El experto vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos, José Luis Barrera, lamenta la pérdida de casas, negocios, plantaciones y, en definitiva, de la vida diaria de muchos de los afectados y afirma que podría haberse evitado, porque asegura que existen “documentos oficiales en el Cabildo” que afirman que la ladera de Cumbre Vieja, donde emana el volcán y no tanto en el este de la isla, hay riesgo evidente de erupción volcánica.
“Las administraciones podrían haber evitado que muchas personas se quedaran sin sus viviendas, sobre todo las construidas de 50 años para acá, porque se sabía que iba a salir el volcán”, denuncia.
Ahora, asegura que los municipios tendrán que modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y recalificar los terrenos y ya “probablemente no dejen construir en la ladera”. Pero admite que no es fácil establecer dónde construir un pueblo para más de 4.000 habitantes.
Barrera compara este caso con las inundaciones recurrentes, que en repetidas ocasiones se llevan casas construidas en ramblas y apela a las largamente reclamadas reivindicaciones de los geólogos que apelan a la prevención con edificaciones que respeten los riesgos geológicos y meteorológicos.
El terreno ganado al mar será propiedad del Estado
El terreno que la lava del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma gane al mar será automáticamente dominio público marítimo terrestre, es decir, propiedad del Estado, mientras que las propiedades sepultadas en tierra firme por la colada magmática seguirán siendo privadas. No obstante, el Estado está obligado a proteger este nuevo bien que forma parte del patrimonio geológico y por tanto sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que este podrá o no expropiar tales propiedades.
De acuerdo con la Ley de Costas, pertenecen al dominio público marítimo terrestre estatal los terrenos o islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en las aguas interiores de los ríos, hasta donde se hagan sensibles las mareas. Por tanto, estos terrenos que previsiblemente ganará el dominio público marítimo terrestre serán inalienables, imprescriptibles e inembargables.
En tanto en cuanto estos bienes son públicos, la Constitución Española establece asimismo que tanto la zona marítimo-terrestre, igual que las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, están regulados por la Ley de Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional para su administración, defensa y conservación.
Del mismo modo, en el marco de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007, las nuevas formaciones geológicas forman parte del patrimonio, de modo que se establece la obligación de su protección con alguna de las distintas figuras.
En concreto, reconoce el valor patrimonial de la variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra; así como las formas geológicas únicas, de especial importancia científica y que son representativos de la historia evolutiva geológica.
Del mismo modo, incluye como parte del patrimonio geológico a las formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten estudiar el origen y evolución e la Tierra así como sus paisajes.
Sin embargo, el experto vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos, José Luis Barrera, ha explicado que los terrenos privados que queden debajo de la colada volcánica seguirán siendo de sus propietarios. “Solo será automáticamente del Estado el nuevo terreno que se genere si la lava llega al mar. Entonces ese terreno será de dominio público”, precisa.
Sin embargo, los dueños de las propiedades sepultadas ya no podrán volver a construir sobre ellos, a no ser que se modifique lo que es patrimonio geológico o histórico y “probablemente” estas hectáreas engullidas por el volcán serán declaradas zona protegida.
Asimismo, el geólogo precisa que la Ley del Suelo en vigor establece que la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.
De este modo, comenta que ahora está en el tejado de las administraciones qué hacer con estas propiedades, si intercambian los terrenos a sus propietarios con otros nuevos, si construyen una nueva aldea o pueblo para reubicar a los afectados, en definitiva, señala que queda un proceso “complejo” por delante.
A su juicio, lo más “barato” es construir una pequeña aldea nueva, con casas nuevas y que se otorguen metros cuadrados similares a los que tenían previamente los propietarios.
Si bien, advierte: será muy importante determinar dónde se establece de nuevo la población porque “al lado del Cumbre Vieja saldrá otro volcán”. “Esta no va a ser la última erupción, puede volver a producirse dentro de, por ejemplo, 20 años, porque el manto terrestre está muy cercano a la superficie, a unos 15 kilómetros de profundidad”, insiste Barrera, que compara la distancia al manto terrestre en las islas occidentales de Canarias con, por ejemplo, los sistemas volcánicos del Campo de Gibraltar, donde la corteza terrestre es de unos 35 kilómetros de espesor.