Mientras las costas de Lanzarote acumulan naufragios y muertes de migrantes, un radar para localizar pateras lleva siete años guardado. El Gobierno de Mariano Rajoy gastó en 2015 seis millones de euros para comprar este Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) con el objetivo de instalarlo en el norte de la isla y acabar con el punto ciego que impide que los equipos de salvamento sean alertados de la llegada de embarcaciones. Hace unos meses, el Ministerio del Interior comenzó las obras en el Mirador de Guinate, en el municipio de Haría. Desde entonces se han sucedido las protestas en este enclave, con vistas privilegiadas de La Graciosa. Según los lanzaroteños, instalar un radar en este punto es un “atentado” contra el patrimonio.
El alcalde accidental, Víctor Robayna, asegura que el ayuntamiento ha pedido al Gobierno de España que paralice la obra. “Para nosotros este lugar es un balcón natural, un espacio emblemático que no es tan turístico como el Mirador del Río, y queremos que eso se respete”, apunta. En cuanto a los permisos para realizar la obra en Guinate, el alcalde matiza que la declaración de emergencia por presión migratoria que existe sobre Canarias desde hace dos años permite a Interior saltarse el paso de solicitar autorización. Preguntado por esta redacción, el Ministerio ha rechazado ofrecer detalles sobre el sistema SIVE “al tratarse de una infraestructura de seguridad del Estado”.
Robayna ha explicado a ahora.plus que el departamento de Fernando Grande-Marlaska le ha dado un mes de plazo para plantear un lugar alternativo al Mirador de Guinate. Así, los propietarios de un terreno que está a 50 metros de este mirador han cedido sin coste adicional su suelo a Haría, para que el ayuntamiento lo ceda a Interior. Se trata de un espacio en el que el SIVE podía encajarse en una pared de piedra y “mimetizarse con el entorno”, valora el alcalde.
Mientras tanto, y hasta que esta propuesta sea aceptada por el Gobierno de España, cada domingo se seguirán convocando manifestaciones en Lanzarote. Yone Caraballo, miembro de Nueva Canarias, ha participado en estas protestas. “Ese mirador es nuestro. Allí iba yo de pequeño con mis padres. Tienen que preguntar a los lanzaroteños y no a alguien de Madrid para instalarlo. A mí me choca ver las obras de ese aparato y La Graciosa detrás. Es como si ponen el radar en Timanfaya”, defiende.
El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha registrado una pregunta en el Congreso con el fin de que Fernando Grande-Marlaska explique por qué ha optado por este lugar. Quevedo defiende la instalación del SIVE para evitar más tragedias y más muertes de personas migrantes, pero sostiene que situar la infraestructura en Guinate “por la vía de una aparente imposición” destruye los valores patrimoniales naturales, culturales y turísticos de Lanzarote.
Un radar que “hace falta”
Instalar un SIVE en Lanzarote “es necesario”, coinciden. Órzola registró en siete meses dos naufragios. En noviembre de 2020, vecinos y trabajadores de emergencias se lanzaron al mar en plena noche para rescatar los cuerpos de ocho migrantes de origen magrebí después de que su embarcación volcara. En junio, en el mismo lugar, perdieron la vida cuatro personas, entre ellas un menor. También este verano, tres personas murieron y otras ocho desaparecieron a 15 millas de la capital de Lanzarote, mientras intentaban llegar a la isla en una lancha neumática.
La ruta canaria ha cambiado de rumbo este 2021 y ha situado a Lanzarote y a Fuerteventura como los principales territorios de llegada. Lanzarote también es la isla donde más pateras o lanchas neumáticas llegan por sus propios medios. Este año, además, será “el peor” en cuanto a cifras de muertes en el mar, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el colectivo Caminando Fronteras. La OIM habla de 955 personas muertas o desaparecidas en su travesía hacia el Archipiélago, pero según el monitoreo del colectivo que fundó la activista Helena Maleno, la cifra se duplica.