El Ministerio de Inclusión Social financia en estos momentos 5.748 plazas de acogida de inmigrantes en Canarias, el doble que a principios de mes, de las que casi 4.500 están en doce complejos turísticos, un 78,28%, según datos facilitados a Efe por ese departamento gubernamental.
En su comparecencia del 7 de octubre ante el Congreso, antes de viajar Canarias, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó ante los diputados que en ese momento tres de cada cuatro plazas de acogida para inmigrantes en España estaban volcadas en las Islas, cuando a comienzos de año estas disponían de poco más de un centenar. Se trataba, en concreto, de 2.698 plazas de acogida humanitaria en Canarias sobre un total de 3.450.
Para llegar a esa cifra, el Estado había contado con la colaboración de recursos cedidos por el Gobierno de Canarias, algunos cabildos y varios ayuntamientos, pero el gran salto se dio convirtiendo en albergues de acogida complejos turísticos enteros que estaban cerrados debido a la crisis desatada por la COVID-19.
El primero de ellos fueron los apartamentos Vistaflor, en el campo internacional de Maspalomas (Gran Canaria), que permitieron dar un alivio transitorio al campamento de emergencia del muelle de Arguineguín cuando este sufrió la primera crisis de saturación. Gracias a esta iniciativa, ese complejo sacó del ERTE a medio centenar de empleados y volvió a facturar con sus proveedores, en una situación que se ha repetido, con diferentes cifras en cada caso, en otros establecimientos turísticos convertidos transitoriamente en albergues de acogida humanitaria.
El día que Escrivá ofreció esos datos al Congreso, el flujo anual de inmigrantes a Canarias acababa de rebasar los 6.000. Cerca de 2.000 fueron derivados en esas semanas a complejos turísticos. Tres semanas más tarde, las llegadas superan las 11.000, el muelle de Arguineguín ha acogido algunos días a cerca de 1.400 personas (el triple de lo que alarmaron a las instituciones en septiembre) y las plazas de acogida se han duplicado, hasta habilitar doce complejos turísticos como albergues humanitarios.
Dos días después de comparecer en el Congreso, Escrivá visitó Arguineguín. El ministro no solo reconoció que pisar el muelle (con desembarco incluido de inmigrantes de un barco de Salvamento mientras él estaba allí) le había mostrado la dimensión real del problema, sino que enfatizó que el recurso de las plazas turísticas debía necesariamente transitorio, por varias razones.
La primera, por el coste de esas plazas (que aún se no ha hecho público); la segunda, porque el sector vacacional podía reactivarse en la temporada de invierno (cosa que empieza a ocurrir, con el regreso de británicos y alemanes), y la tercera, porque estaba trabajando en alternativas con Defensa y la Sareb, el llamado “banco malo” que absorbió activos inmobiliarios de la recesión de 2008.
En aquel momento, Escrivá explicó al Congreso que estaban gestionando en las islas poder disponer de hasta 1.800 plazas potenciales en 380 viviendas de la Sareb y varios espacios militares, aunque sobre estos últimos advirtió de que se estaba topando con dificultades para conseguir su cesión.
El Ministerio de Defensa confirmó este miércoles que cede tres espacios en Canarias para acoger migrantes: el cuartel de Las Canteras, en La Laguna (Tenerife); unas instalaciones en Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria; y El Matorral, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), que necesitan obras de adaptación.
Este último cuartel ya fue un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en la crisis de los cayucos de hace quince años, pero quedó sin uso como tal en 2012 y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo cerró en 2018, justo antes de reactivarse la Ruta Canaria, tras cuestionar los gastos que se habían dedicado a esa instalación durante años enteros que estuvo vacío.
El Ministerio de Migraciones y el Gobierno de Canarias han anunciado reiteradamente su deseo de poder contar con El Matorral de nuevo, pero no como centro de retención, sino de acogida.
Después de 29 días consecutivos con llegada de pateras en los que se rescató a más de 5.300 personas (del 28 de septiembre al 27 de octubre), Canarias ha encadenado dos jornadas seguidas sin embarcaciones de inmigrantes en su costa, lo que ha permitido al Ministerio de Inclusión y la Cruz Roja aliviar la situación del muelle de Arguineguín, donde las personas acogidas bajo tiendas de campaña han bajado de 1.400 a poco más de 600.
Ese campamento se montó con vocación de temporal el 20 de agosto y, desde entonces, se ha convertido en pieza imprescindible de la operativa en esta crisis, ya que los migrantes son allí filiados por la Policía según bajan del barco de Salvamento, se someten a las pruebas de coronavirus y esperan a que se les asigne un recurso de acogida (a veces durante varios días).
Aunque todo el mundo reconoce los esfuerzos que hace la Cruz Roja por tratar allí con dignidad a quienes llegan en patera, su nivel de hacinamiento ha llevado a que el propio ministro Escrivá, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, o el juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, hayan admitido (y en el último caso denunciado públicamente) que el muelle de Arguineguín no reúne las condiciones mínimas para ofrecer los servicios que se han concentrado bajo sus carpas.
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