Del Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria a la calle tras esquivar la deportación a Marruecos

Al caer el sol, Mohamed* acude a una de las zonas de Las Palmas de Gran Canaria donde voluntarios de Somos Red reparten alimentos. Desde principios de marzo está en la calle. Pasó 60 días, el máximo permitido, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, ubicado en la capital de la isla, esperando su expulsión a Marruecos. Pero no pudo ser embarcado en uno de los cuatro vuelos semanales que la compañía Royal Air Maroc realizaba semanalmente. “Gracias al abogado”, dice, no fue una de las 40 personas que subía en cada nave con destino a El Aaiún.

Mohamed cuenta que cuando fue puesto en libertad decidió volver al recurso de acogida en el que había estado desde noviembre, mes en el que llegó a la isla tras cruzar la ruta atlántica en una patera. Era uno de los hoteles habilitados como dispositivo de emergencia, donde permaneció hasta enero. Su suerte fue diferente a la de otras personas que son derivadas a los campamentos habilitados, trasladadas a la Península, expulsadas por mal comportamiento o que deciden abandonar el espacio. 

Su orden de devolución, que recibió a los pocos días de llegar a la isla, fue suficiente para que un juez ordenara su ingreso en el CIE de Barranco Seco como media cautelar y, el día antes de Reyes, la Policía Nacional lo trasladó al recinto. Allí, recuerda que fueron “días difíciles”, al ver como el grupo de unas 50 personas se reducía cada semana con las expulsiones y ser consciente de que su proyecto migratorio llegaba a su fin.

De familia de agricultores, es el mayor de cuatro hermanos. Salió de una zona rural cercana a Marrakech en la que vivía y partió desde Dajla para tratar de mejorar su vida y la de los suyos. Mohamed, de 24 años, recuerda que en el CIE la comida y las habitaciones “estaban bien” y añade que también contaba con atención médica, aunque no psicológica. Sin embargo, confiesa que prefiere vivir en la calle a estar en el CIE. “Prefiero la muerte a la deportación”, sentencia. Ahora, dice, quiere ir a la Península, donde tiene familia.

Según el Ministerio del Interior, a principios de mayo había nueve personas en Barranco Seco y 21 en Hoya Fría, el Centro de Internamiento de Extranjeros de Tenerife. El área de Fernando Grande-Marlaska no indica cuál es el país de origen de las personas encerradas en dichos recintos. Pero el juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, explicó a este periódico que a finales de abril eran once las personas que esperaban su expulsión en el recinto ubicado en la capital grancanaria: cinco marroquíes y seis senegaleses.

Un mes antes, había 69 personas, todas de nacionalidad marroquí excepto tres senegaleses. Díaz Tejera recuerda que ordenó el desalojo del CIE de Barranco Seco en marzo de 2020 por los contagios de coronavirus entre los internos y los agentes de la Policía Nacional, ya que en estos espacios las personas ingresadas tienen prohibida su libertad deambulatoria y la posibilidad de que se propague el virus es mayor. En septiembre reabrió, con 42 personas, y se impidieron nuevos ingresos. 

Meses después, el juez recibió una petición para incrementar el aforo, ya que el espacio cuenta con 112 plazas, y organizó una inspección con un epidemiológico del Servicio Canario de la Salud, la médico del recinto y la médico forense para determinar si se cumplían las condiciones necesarias. Dieron el visto bueno y se permitió aumentar hasta un máximo de 56 personas. Poco después, se autorizó una nueva ampliación, hasta 70 internos, que es la que permanece vigente.

Pero el 30 de marzo, Rabat suspendió las deportaciones al decretar el cierre del espacio aéreo con España y Francia por razones sanitarias. Y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no consiguió durante su viaje a Senegal que el Ejecutivo del país africano se comprometiera a recibir vuelos de repatriación. A pesar de ello, el Ministerio del Interior ha explicado que “los acuerdos sobre devoluciones no han sido desactivados ni han perdido su vigencia”.

Sin embargo, Díaz Tejera reconoce que en los últimos días no se han producido nuevos ingresos en el CIE de Barranco Seco. “¿Qué sentido tiene internar a alguien para repatriarlo a su país cuando no se le puede deportar?”, pregunta. Y ante la imposibilidad de ejecutar la orden de devolución, las personas internadas son puestas libertad, bien en un plazo de 30 o de 60 días. Las que salen, “están en situación de libertad; unas están en dispositivos sociales, otras en programas humanitarios y algunos quedan en la calle”, añade.

*Nombre ficticio.