Meses de espera sin escolarizar para los menores extranjeros no acompañados por el retraso en la comprobación de su edad

“Yo quiero ser mecánico. Ese es mi sueño e ir al colegio”. Hamady tiene 16 años, es senegalés y partió desde Marruecos para ayudar a su padre, su madre y sus dos hermanos. “Vine por mi futuro”, subraya. La primera parte de su aspiración aún es imposible de realizar. Sin embargo, la segunda se mantiene a la espera. Llegó en agosto, pero es diciembre y aún no le han realizado las pruebas que determinarían que es menor de edad y que puede empezar a ir al colegio. Sus palabras y su tono de voz reflejan un cierto desánimo. Y aunque recibe clases de español en el centro en el que vive, reconoce que “no es lo mismo que ir al colegio”. 

A lo largo de 2020 han llegado por vía marítima a la provincia de Las Palmas más de 1.200 posibles menores de edad (más de 2.000 en toda Canarias). Para saber si poseen esta categoría y por lo tanto si tienen acceso a todos los derechos que corresponden a la infancia, deben pasar por varias pruebas que este año, con una imprevista pandemia y con un incremento en el número de embarcaciones procedentes de África, se han atascado en los diversos órganos que las gestionan. De hecho, la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, señala que aún le quedan más de 500 expedientes de determinación de la edad por resolver y que hasta hace unas semanas ha estado con el análisis de informes de febrero y marzo. Y es que ese año ha abierto más de 1.200 expedientes, en contraposición a los 360 del año 2019. El ‘tapón’ en la realización de las pruebas óseas en el hospital de referencia, el Insular de Gran Canaria, ralentiza la resolución de los casos.

El retraso en la determinación de la edad impide que estos jóvenes puedan comenzar lo antes posible su fase de integración en la sociedad de acogida. La espera de meses que sufren muchos menores impide que chicos como Hamady hayan comenzado el curso escolar con normalidad, un recurso que les permite acercarse de manera más eficaz al idioma que los acompañará en su futuro más próximo. “Uno de los obstáculos que tienen ellos es que no hablan español. Y lo que necesitan es estar lo antes posible en una clase para poder ir estudiando”, explica Mame Cheikh, el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC). 

La causa más visible de esta falta de escolarización es la limitación idiomática. Sin embargo, esta demora tiene otras consecuencias que entran dentro del ámbito más relacional y de integración del menor que ha llegado solo a Canarias. Cheikh señala la importancia de que estos chicos puedan ir a un centro donde pongan en práctica el español con sus compañeros y amigos: “Al final la integración no es solo aprender español, sino también crear redes de amistad. Esto acelera también el tema del habla y de los conocimientos sobre la cultura”. Aunque lamenta que este retraso afecta al menor, al mismo tiempo celebra que a pesar de todo suelen recuperar el tiempo perdido. “Ellos son unos supervivientes, aunque tarden, van a intentar adaptarse a la situación”, sentencia. 

Además, mientras no se confirmen sus edades, estos jóvenes no puede tener asignado un médico de cabecera, ni obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero, ni empadronarse, ni solicitar su pasaporte. “Sin documento oficial, no puede hacer absolutamente nada. Están parados”, sostiene Cheikh. 

El protocolo de determinación de la edad comienza en la filiación que hace la Policía Nacional en los puertos donde desembarcan las personas migrantes. En estos casos, si la persona manifiesta tener menos de 18 años o el agente considera que por su apariencia física podría ser menor, pasa a un centro de primera acogida y se pone en comunicación de la Fiscalía de Extranjería, donde se abre expediente. Para determinar la edad de un posible menor, la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, solicita dos pruebas: una radiografía de la muñeca y otra de la dentadura. Ambas se hacen en el centro de referencia, el Hospital Insular, y siguiendo un protocolo. 

García explica que durante el confinamiento la realización de este tipo de pruebas estuvo suspendida y que una vez reactivada la normalidad de los hospitales, para la radiografía de la muñeca pueden ir de cinco en cinco jóvenes y para la dental solo tres personas durante el día, ya que la máquina necesita de una limpieza especial. Además, subraya que estos aparatos son los mismos que para el resto de la población. “Esto hace que se retrase mucho practicar esas pruebas básicas”, señala la fiscal. Una vez efectuadas, el protocolo marca que dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) deben evaluar las pruebas médicas y al chico al mismo tiempo. A continuación, estos dos profesionales emiten un informe médico forense con el resultado con el que la fiscal pueda resolver el expediente. “Ya veíamos el pico de retraso desde finales del año pasado, no es solo una cuestión de la pandemia, es verdad que ahora están más desbordados porque han llegado muchísimos más”, indica García. 

Sin embargo, desde el IML aseguran que tal desbordamiento no existe. Su directora, María José Meilán, asegura que una vez finalizado el confinamiento había muchos menores que no habían sido valorados presencialmente porque no tenían las pruebas radiológicas y que, una vez restablecida la actividad de los hospitales, los chicos recibieron sus citas en el IML. Además, desde hace dos meses han incrementado el número de médicos forenses pasando de tres a seis especialistas. Luis Piernavieja, el coordinador nacional de la sección sindical de Justicia de Intersindical Canaria, también coincide con esta versión y reconoce que aunque hay mucho trabajo, no existe colapso. “La cita se suele dar entre tres y cuatro días después desde que la Fiscalía la solicita”, sostiene. Además, detalla que entre un 95 y un 99% de los casos, el resultado se da de forma inmediata y que el IML está recibiendo cada semana entre 15 y 20 menores. 

Un método cuestionado

Aunque los informes médico forenses del IML reflejen que el resultado puede tener un margen de error con un horquilla de dos años en ambos sentidos, tal y como asegura su directora, este método de determinación de la edad es cuestionado por diversas organizaciones e incuso por el Defensor del Pueblo debido a que sus resultados no suponen una certeza absoluta. En su informe ¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad, el alto comisionado de las Cortes Generales indica que “los métodos radiológicos pueden decir fácilmente si una persona ha alcanzado la madurez ósea o dental, lo que puede ocurrir normalmente antes de los 18 años”. De hecho, el mismo documento detalla un aspecto en relación a la radiografía de la muñeca, la región del cuerpo más estudiada para el diagnóstico de la edad: el atlas que se usa de forma habitual y que contiene las radiografías estándar desde las cuales se hacen las estimaciones se basó en una muestra de niños de origen norteamericano de clase media-alta en los años 60. 

El mismo informe destaca que en algunos países como Reino Unido, ya “existe una abrumadora oposición profesional al uso de las radiografías, partiendo de la base de que son inexactas, no están pensadas para ese propósito y son poco éticas”. De manera casi similar se expresa también Save the Children en su documento Los más solos, donde se apunta a que estas pruebas son “invasivas y perjudiciales para salud”. Por eso, tanto el Defensor del Pueblo como la ONG recomiendan avanzar hacia un método con un enfoque holístico que involucre a trabajadores sociales, educadores, pediatras y psicólogos especializados. 

“Desde Save the children no confiamos en las pruebas oseométricas para determinar la edad y consideramos que los trámites deberían realizarse a través de los consulados y las embajadas de los países de origen y, en el caso de que eso no sea posible, pues ya realizar la determinación de la edad por un método multidisciplinar y holístico”, destaca la experta en infancia migrante de la organización, Jennifer Zuppiroli. Por su parte Mame Cheikh aspira a que el enfoque también se despoje de la desconfianza que genera de entrada la palabra de la persona migrante: “Lo primero que hay que hacer es confiar en el menor” y reforzar la colaboración entre los países para que los menores puedan tener su pasaporte de la manera más rápida posible.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por su parte, no ha respondido a las cuestiones planteadas por este medio sobre la ralentización de las pruebas óseas en el Hospital Insular.