Una familia ha reclamado el cuerpo de uno de los 24 migrantes que perdieron la vida en la última tragedia de la ruta canaria. El 26 de abril, un avión del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR) del Ejército del Aire localizó un cayuco con solo tres supervivientes al sur de El Hierro, que llevaban 22 días a la deriva. Los cuerpos de los fallecidos permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) desde que fueron trasladados a Tenerife el 28 de abril por Salvamento Marítimo, a la espera de que la Justicia dé la orden de sacar los cadáveres para darles sepultura en distintos cementerios municipales de la isla.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han señalado este jueves que la familia residente en el País Vasco que ha reclamado el cuerpo de su ser querido ''ha facilitado una muestra de ADN de un supuesto hermano del finado, y esta va a ser cotejada con el ADN de los cadáveres''. “Lo que tarde esta prueba será lo que tarde en resolverse esta situación”. Si el próximo lunes o martes el asunto no se ha resuelto, la autoridad judicial tomará una nueva decisión.
El Instituto de Medicina Legal ha denunciado en las últimas semanas la situación colapso en la que se encuentran, tal y como adelantó El País. Según han explicado fuentes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, el IMLCF está al máximo de su ocupación y las autoridades judiciales no autorizan las salidas de los cadáveres, a pesar de que las muestras necesarias están tomadas. “Los cuerpos ya no sirven para hacer más pruebas”.
“Desde el punto de vista de la estricta legalidad, no habría problema alguno en proceder a la inhumación, dado que cada cuerpo está numerado e individualizado con la descripción de la ropa y la fisonomía y, en caso de que aparezca un familiar en el futuro, se podrían cotejar las muestras que se guardan con la información del familiar”, explican desde el Instituto de Medicina Legal. Las autopsias se practicaron en los dos idas siguientes a la llegada del cayuco, en la noche del 28 de abril, al puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife.
El director del IML, Jesús Vega, estima que, de los 40 cadáveres que custodian actualmente, la mayoría son de origen africano. Por tanto, hay más cadáveres de otras pateras en la misma situación, que no se sacan de las cámaras y no se entierran porque las autoridades judiciales no dan autorización.
El TSJC ha explicado que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona, responsable del caso, es consciente de que “el tiempo apremia”, pero “su labor fundamental es la tutela de los derechos de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción” y, en este caso, de los familiares de los fallecidos. “Su deber es ser garante de su derecho a que reciban sepultura en las mejores condiciones”. El posible familiar del migrante que murió de camino a Canarias ha sido citado este viernes para tomarle la muestra, que será cotejada con el ADN de algunos fallecidos.
Pese a que en un primer momento la cifra de víctimas de esta tragedia ascendía a 17 personas, la misma noche que llegaron a Tenerife los cadáveres la Delegación del Gobierno en Canarias especificó que se trataba de 22 adultos y dos menores. Entre ellos no había ninguna mujer y todos eran de origen subsahariano.