Este lunes, 28 de mayo, la Coalición por la Energía Comunitaria lanza una campaña con el objetivo de reclamar al Gobierno un impulso decidido a las comunidades energéticas. Bajo el lema “Enciende la Energía Comunitaria”, más de treinta organizaciones, entre ellas comunidades energéticas, se dirigen a la ciudadanía para pedir su apoyo y presionar al Gobierno con el fin de avanzar hacia una transición energética en manos de las personas, informan en nota de prensa.
En el contexto actual en el que la transición ecológica desempeña un papel central en las políticas del Gobierno, las comunidades energéticas son una pieza clave para acelerar la descarbonización de la sociedad y la economía y avanzar hacia un modelo energético justo basado en fuentes de energía renovable.
Con la campaña Enciende la Energía Comunitaria la coalición busca concienciar a la ciudadanía sobre la urgencia de multiplicar las comunidades energéticas por toda la geografía española. Para este fin están recabando firmas para exigir al Gobierno un mayor apoyo para la creación de estas comunidades, tanto en su financiación como en el asesoramiento necesario para que la ciudadanía las impulse. Asimismo, proponen eliminar las barreras en la distribución y los trámites burocráticos que, de facto, impiden el avance necesario de las comunidades energéticas.
El modelo energético actual, en manos de grandes empresas, no sólo es injusto con las personas, sino que agrava la crisis climática y energética. La continua subida del precio de la energía a lo largo de los últimos años es una de las principales causas de la pobreza energética: ocho millones de hogares no pueden mantener sus casas a una temperatura adecuada. Con esto se demuestra que el acceso a la energía, que debería ser un derecho fundamental, sigue siendo un privilegio para unos pocos.
Las comunidades energéticas permiten que la ciudadanía produzca, gestione y consuma su propia energía renovable sin necesidad de depender de las multinacionales de la energía. Esto se traduce en un beneficio incalculable para la ciudadanía: relocalizan el empleo, aumentan la resiliencia comunitaria frente a las crisis energética y climática, pueden llegar a ser herramientas de lucha contra la pobreza energética y a su vez regeneran la economía social y solidaria local.
“Avanzar hacia una transición energética basada en energía limpia es un reto a todos los niveles y no podemos permitirnos dejar fuera a un agente clave como la ciudadanía. Fomentar la energía renovable de forma descentralizada y democratizar el modelo energético es una garantía para hacer frente a la crisis climática y no depender de la especulación del mercado energético”, señalan desde la coalición.
Según un estudio sobre el potencial de la energía comunitaria en España, si se establecieran 8.000 comunidades energéticas, una por cada municipio y más en grandes ciudades, se podría cubrir la demanda eléctrica del sector doméstico y terciario.
Las comunidades energéticas deben facilitar la plena participación en igualdad de condiciones de la ciudadanía en el sector energético. Desde la producción y comercialización hasta incluso la distribución.
Por todo ello, la coalición insta al Gobierno a impulsar la creación de comunidades energéticas, y priorizar a la ciudadanía frente a las grandes empresas, a través de las siguientes medidas:
1. El aumento de la financiación para el impulso real de las comunidades energéticas de base ciudadana. Esta financiación debe ser de fácil acceso, con criterios de equidad y cubrir el 100% del proyecto. Además, debe establecer dos líneas prioritarias:
• El impulso a las figuras de asesoramiento para la creación de comunidades energéticas como las Oficinas de Transformación Comunitaria;
• La creación de una comunidad energética por cada municipio, involucrando a los ayuntamientos.
2. La ruptura del oligopolio energético y la regulación para evitar situaciones similares a las actuales con un mercado eléctrico dominado por un pequeño número de empresas. Se necesitará una mayor protección jurídica para la figura de las comunidades energéticas de base ciudadana a través de:
• La prohibición de que una misma empresa o grupo empresarial, a partir de cierto tamaño, pueda estar integrado verticalmente en la cadena de valor al realizar actividades simultáneas de generación, distribución y comercialización de energía;
• La prohibición de la participación de entidades que dispongan de una cuota de mercado de un 10% en cualquiera de los mercados o sistemas energéticos;
o Una auditoría ciudadana de todas las redes de distribución, pudiendo recopilar todas las inversiones y proyectos realizados, que permita establecer necesidades de acceso y conexión de las comunidades.
3. El cumplimiento del mandato de las Directivas Europeas a través del cual se otorgan derechos a las comunidades energéticas para gestionar las redes de distribución.