La Justicia sigue sin ver delito en el hacinamiento de miles de migrantes en el muelle de Arguineguín. Distintas organizaciones como Human Rights Watch, durante los cuatro meses de 2020 que permaneció en funcionamiento el campamento precario instalado en el sur de Gran Canaria, advirtieron que “las condiciones no respetaban la dignidad de las personas ni sus derechos fundamentales”. También el Defensor del Pueblo emitió un duro informe tras visitar las doce carpas de Cruz Roja instaladas en Mogán. En los 400 metros de asfalto en el que se concentraron hasta 2.600 personas en un mismo día, la higiene era mínima, el acceso al agua potable era limitado, la ropa que vestían estaba sucia y los baños eran insuficientes. Además, decenas de africanos sobrepasaron el máximo legal de 72 horas bajo custodia policial marcado por la ley.
La primera resolución judicial emitida tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Mogán data del 23 de noviembre. La jueza Yanira del Carmen González, del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, archivó el caso. La corporación municipal recurrió y el pasado 14 de abril la misma magistrada volvió a darle carpetazo. Entre ambos autos se produjo un cambio de fiscal. El fiscal de Delitos de Odio de la provincia de Las Palmas, José Antonio Díez, fue sustituido por la fiscal de Extranjería, Teseida García. Díez recurrió el primer archivo y exigió un informe policial sobre las detenciones ilegales en el puerto. García, por su parte, ha pedido el sobreseimiento libre al considerar que los hechos “no son constitutivos de delito alguno”.
Antes de entrar en el caso, la fiscal de Extranjería ya se había pronunciado en diferentes medios de comunicación sobre la situación de los migrantes en Arguineguín y también en el CATE de Barranco Seco. “Aunque la situación de los migrantes no sea óptima, no quiere decir que se vulneren derechos”, matizó en un periódico local. También reconoció que en el muelle se había visto comprometida la dignidad de las personas.
El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha explicado a esta redacción que la decisión de cambiar al fiscal se corresponde al criterio de la fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez. “No es demasiado habitual, pero a veces se ha hecho”. La fiscal jefa de la provincia sostiene que es un “tema interno de competencias de la Fiscalía”. Desde que el caso llegó a los tribunales, “se creía que debía llevarlo Extranjería”, pero se dejó que lo investigara la sección de Discriminación y Delitos de Odio “por si fuera su competencia”.
Después de que la jueza concluyera por primera vez que no hubo delito en el muelle de Arguineguín, el fiscal José Antonio Díez recurrió y reclamó la práctica de más diligencias: un informe policial. La Audiencia Provincial aceptó esta petición y se ofreció este informe, remitido por el comisario jefe provincial. En este punto intervino Beatriz Sánchez, que concluyó que la competencia era de la Fiscalía de Extranjería “sin entrar a valorar el fondo del asunto”.
La fiscal jefa elaboró un informe que se comunicó a Teseida García, a José Antonio Díez y a Luis del Río, justificando que la decisión se basa en la “jurisprudencia y los criterios fijados por la Fiscalía General del Estado”. Tal y como ha explicado Sánchez a esta redacción, la decisión no fue objetada por la Fiscalía de Sala ni por la Secretaría Técnica del Estado, pero sí fue recurrida poco antes de Semana Santa por el fiscal sustituido. Ahora es el fiscal superior de Canarias quien debe resolver la cuestión. “No es habitual confundir competencias entre Discriminación y Extranjería, pero sí es relativamente normal que en el proceso se cambien las competencias de una Fiscalía a otra”, apunta Sánchez. Fuentes jurídicas cercanas al caso añaden que, en otras crisis migratorias, los asuntos en los que se considera que ha habido un trato indebido a “inmigrantes africanos pobres” corresponden a la Fiscalía de Discriminación y Odio, no a Extranjería.
Detenciones ilegales
“Ha habido senegaleses que pasaron 24 días allí. Sin duchas, con la misma ropa y comiendo un bocadillo por día”. El juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, manifestó tras distintas visitas al campamento de Arguineguín que había detectado “detenciones ilegales”. Varias personas superaron el máximo de 72 horas bajo custodia policial permitido por la ley. Además, también refirió “denegación de prestaciones por razón de nacionalidad, falta de asistencia jurídica, coacciones y lesiones”. También el Defensor del Pueblo detalló que muchas personas a su llegada eran ingresadas en el hospital y, cuando recibían el alta, volvían al muelle sin ser separadas del resto.
La jueza resolvió que “no quedó probado que estuvieran en el recinto en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo”. Tres días después de su llegada, los migrantes son libres y, por tanto, podían marcharse voluntariamente del muelle. Sin embargo, muchos de los jóvenes que allí permanecieron durante semanas aseguran que nadie les informó de este derecho. “Si lo llego a saber, no habría estado allí quince días durmiendo en el suelo”, defendió entonces un marroquí.
La magistrada determina en el auto que, cuando los migrantes son reseñados, se les notifica un acuerdo de devolución y se les informa de que quedan en libertad en presencia de un letrado. Pero la asistencia jurídica en el muelle de Arguineguín también fue puesta en entredicho mientras el campamento estaba activo. “No hay un lugar reservado para hablar con ellos, no hay intérpretes. Se vulneran todo tipo de derechos humanos”, aseveró el Colegio de Abogados de Gran Canaria.
En noviembre, distintas organizaciones y letrados denunciaron que el Gobierno de España ordenaba la expulsión de migrantes sin haber hablado con ningún abogado. Además, criticaron que solo había un traductor por embarcación y que los intérpretes se limitaban a pedir a los migrantes que firmaran el acuerdo de deportación. Algunos abogados apelaron a la insalubridad del muelle de Arguineguín para justificar que no iban a entrevistarse de manera presencial con los migrantes y que, por ello, se limitaban a “firmar el papel’’.
A pesar de ello, la jueza Yanira González determinó que la detención ilegal exige “un dolo específico”. “Si tal propósito no resulta evidente por las circunstancias del caso, no se cometería este delito”. Además, la magistrada justificó que la pandemia y la presión migratoria que sufrió Gran Canaria en los últimos meses de 2020 provocaron la permanencia de inmigrantes en el muelle más de 72 horas.
El auto justificó los hechos atendiendo a la carencia de recursos existentes para “amparar de forma adecuada los derechos básicos y fundamentales de las personas”. Sin embargo, después de cuatro meses en funcionamiento y tras el aviso del Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior para que el campamento fuera desmantelado cuanto antes, el muelle de Arguineguín fue vaciado en cuestión de días.
Los 200 migrantes puestos en libertad
Pese a que muchas personas pasaron un tiempo prolongado en Arguineguín, el 11 de noviembre la Policía Nacional puso en libertad a más de 200 personas. El Ministerio del Interior abrió entonces una investigación para saber lo que había sucedido e identificar a la persona que dio la orden de dejar salir a este grupo de personas. En ese momento, la cartera de Grande-Marlaska explicó que, pasadas las 72 horas de privación de libertad, en las que se les realizaba la prueba de COVID-19 y la filiación, ya no podían seguir retenidos.
La solución que el Ayuntamiento de Mogán puso a esta situación imprevista fue fletar varias guaguas hacia Las Palmas de Gran Canaria. Así, más de 200 personas quedaron en la calle en la Plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno. Allí pasaron varias horas hasta que el Ministerio de Migraciones dio la orden de reubicarlos en complejos turísticos cerrados por la pandemia. Mientras tanto, los jóvenes migrantes fueron atendidos por vecinos y vecinas de distintos puntos de la isla.
La denuncia del Ayuntamiento de Mogán
La denuncia sobre el hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín fue interpuesta por el Ayuntamiento de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Ciuca). El papel de la alcaldesa del municipio del sur de Gran Canaria durante la actual crisis migratoria ha pasado de lamentar entre lágrimas la presencia de mujeres y niños en el campamento a amenazar con sanciones a los hoteleros que cedan sus espacios a la acogida humanitaria.
En el último auto, la jueza del caso entiende que el Ayuntamiento de Mogán pretende abrir una suerte de “causa general”. La magistrada insiste en que la denuncia “no pone de manifiesto la comisión de ningún delito concreto, no se apunta a un autor concreto, ni a víctimas concretas”.