La desinformación sobre las personas extranjeras que viven en España ha crecido en los últimos años, con afirmaciones sin contexto o evidencias como las que señalan que este sector de la población acapara la sanidad pública o reciben más ayudas sociales.
Estos “bulos” han sido recogidos y desmentidos en el último informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano formado por instituciones públicas, asociaciones de migrantes y entidades sociales que trabajan por su integración.
La publicación anima a “hacer frente” a este tipo de desinformación con “datos verificados de fuentes oficiales” o poniéndola en relación con otras circunstancias que hacen que este tipo de afirmaciones pierdan su sentido.
Durante la presentación del informe, el vicepresidente del Foro, Vladimir Paspuel, alertó del aumento de los discursos racistas y xenófobos y puso como ejemplo cuando, en la última campaña para las elecciones europeas, él afirmaba que iba a votar y le increpaban: “¿Tú, europeo? ¿Con esa cara?”.
En la misma línea, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, invitó a hacer una reflexión sobre la diferencia en la respuesta que dan algunos sectores de la población española hacia los migrantes que huyen de conflictos que ponen en peligro su vida en función de su país de origen o su color de piel.
Solo el 13% de la población en España es extranjera
Uno de los “bulos” a los que se refiere el informe es la tendencia de algunas personas a sobredimensionar la población migrante que hay en España, apuntando este índice en una tasa superior al 25%.
Tal y como refleja la publicación, la Estadística continua de población más reciente del Instituto Nacional de Estadística indica que, 1 de enero de 2024, solo el 13,3 % de la población en España tenía nacionalidad extranjera.
El informe llama la atención sobre el término “inmigrante”, que es “cambiante en el imaginario de la sociedad y tiende a incluir o excluir nacionalidades y personas en función de diferentes criterios”.
Es difícil que se considere inmigrantes a los ciudadanos de Reino Unido, pese a que son nacionales de terceros países, mientras que las 627.478 personas de nacionalidad rumana que viven en España, ciudadanas de la Unión Europea y titulares del derecho a la libre circulación, sí son percibidas como tal.
Los inmigrantes no colapsan la sanidad pública
El informe hace referencia a la falsa creencia de que la población extranjera viene a España a beneficiarse de la sanidad pública, lo que produce un “colapso” de la misma.
Para desmentir este extremo, se refiere a la Encuesta Nacional de Salud de 2017, que revelaba que, de las 16 millones de consultas médicas realizadas en el Sistema Nacional de Salud, el 11 % fueron de personas nacidas en otros países, lo que, además, no necesariamente significa que sean de nacionalidad extranjera.
Y recalca que, según datos del INE de 2022, el porcentaje de población que está en edad de trabajar y cotizar a la seguridad social (entre 16 y 64 años) es mucho mayor en la población migrante (78 %) que en la española (63 %).
No reciben más ayudas que los españoles
Otro de los bulos que recoge la publicación presentada este martes es que los inmigrantes “suponen una carga para España y tienen más ventajas sociales”, lo que no es cierto, según se puede observar en los datos del informe de rentas mínimas de inserción 2021-2023, ayudas que se otorgan a personas en riesgo de exclusión social: de los 305.340 titulares, solo el 26,1 % tenía nacionalidad extranjera.
Estas prestaciones autonómicas exigen a los inmigrantes, entre otros requisitos, que se estén en situación de residencia regular, a excepción del País Vasco.
“Si fuera cierto que la población migrante quiere vivir de 'paguitas'”, afirma el informe, el País Vasco “debería ser una de las comunidades que más población extranjera atrajeran” y es, sin embargo, una de las siete que menor porcentaje presenta.
No “quitan el trabajo” a la población autóctona, concentran los trabajos peor pagados
Frente a lo que muchos piensan, la inserción laboral de las personas migrantes, “lejos de suponer una competencia” para la población autóctona, es complementaria a ella y está concentrada en ciertas ocupaciones menos remuneradas, reza el informe.
Esto se puede observar en el grupo de ocupaciones elementales, que recoge profesiones como empleadas del hogar o peones de construcción, con un salario un 39 % menor a la media.
Según los datos del último trimestre de 2023, se encontraban en este grupo el 9 % de las personas de nacionalidad española frente al 26,1 % de las personas extranjeras y el 22 % de las que tienen doble nacionalidad.
En un análisis por sexo, las mujeres extranjeras tienen porcentajes de trabajo a tiempo parcial superiores a los de las españolas, la edad en la que son madres es más temprana y las características de sus empleos y su remuneración no les permiten “externalizar” el cuidado de hijos.
Los solicitantes de protección internacional sí pueden trabajar en España
El informe publicado esta semana alerta de que algunas gestorías y departamentos recursos humanos recomiendan no contratar a personas con cierto tipo de documentación, “bien sea por desconocimiento, falta de información o ausencia de una legislación clara”.
Un problema que afrontan especialmente las personas solicitantes de protección internacional: “cada vez son más las ocasiones en las que, a pesar de hacer superado el proceso de selección, la contratación no tiene lugar”, apunta la publicación.
Ante ello, el Foro se limita a señalar dos directivas europeas y una sentencia del Tribunal Supremo que “ponen en duda esta falsa creencia”.