La Policía Canaria ha recibido ya las directrices del Gobierno regional para empezar a aplicar el nuevo protocolo de atención a menores migrantes no acompañados. El documento, al que ha tenido acceso a Canarias Ahora, especifica al cuerpo autonómico todos los trámites que debe realizar antes de que los niños entren al sistema de acogida, a pesar de que tanto la Fiscalía como las organizaciones especializadas han alertado de que esta medida puede vulnerar los derechos fundamentales de los niños.
Para aceptar la acogida de un menor extranjero, la comunidad autónoma exige primero que la Policía identifique al niño mediante una fotografía, la recopilación de datos sobre su origen y la toma de huellas dactilares. El menor también tendrá que ser inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y debe contar con una resolución administrativa del Estado para su asignación o ubicación individualizada.
Concluidos estos trámites, la Policía debe comunicar a la administración autonómica, responsable de la acogida de los niños que llegan solos a las costas de Canarias, ''la existencia de un menor migrante no acompañado en condiciones de ser entregado''. Es entonces cuando el Gobierno regional verificará la disponibilidad de plazas ''en las condiciones de garantías legalmente exigidas'' para que el joven sea atendido. En la actualidad, el Archipiélago tutela a 5.600 menores, algunos de ellos acogidos en centros precarios que no reúnen las condiciones mínimas.
Según el nuevo protocolo, en lugar de trasladar al menor directamente al dispositivo de acogida, las autoridades policiales deberán entregar a los jóvenes a la comunidad autónoma en las comisarías ante un funcionario policial o ante un funcionario público autonómico habilitado.
Las directrices enviadas a la Policía Canaria recogen también que en el momento de la recepción del menor, los funcionarios deberán aportar documentación individualizada de cada niño que garantice su correcta identidad y las circunstancias en las que fue hallado. El objetivo es ''valorar su situación de riesgo o desamparo''. En este punto se ha mostrado ya clara la Fiscalía Superior de Canarias, que en respuesta a este protocolo subrayó que ''los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de nos menores extranjeros no acompañados“.
Los agentes también deben aportar la documentación de la entrevista realizada a cada menor por si fuera solicitante de protección internacional y para comprobar si tiene algún familiar en España o en el resto de la Unión Europea que lo pueda acoger. En el caso de que haya dudas sobre la minoría de edad de la persona rescatada, también se debe incorporar la decisión del Ministerio Fiscal sobre si debe ser atendido en un centro de menores o en un recurso para adultos.
La Fiscalía también ha alertado de que todos estos trámites ralentizarán la entrada de los niños en el sistema de acogida y que supone una medida de discriminación hacia los menores extranjeros. ''En el protocolo publicado no se hacen constar cuáles son las posibles consecuencias de que la comunidad autónoma no ejerza la competencia que tiene asignada por ley, como es la protección y asistencia inmediata a los menores'', apuntó el Ministerio Público.
“Los menores extranjeros son un colectivo de personas que tienen un plus de especial vulnerabilidad: porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos. Esta circunstancia determina directamente su desamparo y, por lo tanto, la necesidad, ex lege, de que la administración competente se haga cargo de los mismos a través de los mecanismos de tutela administrativa”, concluyó la fiscal superior de Canarias, María Farnés.