''La policía solo me preguntó mi nombre, nada más. Dije que tenía 17 años, pero estoy durmiendo en una tienda con los adultos. Hace mucho frío. Van a intentar trasladarme con los otros menores, pero tengo que esperar'', relató Lamin (nombre ficticio) a Amnistía Internacional. El joven nació en Gambia y llegó solo a Canarias en un cayuco. Ahora permanece en el campamento de acogida de adultos de Las Raíces, en Tenerife. La organización ha denunciado este viernes, tras una visita a Tenerife y El Hierro, la presencia de menores migrantes no acompañados en centros para adultos.
Según Amnistía, 12 de las 29 personas entrevistadas por la organización estaban en centros de acogida para personas adultas a pesar de tener entre 15 y 17 años. La entidad insiste en que todas ellas estuvieron bajo custodia policial después de llegar a las islas, ''permaneciendo varios días detenidas'' junto a personas adultas en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde los migrantes pasan un máximo legal de 72 horas. ''No habían recibido ningún tipo de medida de protección adicional según obliga el derecho internacional de los derechos humanos'', denuncian.
''Viajo sola, no conozco a nadie en Europa. He venido porque quiero ser costurera, y ayudar a mi madre, porque tengo cuatro hermanos pequeños en Gambia. Al llegar, cuando la policía me preguntó, le dije a la intérprete que era menor, pero ella me dijo que era mentira, que yo tenía 19 años. Estuve en el CATE dos días, había hombres, mujeres, todos mezclados, solo un baño. Yo tenía que dormir en el suelo porque no había camas suficientes. Ya le he enseñado a la trabajadora social mi certificado de nacimiento para que puedan llevarme a un centro para menores“, relató a Amnistía Amie*, de 17 años.
Entre agosto y octubre de 2023 han llegado a Canarias 4.700 menores no acompañados. Todos ellos están bajo tutela del Gobierno de Canarias, que ha creado en los últimos meses 18 nuevos dispositivos de emergencia para acoger a los jóvenes. En total, el Archipiélago cuenta con 54 recursos para menores. Según los datos ofrecidos por la Fiscalía de Extranjería a Amnistía Internacional, 2.791 personas están pendientes de las pruebas de determinación de la edad. De ellas, 811 están en la provincia de Las Palmas y 1.980 en la de Santa Cruz de Tenerife.
''Se continúan realizando pruebas médicas sobre la determinación de la edad incluso cuando los y las menores aportan documentación que lo corrobora'', denuncia la organización, que defiende que estos test solo se hagan si hay serias dudas sobre la edad de un menor y no se disponga de documentos u otras pruebas.
Amnistía recuerda que el Comité que vela por el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño ha recordado a España en otras ocasiones que ''mientras el proceso de determinación de la edad esté abierto'' debe otorgarse a las personas el beneficio de la duda y presumir su minoría de edad ''prevaleciendo el interés superior del menor''.
''Los Estados deben nombrar a un representante legal e intérprete para todas las personas que aleguen ser menores de edad, deben abstenerse de realizar pruebas médicas innecesarias cuando existe documentación probatoria de su edad, y solo debe procederse a una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño o de la niña cuando no exista dicha documentación'', insisten.
Además, advierten que la evaluación debe realizarse por pediatras y especialistas, sin injerencias o violaciones a su derecho a la intimidad y a su dignidad. ''Igualmente, debe garantizarse el derecho de pedir asilo a los niños y niñas que lo deseen, y en estos casos además de asignarles un tutor legal, debe garantizarse también la representación legal'', subraya la organización.
Amuletos y móviles
La organización ha detectado, dos años después de la anterior emergencia humanitaria que atravesó Canarias, que ''continúan sin solucionarse aspectos clave para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas'', en especial, de los menores que viajan solos.
Amnistía ha denunciado también que la Policía arrebata a los menores todos sus efectos personales, incluyendo amuletos y teléfonos móviles. ''La policía me detuvo durante tres días, me quitó el teléfono y nueve días después aún no me lo han devuelto.
Cuando me preguntaron la edad les dije que tenía 16, pero me llevaron detenido junto al resto. Una trabajadora del centro me ha dicho que necesito presentar mi certificado de nacimiento, pero no he podido pedirlo porque sin teléfono no me he podido comunicar con mi familia“, relató un senegalés.
Asimismo, la organización ha denunciado la falta de información que reciben los migrantes. ''Ninguna de las personas entrevistadas contó con asistencia letrada, un derecho que durante varias semanas no se ha garantizado en los CATAE de Santa Cruz de Tenerife y El Hierro. Transcurrido este tiempo, cuando finalmente se ha producido, se ha realizado sin la comunicación adecuada, dada la falta de intérpretes suficientes'', aseguran.
Un grupo de cinco malienses aseguró a la organización que, aunque tenían intención de solicitar asilo, al llegar a puerto solo se les solicitó su nombre y ''algún dato más''. No tuvieron asistencia letrada ni información individualizada en su idioma.