“España está haciendo recogida de migrantes, no acogida. Si tú recoges algo y luego no haces nada más con él, se pudre”. Para el sociólogo Teodoro Bondyale esta reflexión explica la crispación social que inunda desde hace unos meses los barrios del sur de Gran Canaria, así como el aumento de los altercados protagonizados por personas migrantes. Las imágenes de peleas y enfrentamientos difundidas a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación han empujado a la Delegación del Gobierno a reforzar la presencia policial en las proximidades de los complejos hoteleros de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, donde hasta el momento se aloja buena parte de las personas llegadas en patera a la isla. Si bien, el delegado, Anselmo Pestana, aseguró que la percepción de inseguridad social que inunda los barrios de municipios como Mogán o San Bartolomé de Tirajana “no se justifica con datos”.
Fuentes de la Guardia Civil explican que, pese a que no hay un rastreo cronológico de intervenciones relacionadas con migrantes, desde hace unas semanas han aumentado sus actuaciones en incidentes protagonizados por este colectivo, aunque algunos “trascienden más que otros”. En ocasiones, reciben llamadas de vecinos alertando de supuestas alteraciones al orden público por parte de inmigrantes que terminan siendo falsas alarmas. “La sensibilidad de los residentes es cada vez mayor y eso hace que estén más alerta”, apuntan estas fuentes. Las patrullas de los Grupos de Reserva y Seguridad circulan “en bloques de cuatro vehículos con tres o cuatro agentes por coche”, ya que se trata de efectivos preparados para intervenir en altercados “en masa”. Un despliegue que contribuye a la sensación de inseguridad.
Para Bondyale, también secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), concentrar a la población migrante en hoteles no ha sido una buena solución. “Cada inmigrante es un mundo, pero a todos los tienen haciendo nada, cortando su proyecto migratorio”. El Ministerio de Migraciones encontró esta alternativa en septiembre ante la falta de recursos estables de acogida en Canarias y el aumento de llegadas al Archipiélago. Se planteó como una solución temporal y se preveía que fueran vaciados antes del 31 de diciembre de 2020, cuando todos los migrantes alojados en estos complejos serían derivados a campamentos de emergencia instalados en distintos puntos de las islas. Hasta el momento, solo dos están en funcionamiento: el CEIP León y el regimiento Canarias 50.
Distintos partidos políticos como Coalición Canaria, Vox, el PP o Ciuca, el partido de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, utilizaron el uso de hoteles y apartamentos con fines humanitarios para atribuir a la inmigración la caída turística que atraviesa la comunidad autónoma, provocada por la pandemia y la propagación de la COVID-19 en los principales países emisores de turistas, como Alemania o Reino Unido. Este discurso caló en la población de los municipios más turísticos del sur de Gran Canaria. “No se ha apostado por la integración y se están resaltando las peleas puntuales. Esto deriva en bulla y ansiedad social”, considera el sociólogo. “La población canaria debe entender que los canarios pobres ya estamos mal. Estamos viviendo un enfrentamiento de pobres blancos contra pobres extranjeros. No podemos intentar culpabilizar a otros de nuestro propio malestar”, advierte Bondyale.
Los bulos propagados a través de las redes e intervenciones políticas también alimentan el rechazo a la población migrante. El delegado del Gobierno en Canarias ha pedido atención ante estas mentiras que “incentivan un clima que no es acorde a la mayoría”. Pestana insiste en que los promotores de esos bulos son personas que “en aguas revueltas ganan adeptos usando ideas que no son de Canarias, tierra emigrante que entiende la inmigración”.
Precisamente un bulo provocó una marcha multitudinaria de vecinos grancanarios hacia un hotel que alojaba migrantes al grito de “¡Fuera, abusadores!”. La Plataforma Vecinal de Arguineguín presumió entonces de “tomar las riendas del problema” y “plantarle cara a los inmigrantes”. En un vídeo viral difundido en las redes sociales, una joven aseguraba que su hermano había sufrido una agresión por parte de “20 magrebíes” cuando él había salido a correr. Otras imágenes divulgadas a través de Instagram muestran al supuesto hermano de esta joven “provocando a los migrantes”, preguntándoles si vienen a Canarias “a traer la mafia”. La Guardia Civil investiga el caso.
“No hemos venido a estar de vacaciones”
Distintos jóvenes llegados en cayucos y pateras han manifestado ya su malestar por permanecer en hoteles hasta tres meses. El estudiante de Derecho Khalifa Ibrahima Ndiaye llegó el 16 de octubre a Tenerife desde Senegal. El pasado sábado impulsó junto a 175 personas más una huelga de hambre para exigir su traslado a la Península, ya que muchos de ellos cuentan incluso con pasaporte en vigor y tienen familia en otras comunidades autónomas. La realidad que Khalifa vive en las Islas choca con las expectativas que tenía. “Lo único que podemos hacer es dormir, comer y pasear un poco. Pero no hemos venido aquí para estar de vacaciones, queremos trabajar”, cuenta. El grupo ya ha abandonado la huelga de hambre, pero “su lucha sigue”. “Nuestras familias nos han llamado llorando para que dejemos la protesta. Pero nos dicen que sigamos luchando para poder tener una vida mejor, porque en Senegal estábamos desesperados”, añade Khalifa.
El deseo de salir de Canarias es común en muchos migrantes, que se han topado en los puertos y aeropuertos con un mayor control policial en los últimos meses. “Algunos compañeros han intentado viajar en dos ocasiones con sus documentos en vigor, pero han sido retenidos por la Policía. En algunos casos son puestos en libertad, pero en otros han sido trasladados al CIE de Hoya Fría para después ser expulsados”, explica el joven senegalés. Modou, de 16 años, también siente esa frustración, ya que arriesgó su vida en la ruta canaria para tener éxito como futbolista y estudiante en España. Pero la tardanza de los resultados de las pruebas óseas que verifiquen su minoría de edad han obstaculizado su escolarización. “No puedo hacer nada. Salgo a correr, como y duermo. Pero yo no quiero eso”, lamenta.
Algunos atestados policiales a los que ha tenido acceso este periódico revelan que la Policía Local de Mogán ya vigila a diario las zonas donde se ubican los hoteles que alojan migrantes “para garantizar la seguridad de los cuidadores y vigilantes de seguridad”. Así como las paradas de guagua, playas y centros comerciales. Estos documentos muestran que muchos de los incidentes en los que interviene la Policía Local están provocados por personas concretas y no por grupos. El 17 de diciembre, por ejemplo, los agentes acudieron a un hotel porque un hombre en estado de embriaguez estaba generando alteraciones. Una vez allí, el personal del recurso explicó que la persona solía consumir bebidas alcohólicas.
Otro de los atestados recoge cómo la Jefatura Superior de Policía insta a Cruz Roja, la ONG que gestiona estos centros, a tomar medidas oportunas, ya que “las medidas tomadas contra las personas que causan problemas no son las correctas, porque se evaden del problema dejando a estas personas en la vía pública, sin recursos”. También se ha registrado un robo en una tienda de un centro comercial de Mogán. La policía identificó al autor y este le manifestó por señas y con algunas palabras en español que quería volver al establecimiento para pagar la camiseta. Eso hizo.
En otra ocasión, la Policía Local intervino con un migrante en Arguineguín, después de una llamada de vecinos que aseguraban que el hombre estaba provocando una sensación de inseguridad. “El chico estaba desorientado”, desvela el documento. Los agentes llamaron a Cruz Roja, para saber en qué hotel se hospedaba. “No contestaron”, asegura el texto. Entonces, se activó al resto de cuerpos de seguridad, pero la Guardia Civil “manifestó que no se hacía cargo”. El atestado afirma que existe “un vacío legal de responsabilidades, derivandose en los problemas citados de inseguridad y salubridad”.
Otras denuncias de los residentes canarios terminan siendo falsas alarmas. Una tarde, llamaron a la Policía Local porque un grupo de jóvenes subsaharianos estaba jugando al fútbol en una playa. Los agentes comprobaron que lo hacían de forma tranquila y con mascarillas. Según el atestado, se les explicó que como parte de las medidas implantadas en Canarias para frenar la propagación de la COVID-19 no podían practicar este deporte en grupo en la playa. Los jóvenes “colaboraron amablemente” y volvieron al hotel en el que se hospedaban.
La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Mogán se han reunido este martes y han acordado “articular mecanismos” para expulsar de los recursos a los inmigrantes que demuestren un mal comportamiento. El juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, también estuvo presente en esta Junta de Seguridad y ha defendido que los inmigrantes conflictivos o violentos “deben ser expulsados”. Sin embargo, ha incidido en que no se debe “satanizar” a todos los migrantes porque “personas con este comportamiento hay en todos los grupos humanos”. “No todos son iguales, ni los migrantes, ni los marroquíes, ni los subsaharianos”, aseveró. Para él, el problema de Mogán es que se ha concentrado en varios meses una tensión de convivencia en un municipio pequeño. “La sufre por la cercanía del muelle de Arguineguín y recibe una presión migratoria que no vive el resto del Archipiélago”, apuntó.
Díaz Tejera sostiene que retener a 7.000 personas en contra de su voluntad en Canarias destruye sus proyectos migratorios. “Pasar dos meses en un parque deriva en esto”, apunta. El magistrado propone que a los menores y a los adultos se les ocupe con alternativas educativas, deportivas y culturales. Asimismo, ha apuntado que los jóvenes migrantes “imitan conductas” de algunos jóvenes canarios que creen que para ser adultos deben “exacerbar su fuerza y masculinidad”.
Gasolina política
La atención que han prestado algunos políticos a las peleas protagonizadas por migrantes han sido criticadas desde varios sectores, que rechazan que se ponga el foco en estos incidentes, obviando otros altercados que protagonizan a diario personas de nacionalidad española. La portavoz del PP en San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, declaró que los altercados de inmigrantes “se están yendo de las manos” y aseguró que el municipio vive una situación de “violencia e inseguridad”. El primer teniente de alcalde de este Ayuntamiento, Samuel Enrique, también ha acusado al Ministerio del Interior de “negar la realidad” y “mirar hacia otro lado”. “El respeto a los derechos humanos no puede ir separado de la seguridad”, vinculó.
Vox también ha aprovechado la ocasión para criminalizar al conjunto de personas que tratan de llegar a Europa desde el continente africano. Así, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha acusado a las ONG y al Gobierno de España de “convertir los barrios en un infierno”.