La crisis de la acogida de migrantes en Canarias evidencia la falta de previsión del Gobierno tras meses de promesas

Cincuenta migrantes, casi todos malienses, pasaron el 17 de mayo ocho horas en el muelle de Arguineguín a la espera de ser filiados y conducidos a recursos de acogida. Era “raro” que pasasen tanto tiempo en el puerto, decía entonces el presidente de Cruz Roja en Canarias. El 5 de agosto, 71 personas durmieron tres noches en el suelo de ese mismo muelle. Cruz Roja aseguró que “no eran las condiciones ideales”, pero era la única alternativa disponible. Con el paso de los días, este episodio comenzó a repetirse de forma sistemática. Las carpas aumentaban al ritmo de las llegadas de pateras a Gran Canaria. El resultado: un campamento de emergencia que ha llegado a hacinar a 2.600 personas. Tras varias semanas de visitas oficiales y promesas sobre su desmantelamiento, 1.334 personas volverán a pernoctar esta noche al raso. 

El campamento de migrantes en el muelle de Arguineguín se ha convertido en el símbolo de la gestión del Gobierno al aumento de las entradas de pateras a Canarias. Los recién llegados, exhaustos después de haber transitado una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa, son alojados en el llamado campamento de la “vergüenza”. Sus carpas no son suficientes para resguardarlos a todos. Duermen sobre mantas extendidas en el suelo irregular del puerto, donde se ha documentado la presencia de ratas. Este campamento que, decían, era “de emergencia” cumple cuatro meses operativo a pesar de los anuncios de su inminente cierre. La falta de previsión, la descoordinación entre ministerios y las reticencias de Interior a trasladar a inmigrantes a la península, sumado a una crisis sanitaria que lo dificulta todo, han desencadenado en una crisis de acogida de la que las ONG y autoridades locales llevaban meses advirtiendo.

 “Canarias puede enfrentarse a una crisis migratoria similar a la que vivió entre 2004 y 2006 y el Gobierno de España tiene que dar una respuesta equivalente”, dijo el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, en octubre. Advertía de que el intenso flujo de embarcaciones que han recibido las Islas este año recordaba a la crisis de los cayucos de 2006, cuando sobrevivieron a la ruta canaria más de 31.500 personas. El mismo fin de semana de su visita a Gran Canaria, 1.100 personas alcanzaron las costas de la Isla. Era el número de llegadas en 48 horas más alto desde entonces. “Aquí uno se da cuenta de la realidad de la situación”, reconoció Escrivá a su salida del muelle de Arguineguín. Pero llegaba un año tarde. 

Las previsiones acerca de la reactivación del flujo migratorio hacia Canarias se remonta a dos años atrás, ante el cierre de la ruta entre Libia e Italia. Las llegadas a través del trayecto atlántico, surgida tras la llegada de la primera patera a Fuerteventura en 1995, comenzaron a aumentar progresivamente desde 2018, cuando se superaron las 1.000 personas que alcanzaron las costas isleñas (algo que no ocurría desde 2009). En el segundo semestre de 2019, la tendencia se confirmaba, pero el fenómeno pasó desapercibido para las administraciones competentes, que se han demorado hasta este verano para habilitar espacios donde alojar migrantes. 

En lo que va de año, 16.760 migrantes han llegado a las islas en patera o cayuco, un 1.019% más que en 2019. En agosto, cuando las cifras eran inferiores a las registradas en los últimos meses, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya advertía de que la escasa frecuencia de traslados de migrantes a la península y las dificultades añadidas ligadas a la pandemia estaban provocando el “colapso estructural continuado” 

Gráfico: Ana Ordaz

En verano, el delegado del Gobierno en Canarias advirtió de un “previsible importante repunte” de la inmigración a partir de septiembre, debido a la mejora de las condiciones meteorológicas en la zona. No se equivocaba. Sin embargo, ni Interior ni Migraciones han logrado crear con antelación una infraestructura estable de recepción y acogida de migrantes. 

Hace 15 días, el ministro del Interior se comprometió a desmantelar el llamado “puerto de la vergüenza”. La alternativa del Gobierno para sustituir el campamento de Arguineguín es la creación un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Barranco Seco. De momento, ese centro es en realidad un campamento militar formado por 23 tiendas levantadas sobre tierra sin asfaltar gestionado por el Ministerio del Interior, donde se encuentran hasta el momento 400 personas. Según Defensa, su capacidad es de 900 personas, aunque Interior lo estira hasta las 1.000 plazas: menos de la mitad del número de migrantes que ha llegado a alojar Arguineguín. 

Actualmente, el campamento militar instalado en el antiguo polvorín de Barranco Seco acoge a 400 personas. Desde Interior explican que la tardanza en el cierre del campo de migrantes de Arguineguín se debe al “trabajo logístico” que requiere la habilitación del nuevo CATE:  “Es necesario dotarlo de recursos más adecuados a cada necesidad: a la dignidad de los migrantes y a las tareas policiales de filiación. Es un trabajo que estamos haciendo a contrarreloj”, aseguran las mismas fuentes. 

Los obstáculos de Interior a trasladar migrantes a la península genera un embudo en las islas

“Arguineguín se cerrará a la menor brevedad posible, en cuanto el CATE de Barranco Seco se pueda utilizar íntegramente”, sostienen desde Interior. “Llevamos mucho tiempo buscando soluciones pero no son sencillas”, indican a elDiario.es. La negativa de Interior a trasladar a la península a un número suficiente de migrantes para descongestionar las islas desencadena una situación de “colapso constante” de las infraestructuras de primera recepción y acogida. Para el Ministerio, aligerar la salida de Canarias generaría un efecto llamada, sin embargo, a pesar de su política las cifras de llegadas no dejan de crecer. Fernando Grande-Marlaska limita las derivaciones desde finales del año pasado (solo las aprueba de grupos reducidos y de manera discreta), a pesar de que en el resto de España sí existen plazas disponibles. Según los últimos datos facilitados a este medio por la Secretaría de Estado de Migraciones, alrededor de un 55% de los recursos está libre. El porcentaje ha descendido en el último mes, pero aún hay espacio suficiente, matizan desde la institución sin concretar las cifras actuales.

Sophie Muller, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España , vuelve “preocupada” de su visita oficial a Canarias. “Las condiciones de las personas en el campamento de Arguineguín son muy duras. La situación es crítica”, advierte. “No hay palabras que lo puedan describir de manera adecuada. Las personas están en condiciones de detención, legalmente para un máximo de 72 horas. No hay condiciones, no hay camas, duermen en el suelo sin techo, sin nada, Y, la Cruz Roja hace lo que puede”, relata la responsable de Acnur, quien también llama la atención acerca de la falta de instalaciones para prestar asistencia jurídica en el muelle: “No tienen ni mesa ni silla para hacerlo en condiciones. No hay espacio para mantener las conversaciones con un abogado  de manera individual, sino que las letradas están de pie”.

La habilitación de la alternativa a Arguineguín, sin embargo, empezó tarde, tras meses de negociaciones con el ministerio de Defensa para lograr la cesión del terreno. El ministro Escrivá reconoció a principios de octubre las “infructuosas” conversaciones mantenidas con la cartera de Margarita Robles con el objetivo de poder utilizar sus instalaciones en la isla para la acogida humanitaria de migrantes. Tampoco surtieron efecto las conversaciones con el Ayuntamiento de Agüimes para instalar un centro de acogida temporal en el polígono de Arinaga, que preveía tener una capacidad máxima de 900 plazas. Por el contrario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sí mostró su predisposición a ceder el Colegio León. Además, tal y como anunció la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el Ministerio de Migraciones contará con los acuartelamientos de Las Canteras y Las Raíces, en Tenerife, y El Matorral, en Fuerteventura. 

En solo dos días, cerca de medio millar de personas ha salido de Arguineguín para ocupar este recurso ubicado en la capital de Gran Canaria. La expulsión por parte de la Policía Nacional de 227 inmigrantes magrebíes del muelle dejándolos en la calle aumentó la presión por parte de las administraciones locales hacia el Ejecutivo central, que activó los traslados al CATE en cuestión de horas. Las personas sacadas del puerto por los agentes pasaron seis horas de angustia en la Plaza de la Feria, sin saber si pernoctarían al raso, hasta que el Ministerio de Migraciones ordenó su traslado a complejos hoteleros habilitados como recursos de acogida. 

Desde mayo, el muelle empezó a convertirse en una bomba de relojería. Poco a poco fue creciendo el tiempo que los migrantes pasaban allí después de días de travesía sin ni siquiera poder ducharse. Es el caso de Hamza (nombre ficticio). El joven de 17 años que pasó nueve días entre la multitud sin que nadie recayera en su presencia, pese a que se encontraba en estado de shock al haber visto morir a 16 personas en la patera en la que viajó, tal y como explican los pediatras que le atendieron después. Zakaría, marroquí de 24 años, pasó once días en ese mismo lugar. Tiene tres diplomas: uno en electricidad y mantenimiento industrial, otro en servicio de ecocultivo y otro en electromecánica. Sin embargo, pese a que lo que le empujó a salir de su país era encontrar un trabajo en cualquier lugar de España o de Europa, permanecer bloqueado en el campamento mermó sus esperanzas. Sus días en Canarias están contados. Desde el 8 de noviembre lleva siempre consigo su pasaporte y un documento en el que se ordena su deportación. 

En el otro extremo de la Isla, almacén en el Puerto de Las Palmas también ha sido habilitado para la reseña policial. En este momento, 78 migrantes ocupan el establecimiento, que también ha sido bautizado como la “nave de la vergüenza”. El día que se habilitó, el 4 de junio, fueron los propios agentes de la Policía Nacional los encargados de barrer el polvo del suelo, sobre el que dormían los inmigrantes que allí eran trasladados. No tenía duchas y solo contaba con cuatro baños químicos. Medio año más tarde, una de las pocas diferencias que perciben los sanitarios que atienden allí a los migrantes es la sustitución por camastros de las mantas a ras de suelo que se utilizaban para dormir.

Desde Acnur alertan del riesgo inherente a la “falta de una respuesta ágil” en materia migratoria. “Si no hay una gestión adecuada a las llegadas a Canarias se puede desarrollar en la población el aumento del rechazo hacia la inmigración y del discurso de odio”.