El Ministerio de Juventud e Infancia va a destinar 30 millones de euros que permitirán el traslado y la atención residencial de 470 menores no acompañados que se encuentran en Canarias y un centenar en Ceuta.
El ministerio dirigido por Sira Rego va a proponer en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia el 21 de marzo el reparto de esos 30 millones de euros para un nuevo traslado solidario de menores migrantes desde el archipiélago y la ciudad autónoma y pide la convocatoria urgente de la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que participan siete ministerios.
En la actualidad, el Gobierno de Canarias tutela a más de 5.000 menores no acompañados y Ceuta ha reportado en las últimas semanas la incorporación a su sistema de protección de más de cien menores de edad, explica este departamento, que concreta que la asignación permitirá la atención residencial de 470 niños que están en Canarias y 100 en Ceuta.
Para el Ministerio de Juventud e Infancia, la llegada de un número extraordinario de personas, incluidas las menores de 18 años, a ambos territorios está generando “una situación humanitaria que excede las capacidades de los recursos habilitados para asegurar una adecuada atención”.
Plantea que el Plan de respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023, fundamentado en la cooperación entre administraciones e instituciones y en la participación de la sociedad civil, “debe ser flexible y dinámico con el fin de adaptarse a diferentes situaciones”.
Por ello, propone que para abordar la necesidad de mejora del sistema de contingencia y de derivación de los menores, en paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión Interministerial de Inmigración. En dicha Comisión, el ministerio se compromete a trabajar para disponer de una partida extraordinaria para reforzar el sistema de acogida de menores, explica.
Recuerda que en 2022, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó el Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada, que ha permitido establecer unas bases para la colaboración entre territorios, asumiendo un reparto de niños bajo criterios objetivos y fondos vinculados a los presupuestos generales del Estado.