde Montreal a Berlín, pasando por Ginebra, Lisboa, Riga, París, Roma o Manila iluminan edificios representativos para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la pena de muerte. En España, Madrid, Barcelona, Castellón, Oviedo, Málaga o San Sebastián se suman a esta iniciativa.
La pena de muerte en 2015
2015, según informa Amnistía Internacional (AI), no está siendo un buen año en la lucha contra la pena de muerte. En Arabia Saudí están en riesgo de ejecución inminente 50 personas, que podrían sumarse a las más de 150 ya ejecutadas en lo que va de año, un aumento de la aplicación de la pena capital en relación con las 92 ejecuciones de las que se tuvo noticia en 2014. Entre los condenados que podrían ser ejecutados están los casos de Alí al Nimr y otros dos jóvenes activistas condenados a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad por los que Amnistía Internacional está en campaña. El derecho internacional prohíbe la imposición de la pena de muerte a personas menores de 18 años. También en este país, la organización trabaja para detener la ejecución de Ashraf Fayadh, un joven poeta palestino condenado a muerte por hacer público su ateísmo.
Irán es otro de los países que registra un incremento de las ejecuciones en 2015 y, de seguir al ritmo actual, podría superar el millar este año, más del triple de ejecuciones oficiales que en 2014. En estos momentos, Amnistía Internacional está pidiendo a las autoridades que no ejecuten a Salar Shadizadi, condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad.
También, dice AI, es “especialmente preocupante que en Pakistán detuvieran la moratoria en las ejecuciones hace menos de un año y que en este tiempo hayan ya ejecutado a 300 personas”.
Por último, es necesario recordar que China sigue ejecutando a más personas que el resto de los países del mundo juntos, aunque se desconoce el número exacto, puesto que los datos al respecto se consideran secreto de Estado.
A pesar de estas malas noticias, en 2015 hay motivos para el optimismo. Son 101 los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 140 -de los 193 países miembros de Naciones Unidas- la han abolido en la práctica.
También es positivo el avance de la Resolución por una Moratoria Universal de la Pena de Muerte votada por quinta vez en Naciones Unidas con 114 estados que han votado a favor -3 más que hace dos años.
La lucha contra la pena de muerte y Ciudades por la Vida
La Jornada Mundial ‘Ciudades por la vida’ es una iniciativa internacional emprendida por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional, junto con alrededor de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo. El 30 de noviembre se conmemora el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte en el mundo, que llevó a cabo el Gran Ducado de Toscana en 1786. La Jornada Mundial se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo. Cerca de 80 ciudades participaron en la primera edición del año 2002. Un número que ha ido creciendo en la última década hasta las más de 2.000 que participan este año.
La Comunidad de Sant'Egidio y Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción y con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito. Ambas organizaciones consideran que la verdadera solución pasa por abordar de una manera efectiva los problemas del sistema de justicia penal, una actuación policial efectiva, la celebración de juicios justos, mejoras en educación y el pleno respeto a los derechos humanos, son la clave para reducir los índices de delincuencia.