Canarias, punto de paso para pocos migrantes y cárcel para muchos

La Policía Local de Mogán recibió un aviso la noche del 17 de diciembre. Un hombre llegado en patera a Gran Canaria se había autolesionado. El magrebí presentaba heridas en las manos y en la frente y los guardias del hotel en el que se alojaba tuvieron que “ponerle los grilletes” para evitar que se hiciera más daño. El atestado policial al que ha tenido acceso este periódico cuenta que un traductor tuvo que desplazarse al complejo para tranquilizarlo porque estaba “muy alterado” y, además, en estado de embriaguez. Cuando el traductor llegó, el hombre le manifestó que estaba tan nervioso porque había sacado en dos ocasiones dos billetes para viajar a la Península, pero no le habían permitido viajar y había perdido todo el dinero. 

En los últimos meses de 2020, la Policía Nacional ordenó el refuerzo policial en los aeropuertos canarios y también de distintos puntos de la Península, escudándose en los controles sanitarios para frenar la COVID-19. Cuando son interceptados, algunos son detenidos y otros quedan en libertad. Este despliegue policial se produjo después de las críticas al Gobierno de España por el desplazamiento de cientos de migrantes por sus propios medios a otras comunidades autónomas. Los bulos promovidos por el Partido Popular y Vox señalaron al Ministerio del Interior como organizador de estos vuelos, acusando al ministro Fernando Grande-Marlaska de promover un “efecto llamada”.

Este viernes la Comisaría Provincial de Policía Nacional abrió un expediente disciplinario al inspector responsable del puesto fronterizo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, para determinar si es el responsable de “no identificar a los ciudadanos magrebíes” que llegaron en un vuelo desde Canarias el pasado 14 de diciembre. El Sindicato Unificado de Policía pide el archivo del caso y señala que días antes el inspector había recibido una nota interior que instaba a la comprobación de la existencia “de posibles conexiones criminales” en los flujos de personas llegadas al aeropuerto. 

El agente expedientado comprobó la presencia de ciudadanos con rasgos magrebíes en el vuelo, pero se fueron del aeropuerto en transporte público como otros viajeros, sin que ningún vehículo privado fuera a recogerles. “No se producían elementos objetivos que permitieran llevar a cabo actuaciones de identificación y control documental por la posible comisión de delitos”, concluye el SUP. En ese caso, exigir documentación a estas personas por sus rasgos o perfil racial supone una práctica ilegal. Además, cuando los inmigrantes son puestos en libertad tras llegar a España por vía irregular pueden moverse libremente por el territorio nacional hasta que se materialice su deportación. 

Las consecuencias psicológicas del bloqueo ya han sido denunciadas por otras personas que llevan en las Islas más de tres meses. Abdel, de 37 años, afirmó que él y su familia habían apostado sus animales y los ahorros de toda una vida para poder llegar a Europa. Pero los obstáculos para poder trasladarse a Valencia le han hecho perder la esperanza. Hafid, de 23 años, a veces siente que se está volviendo loco, pero respira y se convence de que es dios quien está decidiendo su camino. 

En el caso de Abdel, llegó a Gran Canaria con el pasaporte, pero está caducado. Su renovación podría darse en el Consulado de Marruecos, pero cree que lo van a “engañar”. El abogado especializado en migraciones Daniel Arencibia explica que uno de los requisitos que les pide el Consulado es estar empadronados en Canarias. Un requisito que bloquean algunos ayuntamientos como el de Mogán y de Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo según el letrado a este “tapón”. Arencibia insiste en que la ley establece que cualquier ciudadano puede empadronarse incluso en una chabola, en una cueva, o una caravana. Infraviviendas que “pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”. La resolución que dicta las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal también señala que el empadronamiento de los extranjeros “no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho”. 

Derivaciones oficiales 

Más de 23.000 personas llegaron a las islas por vía marítima el año pasado. A través de la Unidad de Transparencia, Daniel Arencibia ha obtenido los datos sobre las derivaciones desde Canarias a la Península que se han producido por parte del Ministerio de Migraciones en el marco del Programa de Atención Humanitaria. A fecha de 11 de diciembre habían sido trasladadas 2.035 personas. La Secretaría de Estado de Migraciones explicó que durante la vigencia del estado de alarma no se realizó ningún traslado y el 70% del total de las derivaciones se produjeron en septiembre, octubre y noviembre. A esta cifra se suman las salidas de centenares de personas que han podido salir de Canarias por sus propios medios. 

El Ministerio del Interior también ha tratado de agilizar las deportaciones a Marruecos y a Mauritania. El 10 de noviembre fueron expulsadas a Mauritania 22 personas, de las que solo una era nacional del país. El resto procedía de Senegal (18), Gambia (2) y Guinea-Bissau (1). A partir de diciembre, y pocos días después de la visita de Marlaska a Rabat, una veintena de personas fue expulsada desde Gran Canaria hacia El Aaiún, en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. 

El programa de atención humanitaria tiene como objetivo “atender el estado de necesidad de las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad”. Este perfil incluye a quienes presenten deterioro físico, carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos. También quienes formen parte de “asentamientos que sufran graves riesgos sociales y sanitarios y precisen de actuación inmediata para su subsanación”. 

El 19 de noviembre de 2020, el porcentaje de ocupación de las plazas de acogida en Canarias era del 87%, con 429 plazas disponibles. Del total de plazas, 10.241 se corresponden con recursos de emergencia. Los siete campamentos que el departamento de José Luis Escrivá prevé instalar en el Archipiélago son algunos de los establecimientos de carácter temporal que acogerán a inmigrantes en las próximas semanas. Hasta el momento, solo está en funcionamiento el CEIP León, aunque cuando el ministro anunció el Plan Canarias afirmó que los hoteles estarían “vaciados” antes del 31 de diciembre. La secretaria de Estado Hana Jalloul aseguró que en las próximas semanas también se activarán el regimiento Canarias 50 (Gran Canaria) y El Matorral (Fuerteventura). 

Otras comunidades autónomas se ofrecieron a acoger a personas llegadas a las Islas por vía marítima con este perfil. Sin embargo, la ocupación en el resto de regiones también es elevada. También en el caso de los menores extranjeros no acompañados algunas autonomías se han ofrecido a acoger a un total de 100 niños y niñas que hasta el momento permanecen bajo la tutela del Gobierno de Canarias. En este momento, el Ejecutivo regional atiende a 2.450 menores y, ante las amenazas del Ayuntamiento de Mogán de sancionar a los complejos hoteleros que alberguen a inmigrantes, la Consejería de Derechos Sociales ha blindado el uso de estos establecimientos para fines humanitarios. “No tenemos alternativas para quienes están en apartamentos”, afirmó la directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano.