Arguineguín, el campamento donde la vulneración de derechos de los migrantes no fue delito

Nada de lo que pasó en el campamento precario de Arguineguín fue delito. Ni la retención de miles de migrantes bajo custodia policial durante semanas, sobrepasando el máximo legal, ni la ausencia de duchas, agua potable suficiente o de un espacio digno en el que dormir. La Audiencia Provincial de Las Palmas dio este lunes el carpetazo definitivo a la denuncia contra el hacinamiento de personas en este muelle en noviembre de 2020. El auto concluye que las condiciones del campamento eran pésimas, pero sostiene que las personas que estuvieron en él pueden considerarse “afortunadas” por sobrevivir a la travesía más mortal del mundo y por recibir asistencia de Cruz Roja y el Estado. 

La Audiencia provincial justifica que la “penuria” que pasaron las personas llegadas en patera a Gran Canaria no responde a una “actuación voluntaria y arbitraria de las autoridades para vulnerar los derechos de las personas migrantes”, sino a una falta de recursos. “Las políticas inhumanas nunca deberían quedar impunes”, respondió la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a esta resolución. Las personas que pasaron por el campamento de Arguineguín vivieron la falta de asistencia letrada, las condiciones insalubres o la no identificación de perfiles vulnerables como menores no acompañados o solicitantes de asilo. Por todos estos episodios, el puerto fue bautizado entonces como “el muelle de la vergüenza”. 

Salah es uno de los jóvenes marroquíes que pasó por ese muelle. Aunque el campamento tenía capacidad para 400 personas, convivió dos semanas con más de 2.000. Durante dos semanas durmió sobre el asfalto abrigándose con los cartones que quedaban de las cajas de alimentos o de los medicamentos. Algunas noches también dormían rodeados de ratas. Para desayunar, almorzar y cenar las únicas opciones eran bocadillos de atún y millo o de pollo y un zumo envasado. A veces, los voluntarios no daban abasto con el reparto y se solapaban las comidas. Ahmed, otro de los hombres que pasó por este recurso, recuerda que él y sus compañeros tenían que repartir doce garrafas de ocho litros entre las 110 personas de su carpa. 

Falta de asistencia letrada 

Decenas de personas vieron vulnerado su derecho a recibir asistencia letrada en las primeras 72 horas desde su llegada. Los migrantes recibían órdenes de expulsión sin haber hablado antes con ningún abogado. Entonces, algunos letrados justificaron que se limitaban a firmar el papel que les daba la Policía sin entrevistarse con los migrantes por la “insalubridad del muelle”. 

El Colegio de Abogados de Las Palmas elevó una queja sobre esta falta de garantías en la asistencia letrada a las personas migrantes, denunciando que estas no eran informados de sus derechos y tampoco tenían a nadie que les guiara durante el proceso. Con esto, el Defensor del Pueblo abrió entonces una investigación. 

Estas carencias provocaron el internamiento en el CIE de Barranco Seco de personas de Malí, a pesar de proceder de un Estado en guerra. Entre ellos, un joven albino que “pasó desapercibido” en Arguineguín. Para él, regresar a su país suponía un doble riesgo. Allí las personas albinas sufren persecución con el fin de utilizar partes de su cuerpo en rituales, al creer que tienen propiedades mágicas. También pasaron inadvertidos en el puerto menores no acompañados y personas solicitantes de protección internacional como Ashim: “No podía decir que era marroquí y gay delante de tanta gente”. 

Oleada de racismo

El hacinamiento de miles de personas en el puerto, sin posibilidad de salir siquiera a pasear por las calles del municipio, generó en la población local una sensación de amenaza. A esto se sumó la imposibilidad de los periodistas y fotógrafos de transmitir desde cerca las condiciones del campamento, conocer los testimonios de quienes allí permanecían, así como su estado de salud. 

El profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna José Antonio Batista explicó a este periódico que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19, unida a “la falta de previsión de las administraciones competentes ante el aumento del flujo migratorio”, provocó que “ver personas tiradas en un muelle” generara “miedo en lugar de rabia o empatía”. Los brotes xenófobos derivaron en persecuciones de migrantes con machetes y con agresiones en las calles. 

Uso político 

Tampoco tardó en llegar el uso político de la crisis de acogida que vivieron las islas entonces. Por Arguineguín aparecieron políticos de diferentes formaciones. Entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá; el líder del PP, Pablo Casado, la diputada de Vox Rocío de Meer o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. En su paso por el puerto, Casado aprovechó para vincular la inmigración con la caída del turismo que sufrió el Archipiélago por la crisis del coronavirus. “La crisis migratoria es la puntilla para el turismo y el empleo”. Este discurso lo reprodujo también la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas: “¿Tú irías de vacaciones a Lesbos o a Moria?”

El posicionamiento de la alcaldesa de Mogán, municipio al que pertenece Arguineguín, varió a lo largo de la crisis. Comenzó ofreciendo varias ruedas de prensa a pie de muelle, llorando incluso por las mujeres y los menores que allí pernoctaban. Con el paso de las semanas, llegó a alquilar guaguas que transportaron a 200 personas desde el sur hasta Las Palmas de Gran Canaria, obligándolas a pasar la noche en una plaza con la compañía de vecinos de toda la isla que se trasladaron allí a dar comida y agua. Finalmente, amenazó a los hoteles y apartamentos que acogieran migrantes con multas de hasta 300.000 euros y ordenó inspecciones en recursos de acogida de menores no acompañados. 

Poco más de un año después, todo es diferente. Cuando Salvamento Marítimo desembarca a los supervivientes en Arguineguín, los periodistas pueden hacer su trabajo un poco más cerca. Después de la primera asistencia, los migrantes son derivados a los diferentes Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Allí pasan 72 horas y después son derivados a los campamentos de acogida instalados por el Ministerio de Migraciones en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. A veces el llanto de algún bebé recién llegado es lo único que rompe el silencio del muelle. En Arguineguín parece que no ha pasado nada.