Los otros modelos de acogida de Canarias para afrontar las consecuencias de la política migratoria del Gobierno de España y la UE

Un colectivo ciudadano que asiste, acompaña o acoge a migrantes en situación de calle, un ayuntamiento que cede un espacio en el que se ofrece una acogida integral, un municipio que baraja facilitar el padrón municipal para favorecer el tránsito hacia el continente o un alcalde que pide ayuda a otras instituciones locales para fomentar un modelo de solidaridad. Son algunas de las acciones o peticiones locales para afrontar las consecuencias de las políticas migratorias impuestas por el Gobierno de España siguiendo las directrices de la Unión Europea. Incluso el Gobierno regional reclama adquirir competencias en este asunto, como recoge el Estatuto de Autonomía; en especial, el apartado 3 del artículo 144 en el que se recoge que la administración autonómica participará “en las decisiones del Estado en materia migratoria con especial trascendencia para Canarias”.

Cáritas ha explicado que desde principios de año el número de personas que atiende en sus comedores sociales en Gran Canaria se ha multiplicado por la demanda de inmigrantes sin techo: “Hay días en los que se ha llegado a repartir 370 menús, cuando lo normal es que no se superen los 180”. Desde enero hasta abril de este año, la ONG asegura que ha atendido “a 1.100 personas migrantes”. Las administraciones locales preguntadas sobre la situación de las personas que duermen en la calle, cuya asistencia corresponde a los municipios, recalcan que las competencias en materia migratoria son del Gobierno central.

Para dar respuesta a esta situación y denunciar las dificultades para salir de las islas de los supervivientes a la ruta atlántica nació en febrero el colectivo Somos Red. Una de sus portavoces, Ana Vizcaíno, explica que la responsabilidad de atender a los migrantes en la calle ha recaído en los ciudadanos y reconoce que no sabe hasta cuándo podrán seguir. “Si se acaban las donaciones, no habría forma de llegar”. Con este fin el colectivo ha mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria o la Delegación del Gobierno en el Archipiélago.

La administración que representa al Ejecutivo central en las islas se ha mostrado dispuesta a cambiar levemente el sistema de acogida impuesto y explicó que estudiaría caso por caso las readmisiones en los centros de acogida de las personas que se encuentran en situación de calle. “A todos los inmigrantes les hemos ofrecidos espacios y atención humanitaria”, aseguran desde Delegación, y “los que son expulsados de los centros son los primeros candidatos a las repatriaciones”. Pero tras escuchar a las entidades “y en base a la preocupación suscitada, a pesar de no ser competencia del Estado porque son personas que han abandonado los recursos de acogida, estamos dispuestos a colaborar y estudiar los casos que se nos presenten”.

En Tenerife, por el contrario, el Ayuntamiento de La Laguna ha reclamado por unanimidad el cierre de los recintos de Las Canteras y Las Raíces, que entre ambos cuentan con casi 3.000 plazas. Se trata de los dos macrocampamentos con mayor capacidad de los seis puestos en funcionamiento en el Archipiélago. Como alternativa, el Consistorio ha reclamado la distribución de las personas en Península y el resto de la Unión Europea. Además, el alcalde Luis Yeray Gutiérrez ha enviado cartas al Cabildo y a otros municipios para que cedan espacios de acogida y se responsabilicen de la gestión de la realidad migratoria para descongestionar el municipio.

En este sentido, Vicente Zapata, director académico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, considera que no se deberían habilitar espacios con más de 1.500 plazas concentrados en un solo municipio: “Los centros tienen que ser asumibles y estar ubicados en zonas donde la población local pueda desempeñar un papel positivo e importante”, porque “no es un modelo para el asentamiento, sino para el tránsito migratorio”. A su juicio, este debe ser diferente al actual, dialogado“, en el que ”todos debemos ser corresponsables“. Porque ”tendremos que seguir gestionando esta afluencia y la permanencia más o menos temporal de estas personas en Canarias“.

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, municipio donde se ubican dos de los seis campamentos habilitados por el Gobierno central en el marco del denominado Plan Canarias, celebró un foro en el que participaron ONG y colectivos, además de otras instituciones, con el objetivo de debatir y consensuar respuestas locales a la realidad migratoria en la ciudad. Fruto de ese encuentro, se concluyó que facilitar la obtención del padrón municipal a migrantes les permitiría obtener más garantías para salir de la isla o acceder a asistencia sanitaria y ayudas sociales. También se puso sobre la mesa la reapertura de la fábrica de hielo, un inmueble que se habilitó para personas sin hogar durante el confinamiento, con el objetivo de ofrecer un espacio de aseo y alimentación. El Consistorio se comprometió a estudiar ambas vías.

Además de los espacios anunciados en noviembre por el Gobierno central para dar una respuesta a la realidad migratoria en las Islas, finalizados casi cuatro meses después, hay ayuntamientos que cedieron recursos propios. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, recordaba que durante la improvisada respuesta para gestionar el aumento del flujo en la ruta atlántica, se preguntó a los municipios si contaban con inmuebles disponibles. Pero “a veces nos encontramos con mucha incomprensión y muy poca colaboración de representantes locales”, señaló en el programa de Televisión Canaria Trópico Distópico del pasado 5 de mayo. “La solidaridad no es la misma” que hace 15 años, recordaba en el mismo episodio el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres: “En 2006 yo era alcalde de Arucas; entonces, una treintena de ayuntamientos cedimos espacios propios para acoger a menores no acompañados. Hoy apenas son unos pocos que caben en los dedos de una mano”.

Moya ha sido una de las excepciones. El alcalde, Raúl Afonso (PP), ofreció desde diciembre de 2019 un albergue que primero se habilitó para personas adultas y que se ha reconvertido en un recurso para menores. Y en un ejemplo de referencia en acogida e integración de forma integral. El propio alcalde ha recomendado a otras localidades con recursos que se sumen y cedan espacios. También en el municipio de Garafía, en La Palma, existe otro modelo de integración de personas migrantes. El alcalde, Yeray Rodríguez (PSOE), explica que en un albergue gestionado por Cruz Roja se atiende a una docena de personas desde septiembre de 2020, tras la llegada de una patera al puerto de Tazacorte. Asegura que desde el Consistorio “se ha ofrecido toda la ayuda que ha pedido” la ONG. Y “se han integrado bien”, se “relacionan con la vecindad y hacen actividades, como jugar al fútbol cuando se puede”, añade.

“Entendemos que la existencia de espacios de coordinación, en los que participen las instituciones territoriales y las organizaciones más relevantes del ámbito migratorio, podría ser una buena medida que amplíe el alcance de la política migratoria desarrollada en Canarias”, explica el delegado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (CEAR), Juan Carlos Lorenzo. Para ello, considera “importante” la implicación de la administración autonómica y las locales en los procesos de toma de decisiones, “de una manera complementaria” a la labor estatal. 

En contraposición al modelo “fallido” de macrocampamentos, el delegado de CEAR en Canarias aboga por afrontar de una manera transversal y desde diferentes ópticas la realidad migratoria: por un lado, la del Gobierno central a la hora de desarrollar las políticas en materia de asilo y de acogida, y por otro, las de las administraciones isleñas, “con procesos o políticas de convivencia, de lucha contra el racismo y xenofobia”, además de “herramientas que faciliten la inclusión social y de integración”. Y expone el ejemplo de Moya. “El municipio ha realizado una labor de responsabilidad y valentía política. No solo como un lugar de acogida, sino también como un recinto integrado en lo comunitario. Cuando trabajamos con la comunidad, ya sea vía administración local o con la ciudadanía, los resultados son mucho más satisfactorios que cuando trabajamos de espaldas a ella”.

Derivaciones y repatriaciones

En cualquier caso, la principal demanda de instituciones locales y de diversos colectivos continúa siendo la reducción de los obstáculos en los traslados a la Península. “Es importante que los ayuntamientos estén presentes y se coordinen con las ONG y que se busque una situación digna para las personas que están en la calle, pero siempre teniendo presente que la responsabilidad de que estén en esa situación es del Estado, que es quien tiene la competencia específica para permitir o impedir que salgan de las islas”, señala Daniel Arencibia, abogado especializado en extranjería. 

Fue uno de los letrados que llevó el caso de un marroquí al que la Policía Nacional impidió en diciembre desplazarse a la Península al no tener visado. En abril de este año, el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria concluyó que un pasaporte o la solicitud de asilo son documentos suficientes para que pudiera viajar, siempre que cumpla con las restricciones sanitarias.

Durante el año pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, invocaba el “efecto llamada” para descartar los desplazamientos. Fruto de esta política, se generaron situaciones de calle por expulsiones o abandono voluntario de espacios de acogida, además de protestas en campamentos, que en algunos casos han adolecido de escasez de comida o han presentado carencias para generar agua caliente suficiente. A pesar de que la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, afirmó en enero que el Gobierno de España tiene la última palabra sobre los desplazamientos de migrantes en su territorio, Marlaska defendía que las políticas migratorias son competencia del conjunto del continente.

“Trasladar personas desde Canarias a Península, si es necesario, es responsabilidad de las autoridades españolas. Y ellas deben decidir cuándo es buena idea y cuándo no. Estamos prestando ayuda a las autoridades españolas y canarias para gestionar la situación, pero nosotros no decidimos cuando se trasladan y cuando no”, explicó el portavoz de Migración de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz, en el capitulo denominado Invasión de Trópico Distópico, emitido en Televisión Canaria. 

En este sentido, las decisiones estatales han estado marcadas por las consecuencias de la gestión europea de la denominada crisis de refugiados de 2015. En mayo de ese año, se propuso un sistema de cuotas obligatorio, un procedimiento usado para, por ejemplo, limitar las capturas de diferentes especies de atunes y proteger su conservación, con la idea de repartir la acogida entre los estados miembros. Pero muchos países regatearon la cantidad o directamente se negaron; de hecho, España fue uno de los Estados que más incumplió su cuota. Y en 2020 Bruselas propuso solidaridad a la carta, es decir, los territorios fronterizos asumirían la acogida y el resto podría elegir si contribuye con los gastos en países como España, Grecia o Italia o, en cambio, decide ayudar con las repatriaciones.

A pesar de todo ello, los traslados han aumentado durante 2021 respecto al año pasado. Desde 2020 hasta abril de este año, han llegado a través de la ruta atlántica a las islas más de 27.000 personas y, según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, de junio de 2020 hasta el 23 del mes pasado, han sido derivadas a plazas del programa de atención humanitaria en otras autonomías un total de 6.553 migrantes (4.385 en 2021). A ellos se suman los que han conseguido viajar por su cuenta. Estas últimas salidas “son muy aleatorias, cuenta Ana Vizcaíno, quien ha acompañado a varias personas al aeropuerto. ”Si lo consiguen es porque hay voluntarios que intentan forzar la situación para que ocurra. Los que van solos lo tienen más difícil. No hay un consenso muy claro y es una lotería“. Además, el cuello de botella ahora se ha trasladado a las comisarías de la Policía Nacional donde se tramita la solicitud de asilo, un documento imprescindible para salir si se carece de pasaporte. 

Por otro lado, un total de 662 personas han sido devueltas a sus países de origen desde el Archipiélago con datos comprendidos entre el año pasado hasta febrero de 2021, según una respuesta del Gobierno de España a una pregunta del Grupo Popular. “Nuestro sistema de repatriación no es lo suficientemente bueno”, reconoció el portavoz de Migración de la Comisión Europea. Marruecos ha suspendido las deportaciones desde el pasado 30 de marzo, cuando decretó el cierre del espacio aéreo con España y Francia. Y Senegal no llegó a comprometerse con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a recibir vuelos de repatriación. A pesar de ello, el Ministerio del Interior ha explicado a este periódico que “los acuerdos sobre devoluciones no están sometidos a momentos puntuales” y “son muchas veces acuerdos bilaterales que se firmaron hace décadas y que no han sido desactivados ni han perdido su vigencia”.

Y en Canarias, los seis recintos para albergar migrantes en el marco del plan estatal cuentan con alrededor de 7.000 plazas. Además, las islas suman otras 428 enmarcadas en el programa de atención humanitaria, que está destinado a aquellas personas en “situación de vulnerabilidad”, con una ocupación del 80%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este sistema incluye espacios repartidos por todo el Estado español y a 9 de abril de 2021, sin contar los del Archipiélago, hay 2.703 libres. Ello, sin sumar aquellas de gestión compartida ni de emergencia, donde se presta una atención “puntual” y con plazas que se han ido habilitando de forma improvisada en función de la llegada de personas. Lo que no contabiliza el Gobierno central es la cantidad de personas migrantes que se encuentran en la calle porque han abandonado los recursos o porque han sido expulsados.

*Gráficos: Toni Ferrera.