Cerca de 7.000 personas migrantes siguen alojadas en hoteles en el sur de Gran Canaria, pese a que se preveía que los siete campamentos de emergencia que sustituirán a los complejos turísticos estarían listos antes de que acabara el año. Hasta el momento, el único campamento que está en funcionamiento es el CEIP León, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, y que aloja a más de 260 personas. El 18 de diciembre comenzaron los primeros traslados a este antiguo colegio desde los hoteles del sur de la isla y también desde la Casa del Marino, otro espacio de acogida habilitado en 2019 y situado en la capital. El Ministerio de Migraciones ya ha asegurado que en un plazo de una o dos semanas se activarán los campamentos de El Matorral, en Fuerteventura, y del Regimiento Canarias 50 (650 plazas), en Gran Canaria. Ambos espacios cedidos por el Ministerio de Defensa.
En los últimos días, el hotel Puerto Azul ha dejado de funcionar como un espacio temporal de acogida de inmigrantes. Este complejo ha recibido a un total de 759 residentes. La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha destacado en una entrevista concedida a la Cadena Ser el “esfuerzo ingente” que ha hecho el Gobierno al habilitar en menos de cinco semanas y en distintas islas a la vez “infraestructuras completamente abandonadas”. Además, ha subrayado que estos campamentos no solo están compuestos por carpas, sino que cuentan con instalaciones fijas. El objetivo es “dar acogida digna” mientras se estudia el expediente personal de cada persona y se analiza su vulnerabilidad. En estos casos, se promueve su traslado a la Península en el “menor tiempo posible”. Algunas de estas instalaciones se quedarán de manera estructural “para cualquier otra crisis” que pueda darse.
Otros campamentos estarán activos solo unos meses. Es el caso del acuartelamiento de Las Raíces (1.450 plazas), en Tenerife. Las obras en este espacio se vieron interrumpidas el 2 de diciembre, cuando el Ayuntamiento de La Laguna ordenó su suspensión y la de Las Canteras (1.800 plazas). La corporación municipal tomó la decisión después de que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), emitiera una carta el pasado 26 de noviembre a la cartera de Margarita Robles asegurando que había tenido constancia del proyecto “a través de los medios de comunicación”. En esta misiva, Gutiérrez pidió a Defensa que el Ministerio “ajustara su actuación a la legalidad urbanística”. En la actualidad, las labores de reforma se han retomado en Las Raíces, pero no en Las Canteras.
Mientras, el Ayuntamiento de Mogán sigue adelante con su amenaza de sancionar a los establecimientos turísticos que alojen a personas migrantes a partir de este lunes 4 de enero. Es el plazo que ha concedido la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno (Ciuca), a los hoteles y apartamentos que se prestaron a ofrecer las instalaciones como solución temporal de acogida ante la fuerte presión migratoria en las Islas. El 31 de diciembre finalizó el contrato que el Ministerio de Migraciones formalizó con los propietarios a la espera de que se habilitaran los campamentos previstos.
El Consistorio sureño se apoya en la Ley del Suelo aprobada en 2017 por el Parlamento de Canarias, el proyecto estrella de esa legislatura del Gobierno de Coalición Canaria (CC), socio de Ciuca en las pasadas elecciones. El artículo 372 de esa norma tipifica como infracción muy grave la implantación y el desarrollo de usos no amparados por los títulos habilitantes de las parcelas, esto es, por los permisos concedidos. El Ayuntamiento de Mogán sostiene que no se pueden destinar los hoteles y apartamentos a usos ajenos al turístico, ni siquiera como solución temporal, de emergencia y humanitaria. También alude a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que data de 2013 y que en su artículo 23 establece el deber de los titulares de los establecimientos a destinarlos al ejercicio “de la actividad turística, de alojamiento o complementaria”.
Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico no ven recorrido a la batalla emprendida por la administración sureña y algunas voces advierten, incluso, tintes electoralistas en la medida anunciada por la alcaldesa, que está siendo investigada por una presunta trama de compra de votos en las municipales de 2015 y 2019. Estas fuentes señalan que no ha habido un cambio definitivo de uso de los hoteles y apartamentos del municipio, sino una utilización temporal de las instalaciones amparada en una situación de emergencia y crisis humanitaria y, además, con el plácet del Gobierno de España, que es quien firmó los contratos con los establecimientos; con la mediación de la Cruz Roja, una organización sin ánimo de lucro que tiene encomendada funciones de atención a personas migrantes, y en un momento en el que la actividad turística está prácticamente a cero en el Archipiélago como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
En este sentido, aluden al Real Decreto 917/2020, del pasado 20 de octubre, que aprueba una concesión directa de casi dos millones de euros a Cruz Roja para financiar una serie de actuaciones vinculadas con la atención a las personas migrantes que han llegado a las costas españolas de manera irregular en 2020. Entre los gastos “elegibles” por la ONG figuran los destinados al alquiler de inmuebles hasta finales de año. Para las fuentes consultadas, en este caso opera el principio de confianza legítima en la actuación de la administración.
Otros abogados consultados por este periódico hacen referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional que establece la inconstitucionalidad de aquellas medidas que estén motivadas “por la raza o la nacionalidad” de las personas. La propia alcaldesa de Mogán reconocía esta semana en una entrevista en la televisión pública vasca EiTB que la decisión de sancionar a los hoteles se debe a que alojan a personas “que no son regulares, que no son españoles”.